En España conviven elecciones libres con instituciones frágiles: parlamentos sin capacidad real de control, la Justicia sometida al poder ejecutivo o a los poderes económicos y libertades civiles que se erosionan bajo leyes de seguridad nacional. Este tipo de “democracias incompletas” combina un aspecto electoral con gravísimos déficits en el Estado de derecho y en la protección de derechos fundamentales, lo que crea un terreno abonado para que fuerzas de extrema derecha crezcan y minen aún más la calidad democrática.
Cuando los controles y equilibrios (la separación efectiva de poderes y la independencia judicial real) son meramente formales, la extrema derecha encuentra canales para presionar al Estado sin temor a sanciones. En Hungría, Viktor Orbán redefinió el sistema legal para nombrar magistrados afines y restringir la libertad de prensa, todo bajo un barniz de la legitimidad electoral que lo mantiene en el poder desde 2010. En Rumanía, la debilidad de los tribunales para investigar la injerencia extranjera en las elecciones llevó a la repetición de los comicios tras acusaciones de manipulación digital, lo cual radicalizó y movilizó aún más al electorado ultraderechista, según indicaron analistas locales.
Polarización y vacío de representación
En las democracias incompletas, la incapacidad de los partidos tradicionales para ofrecer respuesta a demandas básicas (empleo, servicios públicos, lucha contra la corrupción) alimenta el desencanto ciudadano. Ese vacío de representación se traduce en un fuerte “voto de castigo” que beneficia a candidaturas extremistas. En Rumanía, el politólogo Claudiu Tufiş atribuye el auge de George Simion y su partido AUR a un malestar social intenso y a la percepción de que la élite poscomunista sigue controlando la economía y la política sin rendir cuentas. Esta dinámica se repite en Polonia, Argentina, Estados Unidos y Brasil, donde protestas por servicios deficientes y escándalos de corrupción catapultaron a la ultraderecha como alternativa “antisistema” frente a partidos desgastados.
En España, el fracaso de los últimos gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para sofocar el incendio del descontento por la pérdida de la prosperidad de las familias derivada de las diferentes crisis globales concatenadas, es leña seca para Santiago Abascal y Alvise Pérez.
Desinformación digital
La extrema derecha ha perfeccionado el uso de redes sociales y tecnologías digitales para difundir narrativas conspirativas, exagerar amenazas migratorias y erosionar la confianza en los medios tradicionales. Un estudio reciente de la North Carolina University sobre la radicalización de la juventud española muestra que los grupos ultraderechistas emplean bots y contenido viral para segmentar audiencias vulnerables, aprovechando que en muchos países las leyes de regulación de plataformas son débiles o de aplicación tardía. En Rumanía, la polarización digital fue tan intensa que incluso la vicepresidencia de Estados Unidos llegó a cuestionar la solidez de aquella democracia cuando los tribunales anularon unas presidenciales por injerencia rusa dinámica que Simion usó para presentarse como víctima de un “golpe antidemocrático”.
Financiación opaca
En democracias con controles financieros laxos, los movimientos de extrema derecha reciben donaciones de empresarios que buscan beneficios regulatorios o contratos públicos. Así se puede ver en cómo los donantes multimillonarios de Donald Trump están consiguiendo medidas a su favor. En Europa del Este, ex altos cargos del antiguo régimen comunista reconvirtieron su influencia en redes oligárquicas que financian a partidos nacionalistas, garantizando impunidad frente a posibles investigaciones. De forma similar, en Brasil se documentó cómo fondos empresariales respaldaron campañas de desinformación y movilización de “milicias digitales” durante la última campaña presidencial, aprovechando vacíos en la legislación electoral sobre gasto en redes sociales.
