Cada vez que la naturaleza golpea, la política se enciende. La DANA que azotó una parte de la provincia de Valencia y la actual ola de incendios en varias comunidades autónomas han reavivado un discurso creciente en la extrema derecha: culpar al Estado autonómico de la supuesta falta de coordinación y de la ineficacia en la respuesta a emergencias.
En los últimos días, dirigentes de formaciones ultraderechistas han utilizado las redes sociales y declaraciones públicas para denunciar lo que llaman “desgobierno autonómico”, presentando las catástrofes como prueba de que la descentralización territorial debilita la capacidad de reacción del país.
“No podemos seguir permitiendo 17 sistemas de protección civil diferentes”, es un mantra de Vox y de SALF que conmina a recentralizar competencias en materia de emergencias y protección medioambiental. “Cuando hay vidas en juego, debe mandar un solo mando”.
La DANA que descargó lluvias torrenciales sobre la Comunitat Valenciana dejó una devastación enorme. Mientras el Gobierno autonómico y el central activaban dispositivos de emergencia, las críticas de la ultraderecha se centraron en acusar a la Generalitat de “improvisación” y de no haber activado protocolos unificados con el resto del país, además de lanzar ataques contra el gobierno central por la tardanza de la ayuda. Además, aprovecharon la ola de solidaridad ciudadana para capitalizar políticamente la indignación al grito de “sólo el pueblo salva al pueblo”.
Expertos en protección civil consultados señalan que el modelo autonómico permite adaptar las medidas a las particularidades del territorio, pero reconocen que la coordinación interadministrativa necesita de una importante mejora cuando las competencias están fragmentadas.
La actual ola de incendios, que ha afectado con especial virulencia a zonas de Aragón, Extremadura, Castilla y León y Galicia, ha sido el otro gran catalizador del discurso recentralizador. Vox y otras voces ultraconservadoras han culpado a las comunidades autónomas de no invertir lo suficiente en prevención y de “subordinar” la gestión forestal a intereses políticos locales.
En contraste, organizaciones ecologistas y sindicatos de bomberos insisten en que el problema no es de modelo autonómico, sino de falta de recursos. Los recortes en medios de prevención y en brigadas forestales vienen de años atrás y en todos los niveles de la administración.
El Estado autonómico español contempla que cada comunidad tenga competencias propias en emergencias, protección civil y medio ambiente, pero bajo la coordinación del Gobierno central en situaciones de especial gravedad. La estrategia de la extrema derecha consiste en convertir episodios puntuales de descoordinación en una prueba “sistémica” de que el modelo no funciona.
Lo que buscan es asociar la descentralización con caos y desprotección, especialmente en contextos de crisis donde la ciudadanía es más receptiva a mensajes de orden y control centralizado.
La instrumentalización política de las catástrofes naturales se enmarca en una agenda más amplia contra el autogobierno regional, que incluye críticas al gasto público autonómico, la educación y la sanidad descentralizada. En este contexto, las tragedias naturales se convierten en un escaparate perfecto para cuestionar el modelo territorial sin entrar en debates jurídicos o históricos más complejos.