El verano de 2025 pasará a la historia como uno de los más devastadores que ha sufrido España. Más de 400.000 hectáreas han sido devoradas por el fuego solo en agosto, según Copernicus, una cifra que convierte la temporada en la peor desde 1994. El coste económico resulta igualmente dantesco: entre 500 y 1.000 millones de euros se han gastado en extinción, la restauración ambiental exigirá otros miles de millones y la Comisión Europea advierte de un impacto global equivalente al 4,5% del PIB español, unos 71.600 millones de euros.
Pero las llamas no solo han devorado bosques, cultivos y pueblos. También han prendido con fuerza en la arena política. Lejos de convertirse en una emergencia nacional capaz de unir a Gobierno y oposición, los incendios han servido de gasolina para la guerra partidista.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trata de capitalizar la tragedia con la presentación de un plan de 50 medidas que mezcla endurecimiento penal, reforzamiento de medios y apoyo al mundo rural. Su discurso se centró en culpar al Ejecutivo de Pedro Sánchez por falta de previsión y por no impulsar una estrategia nacional a la altura del desafío. La propuesta llegó acompañada de un relato que asocia directamente la devastación forestal con el abandono rural y con la “improvisación” de un Gobierno supuestamente más preocupado por su supervivencia política que por las necesidades de la España interior.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, respondió con dureza acusando a las comunidades gobernadas por el PP de incumplir sus obligaciones de prevención. Robles defendió la actuación de la Unidad Militar de Emergencias como símbolo del compromiso estatal, pero no dudó en señalar la “desinversión autonómica” en materia forestal y la negligencia en la gestión de los montes. El resultado, un cruce de reproches en el que las víctimas (pueblos arrasados, agricultores y ganaderos que lo han perdido todo, brigadistas exhaustos) quedan relegadas a un segundo plano.
La escena política ha convertido una catástrofe ambiental en una nueva excusa para el enfrentamiento. Mientras el fuego arrasaba la provincia de Cáceres o devastaba decenas de miles de hectáreas en Ourense y Zamora, la clase dirigente optaba por disputarse el relato en lugar de articular un plan de Estado. Ningún partido ha asumido una autocrítica seria: el PP evita hablar de los recortes en prevención y cuidado del monte durante años de gobiernos autonómicos conservadores; el PSOE se parapeta en los logros de la UME y en el discurso climático global, sin reconocer el desplome del 52% en inversión pública en prevención desde 2009.
La realidad es que España se enfrenta a incendios cada vez más extremos por efecto del cambio climático, pero lo hace con medios precarios, brigadas temporales y una política forestal que se activa solo cuando el humo cubre los titulares. Los expertos son muy claros: cada euro invertido en prevención ahorra cien en extinción. Sin embargo, año tras año, el gasto se concentra en apagar fuegos y no en evitar que comiencen. Tal y como señalamos en un anterior análisis, para los políticos es más rentable la imagen de un helicóptero sobre las llamas que un ejército de cabras limpiando el monte.
El país quema hectáreas, recursos y vidas. Y mientras tanto, sus líderes políticos convierten el desastre en una contienda electoral. España tiene, de momento, un incendio político que no se apaga ni con toda el agua de la UME.