La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) tenía el deber inexcusable de haber abierto una investigación tributaria a Juan Carlos I desde hace años, como la habría abierto a cualquier otro contribuyente con menores importes e indicios. Eso al menos creen los expertos del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). “Más allá de preguntarnos por qué la inacción de la Agencia Tributaria y la lentitud de la Fiscalía del Supremo podría haber liberado a Juan Carlos I de sus responsabilidades penales y tributarias, convendría analizar hasta dónde podría alcanzar una investigación”, asegura José María Mollinedo, secretario del sindicato.
En ese sentido, según el presidente del sindicato, Carlos Cruzado, la Agencia Tributaria (AEAT) tenía, desde 2018, la obligación de abrir una inspección al rey emérito, a la vista de los numerosos indicios de posibles incumplimientos tributarios que se desprendían de las conversaciones de Corinna Larsen con el excomisario Villarejo publicadas en los medios, así como de las conclusiones de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada. De hecho, el informe de 7 de septiembre de 2018 de los dos fiscales anticorrupción al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza separada de investigación Carol de las diligencias previas número 96/2017, expresaron que “las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delitos fiscales”.
Por tanto, ese mismo día el Juez Central número 6 levantó el secreto de esta pieza y dictó el sobreseimiento provisional, y la Fiscalía cerró esta investigación que habría podido concluir en el descubrimiento de posibles delitos fiscales del rey emérito que obviamente ni siquiera podía notificarle por estar aforado al Tribunal Supremo, añade Cruzado.
Ahora, una vez presentadas las declaraciones complementarias del monarca, “sin requerimiento previo de clase alguna”, la AEAT debe analizarlas para averiguar si los hechos regularizados son ciertos y si las declaraciones son completas, aseguran los portavoces de los funcionarios.
«La Agencia Tributaria debe analizar las declaraciones para averiguar si los hechos regularizados son ciertos»
A juicio de Mollinedo, la primera cuestión es dilucidar cuál es la naturaleza de las rentas obtenidas por determinados gastos por viajes y servicios que realizó Juan Carlos I y qué fue lo que asumió la Fundación Zagatka, a quiénes se les ha prestado dichos servicios por más de 8 millones de euros, dónde y cómo se cobraron y durante cuántos años se realizaron. “Igualmente, debe analizarse las cláusulas de los préstamos, verificar las garantías y condiciones de la devolución e investigar su origen”, insiste.
La segunda cuestión es averiguar si las declaraciones complementarias son completas a la vista de la información existente en las bases de datos, en las solicitudes de información internacional que la AEAT debe enviar, así como del exhaustivo análisis de la documentación que aporten los asesores del rey emérito.
En este sentido, la AEAT debe explicar con total transparencia si algún directivo ha dado algún tipo de asesoramiento o de visionado de las bases de datos a los asesores de Juan Carlos que les haya servido para confeccionar las declaraciones complementarias.
«Si resulta alguna incongruencia, el deber de la Agencia Tributaria es iniciar una inspección tributaria a Juan Carlos I»
Por su parte, Cruzado cree que el caso de las cuentas opacas del rey emérito ha aumentado la creencia en la ciudadanía de que el poderoso goza de privilegios y escudos fiscales. En un artículo publicado en Nueva Tribuna, el portavoz de los funcionarios de la Agencia Tributaria analiza los últimos acontecimientos en Zarzuela. “Es falso que Hacienda hubiera tenido conocimiento de ningún tipo de información que no haya dado lugar a las actuaciones habituales que se hacen con todos los contribuyentes. A efectos de la ley, todos los contribuyentes son iguales”, dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para negar que Juan Carlos I haya podido recibir un trato de favor por parte de la Agencia Tributaria.
“Sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda estamos convencidos de que simplemente tratando a todos los contribuyentes de la misma manera puede disminuir la percepción social de que existen escudos fiscales”, asegura Cruzado.
Se debió abrir mucho antes una investigación. ¿Por qué no se hizo? A juicio de Gestha, las declaraciones de algunos portavoces de que la AEAT no tenía posibilidad de actuar pueden considerarse como simples excusas, pues la vía de iniciar una inspección tributaria siempre ha estado abierta, ya que en ningún momento ni el Tribunal Supremo ni la Fiscalía han notificado al rey emérito ninguna investigación para averiguar posibles delitos fiscales.
“En este marco, entendemos que la ministra y portavoz pudo recibir una información incorrecta, a la vista de las declaraciones que efectuó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al utilizar excusas no fundamentadas para justificar que no se hubieran abierto inspecciones; excusas que también se han repetido para ocultar la falta de eficacia de la AEAT para reducir la economía sumergida y mantener las limitaciones en la lucha contra el fraude fiscal”, insiste el portavoz de los técnicos.