El avance de la extrema derecha en sistemas incompletos erosiona las garantías de minorías, fomenta leyes de excepción y debilita el pluralismo. En Hungría, la versión iliberal de democracia ha restringido el derecho de asociación y la libertad académica, al tiempo que criminaliza la ayuda a refugiados. En Rumanía, la normalización de discursos xenófobos y negacionistas (incluido el revisionismo del Holocausto) amenaza la convivencia y alimenta la violencia callejera, como ocurrió en varias manifestaciones recientes que quedaron impunes.
Los errores de la Transición española, gasolina para Abascal y Alvise
Bajo la fachada pacífica que suele atribuirse a la Transición, se escondieron decisiones que han lastrado durante décadas la calidad de la democracia española. El primer gran error fue el llamado “pacto del olvido”, materializado en la Ley de Amnistía de 1977, que borró de un plumazo cualquier investigación o enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Aunque aquel silencio buscaba allanar el camino al consenso, convirtió en intocables a quienes habían ordenado torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, y condenó al olvido a sus víctimas y a sus familias, que jamás obtuvieron reconocimiento ni reparación.
Al mismo tiempo, la renovación de las instituciones quedó lastrada por la continuidad de las viejas élites. Muchos de los magistrados que habían servido al Tribunal de Orden Público (el órgano franquista encargado de reprimir el “delito político”) pasaron sin sanción alguna al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional. Al menos diez de los dieciséis jueces titulares del antiguo TOP fueron ascendidos en la nueva etapa democrática, consolidando redes de poder sin depuración ni rendición de cuentas.
Esa impunidad entró también en las comisarías. Lejos de la imagen de una España que despertaba sin violencia, entre noviembre de 1975 y diciembre de 1982 al menos 134 personas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad, según muestran los estudios del historiador David Ballester. Aquellos cuerpos fallecidos durante manifestaciones, controles de carretera o detenciones arbitrarias fueron enterrados en el silencio oficial y quedaron fuera de cualquier proceso de memoria o justicia.
En el plano territorial, la Constitución de 1978 abrió la puerta a las autonomías, pero lo hizo sin corregir desequilibrios históricos ni ofrecer un reparto de competencias homogéneo. Mientras Cataluña y el País Vasco obtuvieron amplias transferencias, otras regiones quedaron con un autogobierno residual que hoy alimenta resentimientos y reclama revisiones que jamás se acometieron en los ochenta.
La transición económica y social también quedó a medio camino. Aunque el PIB creció, la reforma fiscal nunca afrontó en profundidad la concentración de la riqueza, y el latifundio andaluz siguió vigente sin modernizarse, perpetuando la precariedad de amplios colectivos rurales. El paro, especialmente juvenil, se ha mantenido en niveles altos, y la industria española aún no se ha adaptado a la competencia internacional, lo que ha empobrecido a muchas comarcas justo cuando se aspiraba a un “milagro democrático”.
Solo décadas después emergió con fuerza el reclamo de memoria histórica. La Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica han tratado de rescatar del olvido a los desaparecidos y fosas comunes, pero la gran asignatura pendiente sigue siendo derogar la amnistía de 1977 y establecer mecanismos efectivos de verdad, justicia y reparación. Hasta la fecha, miles de víctimas del franquismo y de la violencia de la transición aguardan una respuesta que el sistema legal español no les ha dado.
Aquella Transición logró evitar un estallido violento y sentar las bases de la democracia, pero lo hizo a costa de pactar con la impunidad, preservar estructuras autoritarias y posponer reformas sociales y territoriales. El saldo que deja, no sólo los errores del pasado sino la falta de iniciativa para acometer las reformas que quedaron pendientes, es una democracia “enferma de olvido”, cuya sanación exige hoy afrontar sin temor los errores de entonces: depurar responsabilidades, rescatar la memoria de las víctimas y culminar las reformas que se quedaron a medias. Solo así podrá España fortalecer los cimientos de un futuro democrático pleno porque en España siguen gobernando élites que no han sido elegidas por el pueblo y los gobernantes han demostrado su inoperancia a la hora de resolver los problemas reales de la ciudadanía. Es decir, toda la gasolina para la extrema derecha.