La injerencia judicial en política existe, no solo cuando llama a tu puerta

“Hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia”. Las contundentes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las dudosas actuaciones de algunos jueces españoles han puesto de nuevo en el primer plano de la actualidad un tema tan tratado y debatido como es el lawfare, la intolerable injerencia de la justicia en la política, en un choque de intereses de dos poderes democráticos que deben ser absolutamente independientes e inviolables, una máxima que no siempre se respeta ni se cumple cuando existen objetivos políticos espurios bajo la orden de “quien pueda hacer que haga”.

Así como la Justicia debe ser uno de los poderes más respetados y defendidos de cualquier estado democrático, las personas encargadas de impartirla son –como los políticos, las médicas, los arquitectos, las árbitras deportivas…– seres humanos que indudablemente tienen corazón, ideología, sentimientos, inquietudes e intereses personales que, no pocas veces, pugnan por imponerse al interés general. Es ahí donde debe situarse el debate, porque la impresión generalizada es que los jueces dan la impresión de ser seres cuasidivinos que están donde están por imposición supraterrenal para impartir justicia sobre los comunes mortales de este planeta y nadie debe osar cuestionar sus métodos ni maneras de hacerlo. Por supuesto que no son ni deben ser intocables los jueces. En no pocas ocasiones han demostrado tener la piel muy fina al recibir críticas desde distintos frentes cuando ellos defienden a capa y espada sin rubor alguno los derechos que les otorga un estado democrático al permitirles manifestarse públicamente cuando sienten vulnerados sus derechos e incluso simular que se declaran en huelga, cuando a la hora de la verdad se ha retratado un exiguo porcentaje de ellos cuando ven reducidas sus nóminas por ejercer este derecho constitucional.

Los jueces dan la impresión de ser seres cuasidivinos por imposición supraterrenal para impartir justicia sobre los comunes mortales y nadie debe osar cuestionar sus métodos

Igual que hay políticas, camareros o ingenieras corruptos, también existen jueces corruptos, pero desgraciadamente los mecanismos establecidos para la detección de sus actuaciones y malas praxis son completamente inoperantes, de ahí que se consideren con patente de corso para llevar adelante sus actuaciones totalmente al margen de la ley con unos fines partidistas muy concretos. Sentirse dueño del cortijo es sumamente fácil cuando se dan todas estas circunstancias. Y así, la ciudadanía en general llega a un estado de indefensión kafkiano en el que se ve enredada ante la Justicia por culpa exclusiva de actuaciones más que dudosas de algunos togados, una situación indeseable a la que sólo se le puede poner límite legal con la articulación de mecanismos adecuados de control y seguimiento de estas actuaciones judiciales al margen de lo establecido democráticamente.

Injerencias descaradas de sus señorías en causas estrictamente políticas las ha habido, y hay, con incontables damnificados. Pero, curiosamente, en la inmensa mayoría de los casos son siempre los mismos los beneficiados de estas actuaciones reprobables. Sería un kamikaze ejercicio de prestidigitación enumerar ahora los políticos y altos dirigentes del Estado –el rey emérito, sin ir más lejos– que han recibido un descarado abrazo de la Justicia cuando más contra las cuerdas se encontraban, con incontables indicios y pruebas judiciales en su contra. Lo peor de todo no es esta circunstancia concreta, sino denunciar el lawfare exclusivamente cuando llama a tu puerta y precisamente mucho antes ya se ha llevado por delante a tu vecino mientras se imponía el silencio cómplice.