El sectarismo ideológico va a provocar una catástrofe en los funcionarios jubilados que pondrá en serio peligro su salud y, sobre todo, su vida. Todo ello, además, con las habituales mentiras del gobierno Sánchez.
El proyecto de Sumar indicaba en el punto 14 del bloque dedicado al derecho la salud: «Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (MUFACE-MUGEJU-ISFAS). Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público. Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos».
Dicho y hecho. Se quieren cargar MUFACE, tal y como se indica en el informe del Ministerio de Sanidad que se conoció en el día de ayer. El departamento dirigido por Mónica García ha propuesto que en el mes de octubre de 2025 todos los funcionarios, independientemente de que estén jubilados o activos, pasarán a la sanidad pública. Incluso, el informe se queja amargamente de que «el estado de salud de los mutualistas es mejor que el de la población general».
Esta decisión no se adopta por una cuestión económica, sino ideológica. La extrema izquierda que está instalada en el gobierno de España confunde la defensa del derecho a la salud con la guerra contra la sanidad privada y, sobre todo, con un modelo de atención sanitaria basada en la colaboración público-privada que funciona.
Los funcionarios no tienen ningún privilegio respecto a otros trabajadores. El modelo de mutualidades es una parte del salario, además que los empleados públicos pagan una cuota mensual para mantener dicho modelo.
Es un hecho que las organizaciones son el reflejo de sus líderes. En el caso del Gobierno de España es evidente, y el caso de MUFACE es palmario de cómo todo se contagia. Sánchez llegó al poder a través de la mentira y la manipulación. Está haciendo todo lo contrario que prometió que no haría.
Sus ministros, incluidos los de Sumar que, al igual que los de Podemos, se presentaban con una especie de superioridad moral que sus actos han demostrado que es un fraude, ya mienten como si fueran presidentes valencianos tras cinco horas de «comidas».
En diciembre de 2023, la ministra de Sanidad afirmó en una entrevista en la Cadena SER que «nunca he hablado de Muface. Tiene grandes detractores y seguidores. Yo no estoy en ninguno de los dos. Ahora mismo mi prioridad es la atención primaria, la salud mental, los profesionales, recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública, adaptarla al siglo XXI y ensancharla. Tengo otras prioridades [que tocar Muface]. Quiero que la sanidad pública sea lo suficientemente atractiva, que recupere la robustez que tuvo, y quiero que esa sanidad pública sea lo suficientemente atractiva para que la gente se vea atraída y vea que aquí está esa red».
El tiempo ha demostrado que esas palabras no contenían verdad alguna. Mientras tanto, cientos de miles de pensionistas miran al futuro con miedo, sobre todo aquellos que se encuentran inmersos en tratamientos médicos crónicos o de enfermedades graves que podrían acabar con su vida si son paralizados por tener que entrar en las criminales listas de espera de la sanidad pública.
Una parte del gobierno de Pedro Sánchez culpa a las aseguradoras privadas por querer subir el precio de la licitación. La diferencia entre lo que piden las aseguradoras y el convenio que quedó desierto oscila entre los 500 y los 700 millones de euros anuales. Sin embargo, la consecuencia económica de la no renovación del convenio superará los 1.200 millones cada año.
Esa cantidad choca con lo que Pedro Sánchez ha pagado por su Presidencia: 350.000 millones de euros…, de momento. Cientos de miles de pensionistas con la salud y la vida en juego valen menos que ser el inquilino del Palacio de la Moncloa.
Mientras se están regateando un máximo de 700 millones de euros para que los pensionistas de MUFACE puedan continuar con sus tratamientos médicos sin ningún tipo de alteración, Sánchez ha estado dispuesto a pactar transferencias y concesiones al independentismo catalán y a sus socios vascos que alcanzan los 380.000 millones.
El concierto económico pactado con Esquerra Republicana, según el análisis realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), va a suponer trasvase de recursos económicos desde la caja común a Cataluña podría alcanzar los 13.200 millones de euros anuales, es decir, 46.200 millones hasta el final de la legislatura en el caso de que se agotara.
«Puesto que Cataluña parte de un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022 (frente a una media de 100 para el conjunto de las comunidades de régimen común), la medida la situaría, otras cosas iguales, claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral», señala el informe.
A esto hay que sumar que el Estado perdería hasta 62.000 millones de euros anuales si las condiciones que se han pactado entre el sanchismo y ERC para Cataluña se extendieran a otras comunidades autónomas. Por tanto, otros 217.000 millones de euros.
Por si fuera poco, en medio de un regateo infame de 700 millones de euros, se ha conocido la noticia de que Puigdemont ha puesto precio para poder iniciar la negociación los Presupuestos Generales del Estado: 22.000 millones de euros, que se suma a todo lo anterior.
Según ha publicado El Mundo, la cúpula del partido independentista catalán han exigido a Sánchez que, sólo para sentarse a hablar de los PGE, el déficit de Cataluña con el Estado debe quedar a 0. «Si no se salda la deuda, no hay nada de que hablar», afirma el periódico citando a fuentes directas del partido de Puigdemont.
Entre el sectarismo de la extrema izquierda y el nuevo disfraz del Partido Sanchista, el dinero se entrega a los independentistas sin ningún problema, mientras cientos de miles de pensionistas viven en la inquietud porque ven peligrar su propia vida.