Ayer se celebró el sorteo de la Champions League, la mayor competición de clubes del mundo. El fútbol ha sido siempre más que un deporte. Es espectáculo, identidad y diplomacia popular. Pero en las últimas dos décadas se ha consolidado en algo distinto: el escenario perfecto para lo que los analistas llaman sportwashing, la estrategia mediante la cual regímenes autoritarios blanquean su imagen internacional a golpe de estadios, patrocinadores y estrellas millonarias.
El caso más paradigmático es el de Arabia Saudí. Lo que empezó con patrocinios discretos en camisetas y grandes torneos europeos se ha transformado en un proyecto integral: comprar clubes históricos, fichar a superestrellas en declive pero mediáticamente vigentes, e inyectar recursos sin límite en competiciones locales. El objetivo no es solo proyectar una imagen de modernidad y apertura, sino también desplazar la conversación internacional de derechos humanos a goles y victorias.
La fórmula saudí no es nueva. Qatar utilizó la misma estrategia con la Copa del Mundo de 2022, un evento que convirtió a un pequeño emirato del Golfo en epicentro del fútbol global. La inauguración de estadios futuristas y la exhibición de organización impecable sirvieron para proyectar prestigio internacional, aunque la sombra de los miles trabajadores migrantes muertos en la construcción, la corrupción en la FIFA y la censura política permaneció como contrapunto inevitable.
Rusia hizo lo propio en 2018, organizando un Mundial que momentáneamente maquilló la deriva autoritaria de Vladimir Putin. Los turistas hablaron de la hospitalidad rusa y de la seguridad en Moscú y San Petersburgo, mientras la represión política y las restricciones a la prensa quedaban fuera de plano.
Europa no es inmune. Los clubes de la Premier League (Manchester City, Newcastle) son hoy propiedad de fondos soberanos de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. París Saint-Germain, financiado por Qatar, se ha convertido en un escaparate de lujo y glamour futbolístico, sobre todo tras ganar la última edición de la Champions. El Real Madrid, por ejemplo, luce como patrocinador principal la aerolínea Fly Emirates. Y a cambio de inversiones billonarias, las ligas occidentales han aceptado sin demasiada resistencia el desembarco de capitales autoritarios, con el argumento de que “el fútbol es global” y “el dinero no tiene ideología”.
La paradoja es evidente: el deporte más popular del planeta, con una narrativa construida sobre la pasión de las masas, es también el vehículo predilecto de autocracias que buscan lavar su reputación. El hincha común se convierte en cómplice involuntario de un proceso que convierte goles en relaciones públicas, y campeonatos en campañas diplomáticas.
La FIFA, lejos de poner freno, ha sido un actor esencial en esta dinámica. Su discurso sobre inclusión y valores universales convive con la entrega de mundiales a países con expedientes cuestionables en libertades básicas. El propio Gianni Infantino, su presidente, ha defendido que llevar el fútbol a países autoritarios fomenta el cambio cultural, aunque las evidencias hasta ahora apuntan más a lo contrario: regímenes reforzados en su narrativa de modernidad y legitimidad internacional.
La pregunta de fondo es si el sportwashing funciona. A corto plazo, sí: las portadas celebran fichajes multimillonarios y los aficionados se embriagan con los nuevos ídolos. A largo plazo, sin embargo, la estrategia es más frágil. Las contradicciones estallan cada vez que un jugador estrella evita pronunciarse sobre derechos humanos o cuando una liga, tras recibir dinero saudí o catarí, tiene que explicar sus compromisos éticos.
El fútbol, en definitiva, se ha convertido en el terreno más fértil para la diplomacia del espectáculo: un paraíso del sportwashing donde autocracias y democracias bailan al mismo ritmo, cada una persiguiendo sus propios beneficios. Y mientras los goles siguen cayendo, el silencio sobre lo que ocurre fuera de los estadios se hace más ensordecedor.
África también juega
El sportwashing no es exclusivo del Golfo Pérsico ni de las autocracias petroleras. África también ha descubierto en el fútbol europeo un trampolín de legitimidad internacional. El caso más llamativo es el de Ruanda. Desde 2018, el gobierno de Paul Kagame (en el poder desde 2000, acusado por organizaciones de derechos humanos de represión política y falta de libertades) destina decenas de millones de dólares a la campaña “Visit Rwanda”, visible en la manga de la camiseta del Arsenal o del Atlético de Madrid.
El contraste es brutal: un país donde el 60% de la población vive de la agricultura de subsistencia y que depende en gran medida de la ayuda internacional, invierte sumas millonarias en promocionarse en clubes de élite. Kagame, sin embargo, ha sido explícito en su estrategia: el fútbol es escaparate global, y colocar el nombre de Ruanda junto a marcas como el Arsenal o el Atleti proyecta modernidad, turismo y estabilidad, incluso aunque la realidad interna muestre un régimen cada vez más cerrado.
El retorno, al menos en términos de visibilidad, ha sido inmediato. El logo “Visit Rwanda” aparece cada semana en partidos retransmitidos a cientos de millones de espectadores en todos los continentes. Y en Londres o Madrid, Kigali se presenta no como una capital autoritaria, sino como un destino turístico exótico en auge.
