Pedro Sánchez no vive sus mejores momentos desde que llegó a la Moncloa. Aunque pudiera parecer que lo malo ya pasó, que las consecuencias de la pandemia y que las críticas a una gestión cuanto menos cuestionable ya eran cosa del pasado, ha llegado el Tribunal Constitucional y ha declarado que el confinamiento fue inconstitucional. Una victoria para la extrema derecha negacionista de la pandemia, una derrota en toda regla para Sánchez.
Con un presidente democrático sin ínfulas de estadista, lo normal hubiera sido que Sánchez ya estuviera en el Palacio de la Zarzuela presentando su dimisión irrevocable al Jefe del Estado. Sin embargo, que nadie espere que esto ocurra, porque el actual presidente se aferrará a su trono y a su colchón en Moncloa con lo que sea, con quien sea y a costa de lo que sea, incluso prescindiendo de quienes le fueron siempre leales.
La sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el confinamiento de la ciudadanía tendrá graves consecuencias para el nuevo Ejecutivo de Sánchez, sobre todo si se tiene en cuenta que, supuestamente, se trata de un gobierno progresista y de izquierdas que, ideológicamente, está obligado a defender los derechos fundamentales de la ciudadanía y, en base a la sentencia del Constitucional, dichos derechos fueron conculcados por el confinamiento.
El confinamiento fue una medida necesaria, casi obligatoria. De eso, nadie tiene duda, salvo los negacionistas de la extrema derecha o Miguel Bosé. El problema de que Sánchez adoptara la decisión de declararlo, en lugar de los otros estados señalados por la Constitución, no está en la necesidad o la efectividad, que era la más lógica teniendo en cuenta que morían miles de personas cada día en los momentos más duros de la pandemia.
Más bien se produjo cierta precipitación por la urgencia de adoptar medidas. ¿Qué trabajo le hubiera costado a Sánchez realizar una consulta de urgencia al Constitucional? Ante el momento de crisis social, sanitaria y vital que se estaba viviendo en marzo de 2020 los magistrados se hubieran reunido de urgencia y habrían redactado un dictamen. Eso hubiera sido lo lógico.
A Sánchez habría que recordarle, por ejemplo, cómo el gobierno de Adolfo Suárez, cuando tuvo que tomar una decisión que podría provocar una nueva guerra civil, como fue la legalización del Partido Comunista, recurrió a la Fiscalía para garantizarse el éxito legal de una decisión tan importante, peligrosa y trascendental.
Sin embargo, Sánchez sólo solicitó informes a la Abogacía del Estado, sin contar con el asesoramiento de los constitucionalistas, el mismo organismo que, por cierto, parece más dedicado a defender los intereses de los bancos ante los tribunales europeos que los del pueblo.
Los derechos fundamentales de la ciudadanía estaban a punto de ser limitados y al presidente no se le ocurrió que lo lógico era recurrir al Tribunal que decide sobre la vulneración de la Constitución. La urgencia de la decisión no justifica tamaño error, además de que deja aún más en duda la capacidad de liderar cualquier crisis.
Lucha de juristas
Más allá de la gravedad de la decisión del Constitucional, se ha vuelto a desarrollar una lucha de interpretaciones jurídicas. La lucha se ha desarrollado en si Sánchez hubiera tenido que decretar el estado de alarma o el de excepción que, finalmente, ha sido el que se ha impuesto.
Aquellos que han defendido que la posición del gobierno fue correcta, alegaron que si el estado de alarma restringía derechos, el de excepción lo hacía mucho más y con menos controles.
Sin embargo, finalmente se han impuesto los votos favorables a los argumentos de la extrema derecha, apoyados, sorprendentemente, por la vicepresidenta del Constitucional, Encarnación Roca, una mujer elegida por el Congreso de los Diputados a propuesta del PSOE, quien, además, ha denunciado haber recibido presiones en los últimos días. ¿Primera consecuencia de las últimas decisiones de Sánchez? Dejar demasiados muertos en las cunetas siempre tiene consecuencias.