Con la gira del enviado personal del secretario general de la ONU, Staffan De Mistura a la región, después de haber sido vetado por Marruecos en julio pasado, los acontecimientos relacionados con el Sahara Occidental se aceleran, sobre todo ,tras la Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo de África (TICAD-8), que se celebró en la capital de Túnez los días 27 y 28 de agosto con la participación de más de veinte jefes de Estado y de Gobierno en representación de 48 países, entre ellos el presidente Brahim Gali en representación de la República Árabe Saharaui Democrática.
Marruecos intenta presionar a Túnez, como lo hizo con España, tras esgrimir su rechazo a la participación del presidente, Brahim Gali, en la Cumbre Japón UA para el Desarrollo de África. No es la primera vez que lo hace, Brahim Gali ha participado junto a Mohamed VI y su ministro de Asuntos Exteriores en otras Cumbres y reuniones entre la UA y la UE y UA Japón donde Marruecos participa al mismo nivel que la República Saharaui.
De esta forma Marruecos amplía su aislamiento al abrir un nuevo frente con Túnez después de Mauritania y Argelia, además de sus constantes provocaciones a los países de la UE para que sigan el ejemplo de Donald Trump al reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Con la nueva política impulsada por el régimen marroquí, Marruecos está ante el dilema de retirar sus embajadores y romper relaciones diplomáticas y comerciales con el resto de países o asumir una realidad incuestionable, su presencia en el Sahara Occidental es una ocupación ilegal. Reconocer a la RASD y el derecho inalienable del pueblo saharaui a la independencia evitaría una mayor escalada y una huida hacia adelante que convierte a Marruecos en un país al margen de la ley.
El posicionamiento de Donald Trump en 2020 apoyando el Plan de autonomía marroquí para el Sahara Occidental y el respaldo de Pedro Sánchez en 2022 al plan marroquí como solución habían dado un balón de oxígeno a la política anexionista de Marruecos provocando que Nasser Bourita, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos ,saque pecho para presionar a los países de la UE, entre ellos España para que legitimen su anexión del Sahara Occidental, especialmente tras las sentencias del TJUE que dejan claro que el Sahara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos.
La diplomacia marroquí no hace más que sufrir reveses, paralelo a la TICAD-8, el nuevo golpe fueron las declaraciones de Josep Borrell, Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que en declaraciones a TVE, aseguró que España y los Veintisiete países de la UE no han cambiado de posición y defienden “la realización de una consulta para que sea el pueblo saharaui quien decida cómo quiere que sea su futuro”
El ministro José Manuel Albares intentó reparar el daño reiterando la postura española de apoyo al plan de autonomía para el Sáhara, el 24 de agosto en los estudios de la Cadena SER en Madrid, donde recalco la validez de la declaración hispano-marroquí del 7 de abril, suscrita con motivo de la visita de Sánchez a Rabat, en la que "España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como "la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto" del Sáhara, sus palabras no calmaron las aguas revueltas en Marruecos que exige más “compromiso” al gobierno español. Para el régimen marroquí, tras el discurso del rey Mohamed VI el 20 de agosto, o estas de parte de la ocupación o estas del lado “enemigo”.
A pesar de las presiones que ejerce el régimen marroquí en sus reivindicaciones sobre la ex colonia española, los países se resisten a saltarse la legalidad internacional como lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez que ha ido más lejos en su apoyo a la anexión del Sahara Occidental. Ahora le toca a Túnez estar en el punto de mira del régimen marroquí. Marruecos ha roto sus relaciones diplomáticas con el gobierno de Túnez tras la participación de la RASD en la Cumbre TICAD- 8.
De esta forma, Marruecos se queda aislado en la zona del Norte de África tras su ruptura diplomática con Argelia y sus eternas controversias reivindicando la anexión de Mauritania. La ruptura de relaciones diplomáticas de Marruecos con Túnez esta misma semana ha subido la tensión en la región. España tampoco se libra del aislamiento tras el giro de Pedro Sánchez respecto al Sahara Occidental y se encuentra en la misma posición que Marruecos.
Mohamed VI quiere imponer al mundo, empezando por Francia, que siga el ejemplo de España y aclarar su posicionamiento y respaldar de forma clara la solución propugnada por su régimen, la anexión del Sahara, pero el presidente francés, Emmanuel Macron durante su visita a Argelia el 25 de agosto, ha reiterado su posición respetando el marco de las Naciones Unidas para la solución de la cuestión del Sahara Occidental.
Solo el gobierno español se doblega a los dictados del régimen marroquí en su batalla por la anexión del Sahara Occidental. Apoyando a Marruecos, España ha provocado una crisis con Argelia y con el pueblo saharaui perdiendo la credibilidad ante la Comunidad Internacional.
La cuestión del Sahara Occidental se ha convertido en una batalla político-económica, para el futuro de la ex colonia española, con grandes desafíos para los países de la región, pero en la que España y Marruecos deben resolver la cuestión del Sahara Occidental respetando la voluntad del pueblo saharaui sin buscar “atajos” ni inventar “formulas” que no encajan con el derecho internacional.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá en octubre próximo para renovar el mandato de la MINURSO tras la presentación del informe del enviado personal del secretario general de la ONU, Staffan De Mistura. Es una oportunidad para que Sánchez dé pasos para rectificar una política exterior errónea con respecto al Sahara Occidental.
Sánchez debe entender que saltarse la legalidad internacional no garantiza los intereses de España. El pueblo saharaui espera del gobierno de España que asuma sus responsabilidades en la descolonización de la ex Provincia 53. España debe asumir una política exterior basada en el respeto a la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos. España no puede ni debe seguir los dictados de la política de Marruecos, un país que ocupa de manera ilegal el Sahara Occidental y que basa su política en la violación constante del Derecho Internacional y de los derechos humanos.