Esta semana, en Grupo de Control, hemos tenido la oportunidad de charlar con Miguel Ángel Molinero, de la Plataforma para la Defensa de la Vega, con Sandra Ferrante, periodista y ecoactivista en la localidad granadina de Órgiva y con el abogado y ecologista Joaquín Terrón, que formó parte del equipo de abogados que interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo contra la Planificación del Transporte Eléctrico Horizonte 2026.
El interés suscitado por este artículo de Sandra Ferrante, nos llevó a contactar con nuestros invitados de esta semana, para charlar sobre las irregularidades y abusos que se están cometiendo en los macroproyectos de energías renovables que se pretenden llevar a cabo en la Vega de Granada. Toda una panoplia de excesos administrativos y posibles fraudes de ley en pos de un pretendido interés general, que están llevando a los vecinos a la movilización en contra de la ejecución de estas macroinstalaciones.
En esta interesante charla hemos podido conocer de primera mano las agresivas estrategias que utilizan las empresas concesionarias para expulsar de sus tierras a los vecinos, para recalificar terrenos de cultivo, valiéndose de normativas de nuevo cuño, tanto a nivel nacional como europeo. Unas normativas con apariencia ecologista, pero que encierran preocupantes zonas oscuras que permiten a las empresas concesionarias, entre otras cuestiones, evitar presentar informes de impacto ambiental, y que en la práctica, acaban con la biodiversidad de la zona, y atentan gravemente contra la soberanía alimentaria de los vecinos, para beneficio de grandes empresas energéticas constituidas de facto en un cártel oligopólico.