Se estima que la economía sumergida española oscila entre los 230.000 y los 240.000 millones. En 2021 era del 16,9% del PIB, frente al 14% de media ponderada de la UE, mientras que en marzo de este año el escudo anticrisis redujo el porcentaje hasta el 15,8%, un 1,5% por debajo de la media de la UE. Se trata de la mayor diferencia en los 20 años en los que se efectúan los registros.
No obstante, el peso de la economía sumergida en nuestro país sigue siendo demasiado grande. Tanto que algunos economistas llegan a asegurar que, de no ser por este sector oculto (casi una empresa nacional), la crisis en nuestro país se dispararía, alcanzando cotas insostenibles. En su discurso de investidura, Pedro Sánchez anunció una batería de medidas económicas como reformar la fiscalidad, establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y combatir la economía sumergida. ¿Qué fue de aquel anuncio? Ha habido medidas esporádicas, pero falta un plan integral contra la economía sumergida que permita hacer aflorar bolsas de pobreza, luchar contra el fraude y que el Estado pueda recaudar mucho más en impuestos para el sostenimiento del Estado de bienestar. Lógicamente, ese plan necesitaría de un incremento notable en la plantilla de inspectores de Hacienda, un esfuerzo que no parece estar entre las prioridades del actual Gobierno.
Según datos del sindicato de funcionario de la Agencia Tributaria Gestha, el 28% de los españoles está dispuesto a trabajar cobrando en ‘B’. Para esta organización, la actividad laboral oculta podría suponer entre el 17,7 por ciento y el 18,1 por ciento del PIB español. Estaríamos hablando de entre 235.000 y 240.000 millones de euros circulando en la sombra. Además, advierten de que España es el país del Sur de Europa donde más ha aumentado el flujo de dinero fuera de los cauces oficiales.
España es el país de Europa donde más aumenta el flujo de dinero fuera de los cauces oficiales
Nos encontramos por tanto ante una epidemia endémica que ocasiona graves trastornos a la economía nacional. Las actuaciones para aflorar economía sumergida permitieron regularizar cuotas por 435 millones de euros, un 8,8 por ciento más, y se liquidaron 122 millones a contribuyentes que habían sido objeto de actuaciones de entrada y registro. Además, la Agencia Tributaria hizo más de 29.000 visitas presenciales a sectores y ámbitos de riesgo fiscal, de las que casi 9.800 correspondían al plan del IVA y casi 1.800 fueron complementarias a las macrooperaciones sectoriales. Son numerosas las causas que llevan a un trabajador a enrolarse en la economía sumergida en cualquiera de sus sectores: porque tienen un sueldo que necesitan completar (38% de los encuestados), porque las empresas no les dan otra opción (37%) o porque no quieren pagar impuestos, ya que los consideran desproporcionados. También hay un pequeño porcentaje (8%) que lo hace porque no quieren perder su prestación por desempleo.
Hacienda también destaca el efecto inducido de los avisos enviados a los contribuyentes para recordar la necesidad de declarar los alquileres (una de las grandes fuentes de economía sumergida de nuestro país), que según sus cálculos ha permitido aflorar 7.700 millones de base imponible en los seis últimos años y recaudar 933 millones. Las actuaciones del área de recaudación permitieron reducir la deuda pendiente a 40.421 millones, un 3,8% menos, de la que 15.864 millones era deuda voluntaria y el resto (24.558 millones), deuda ejecutiva.
La economía sumergida es toda actividad económica que escapa al control de Hacienda y al de la Agencia Tributaria. Como es lógico, esta actividad no contabiliza directamente en el PIB de un país. En enero de 2012, los técnicos del Ministerio de Hacienda calcularon que rebajando la tasa de fraude en 10 puntos el Estado recaudaría 38.000 millones de euros adicionales al año, más del doble de lo que prevé ahorrar el Gobierno de Mariano Rajoy con los recortes y la subida de impuestos aprobadas a finales de diciembre de 2011.
Según un informe de Funcas, centro de análisis o think tank dedicado a la investigación económica y social y a su divulgación, la medición del volumen de la economía sumergida no es tarea fácil ni está exenta de controversias metodológicas. Cuando se emplean los métodos utilizados habitualmente en la literatura económica para medir la economía sumergida en España, se encuentra que el volumen de la misma es considerable, alrededor del 21,5 por 100 del PIB en el período 2005-2008, con un coste recaudatorio del 7 por 100 del PIB y un número de empleos sumergidos de unos 4,3 millones. “Estos resultados no son sorprendentes si tenemos en cuenta que en España parece existir una cierta tolerancia hacia las actividades sumergidas. Sin embargo, no se debe caer en la tentación de considerar a la economía sumergida como una parte consustancial de nuestra vida económica. La economía sumergida es considerada por algunos como una válvula de escape en situaciones de recesión como las actuales, pero por la multiplicidad de distorsiones que genera (problemas de equidad, eficiencia, distorsión de la competencia, etc.), supone a largo plazo un duro lastre para la economía española”.