La República Democrática del Congo ha seguido la misma senda, aunque con menor impacto mediático. En 2023, el gobierno de Kinshasa firmó un acuerdo con el Olympique de Marsella y estableció conversaciones con clubes españoles para promover la campaña “Visit Congo”. En 2025 el FC Barcelona también ha firmado este patrocinio. La estrategia resulta paradójica en un país sumido en una de las crisis humanitarias más graves del mundo, con millones de desplazados por la violencia en el este y acusaciones persistentes de corrupción en el aparato estatal.
En realidad, estos patrocinios no buscan tanto atraer turistas (los datos de visitantes internacionales apenas se han movido) como normalizar la imagen internacional de gobiernos cuestionados, lavando su reputación a través de uno de los productos más exportables de Occidente: el fútbol de élite.
Europa, por su parte, se muestra complaciente. Para clubes con balances económicos en números rojos, estos contratos son oxígeno. Arsenal justificó su acuerdo con Ruanda alegando que contribuía a “proyectos de desarrollo y turismo sostenible”, una formulación que difícilmente encubre el trasfondo político. En Barcelona, la presencia del logo del Congo se ha normalizado hasta pasar inadvertida entre los patrocinios corporativos habituales.
El resultado es que la camiseta, tradicionalmente símbolo de orgullo y comunidad, se ha transformado en un lienzo geopolítico: una valla publicitaria que proyecta la imagen que un régimen quiere que el mundo vea, y no necesariamente la que sus ciudadanos experimentan.
Europa mira hacia otro lado
La entrada de Ruanda y del Congo en el escaparate del fútbol europeo no ha pasado desapercibida. En Reino Unido, el acuerdo de 2018 entre el Arsenal y Kigali generó un intenso debate político. El Parlamento británico discutió si era moralmente aceptable que un país receptor de ayuda internacional destinara más de 30 millones de libras a patrocinar a un club de la Premier League. Algunos diputados conservadores denunciaron que Londres estaba, de facto, subvencionando una campaña de propaganda de Paul Kagame, dado que parte de la ayuda bilateral británica a Ruanda superaba la inversión turística anual del país.
El propio Kagame, un confeso seguidor del Arsenal, no rehuyó la polémica. Defendió la operación como una “inversión estratégica” para diversificar la economía y fortalecer el turismo. Pero la crítica no se apagó: medios como The Guardian o The Times publicaron editoriales cuestionando el “cinismo” de un club millonario aceptando dinero de un régimen acusado de silenciar a la oposición. El eco fue suficiente para que el acuerdo se convirtiera en un caso de estudio en universidades británicas sobre ética del deporte y financiación internacional.
En España, la reacción al acuerdo entre el FC Barcelona y Kinshasha fue más discreta, pero no inexistente. ONG como Amnistía Internacional o Transparencia Internacional alertaron de que el club estaba ayudando a “blanquear la imagen de un régimen autoritario”. Sin embargo, el ruido mediático fue menor, eclipsado por otros debates internos del club (la crisis institucional y las deudas). En este contexto, la dirección blaugrana defendió el contrato bajo el argumento de que promovía un turismo “respetuoso con el medio ambiente” y que ayudaba a “diversificar los ingresos en un momento crítico”.
En el plano europeo, las instituciones comunitarias han mantenido una posición ambigua. Bruselas no ha condenado explícitamente estos patrocinios, aunque eurodiputados de los Verdes y de la izquierda han llevado el asunto a debate en la Eurocámara, denunciando que clubes europeos sirven como plataformas de legitimación internacional para regímenes autoritarios. Pero la tibieza de la respuesta refleja un hecho incómodo: en una industria donde el déficit estructural de los clubes se cuenta en miles de millones, pocas directivas están dispuestas a renunciar a patrocinios que aportan liquidez inmediata, aunque provengan de las arcas de gobiernos cuestionados.
En última instancia, la opinión pública europea parece moverse en la indiferencia. El aficionado medio apenas repara en el origen del logo en la manga de la camiseta; su atención está en los goles. Los gobiernos europeos, por su parte, prefieren no abrir un frente diplomático en un terreno, el fútbol, que combina pasiones populares con intereses económicos. El resultado es un silencio cómplice: una normalización del sportwashing africano que, como en el caso de los petrodólares del Golfo, se convierte en parte estructural del fútbol global.
El precio de mirar hacia otro lado
El fútbol europeo se ha convertido en el escaparate perfecto para gobiernos que buscan limpiar su imagen internacional. En Oriente Medio, las monarquías autoritarias del Golfo han convertido la Premier League en un tablero de prestigio global. En África, regímenes como Ruanda o la República Democrática del Congo han descubierto en las camisetas del Arsenal, el Barcelona o el Marsella un atajo hacia el reconocimiento internacional que ni la diplomacia tradicional ni los organismos multilaterales les ofrecen.
El dilema es evidente. Mientras las instituciones europeas pregonan la defensa de los derechos humanos y la transparencia, su producto cultural más universal se alquila sin escrúpulos a regímenes que persiguen disidentes o desvían recursos de la cooperación internacional para financiar campañas de propaganda. El riesgo no es solo ético. Cada contrato firmado con una dictadura socava la credibilidad de Europa cuando exige estándares democráticos fuera de sus fronteras.
El fútbol, por supuesto, seguirá aceptando dinero allá donde lo haya: de Doha a Kigali, de Riad a Kinshasa. La pregunta que queda es hasta dónde llegará la tolerancia de Europa. Porque mientras la afición aplaude los goles y celebra las victorias, el continente corre el riesgo de que su competición más preciada deje de ser un símbolo de integración y se convierta en algo mucho más incómodo: un escaparate global del cinismo.