Con la noticia de que la Audiencia Nacional archivará las causas abiertas contra Juan Carlos I, he querido hacer un repaso sobre el tema de su Inviolabilidad como jefe de estado. Esta decisión de la audiencia nacional y la norma que lo protege le puede permitir su retorno a España según los últimos rumores.
Cómo podrá imaginarse el lector, pregunto por la lógica del hecho, no cuestiono su legalidad, puesto que esta está recogida en la constitución española (Título II de la Corona, artículo 56.3) que dice textualmente: La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a ninguna responsabilidad. Sus actos serán confirmados en la forma establecida en el artículo 64, sin esto no tendrán validez, exceptuando lo que está dispuesto en el artículo 65.2 (casa real y privacidad).
Según el artículo 56 1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen la Constitución y las leyes. A causa del trabajo que tiene encomendado, ¿a santo de qué necesita tener inviolabilidad?
La monarquía se va reinstauró por la voluntad de un dictador, la transición a la democracia se hizo en momentos muy difíciles, con el franquismo bastante vivo y el ejercido expectante, quizás por ello de la constitución que se estableció surgió de un pacto que, a estas alturas encontramos extraño, desfasado y ilógico a todas luces.
Los escándalos protagonizado por Juan Carlos I han sido silenciados por los medios de comunicación hasta no hace mucho tiempo, mujeres, amantes, cacerías de elefantes, demandas de supuestos hijos, venta de armas, comisiones, fiscalidad, fortuna personal, etc., han ido saliendo a la luz hacia el final de su reinado, pero la inviolabilidad impidió cualquier acción por parte de la justicia española.
También nos ha quedado una duda razonable sin aclarar, sobre la actuación del rey emérito en el desarrollo anterior y posterior del golpe de estado del 23-F. Se nos presentó como su salvador y resulta difícil entender las declaraciones que Sabino Fernández Campo le hizo a Ignacio Anasagasti.
El representante de Bildu en el senado propuso eliminar el aforo a los políticos y la inviolabilidad del jefe de estado. No prosperó, como tampoco ha prosperado ahora la creación de una comisión de investigación a Juan Carlos I (ha sido denegada 14 veces) que, a pesar de ser rey emérito, tiene un aforo que le permite un trato especial de la justicia española.
Ahora se vuelve a hablar del AVE a la Meca y los 100 millones $ que habría recibido del gobierno de Arabia Saudí como regalo y/o comisión. Lo sabíamos por las declaraciones de Corinna, recogidas por Villarejo, pero la fiscalía archivó el caso. Es Suiza la que ahora está investigando el caso y la justicia española se ve obligada a colaborar.
Don Juan de Borbón, al morir, dejó una herencia de 1.100 millones de pesetas que también estaban en el país helvético. Si repasamos la historia de los Borbones, la mayoría tenían dinero en el extranjero y se consideraba normal. ¿Es lógico que fuera así? ¿No confiaban en la banca y la economía del país en el cual reinaban?
¿Cómo se califica en derecho a quien encubre a quién ha cometido un delito? ¿Cómo es que se niegan determinados partidos políticos a investigar lo que está en boca de todos? ¿No fue el mismo rey el que en sus discursos de Navidad hablaba de ética y comportamiento de los responsables políticos y decía que la justicia era igual para todos?
¿Qué piensan los integrantes y votantes de los partidos que ahora niegan la formación de una comisión de investigación? ¿Es España una democracia plena o hay quién tiene el derecho de estar al margen de la ley, con el beneplácito de PP, Vox, PSOE y Cs?
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Dónde es la transparencia a la cual tenemos derecho todos los ciudadanos? ¿Una persona que no ha sido votada ni elegida por el pueblo, tiene el derecho a ser inviolable según la constitución? Quiero recordar que Juan Carlos I no juró ni prometió nunca la carta magna que es, por ironías del destino, la norma que lo ha protegido y, por lo que se ve, lo continuará protegiendo.