Cuando Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, reduce, como hizo a través de X (Twitter), la causa palestina a una apología del terrorismo encarna una visión simplista que ignora décadas de derecho internacional, resoluciones de la ONU y un consenso jurídico que distingue con claridad entre resistencia legítima y actos terroristas. La equiparación automática entre palestinos y terroristas revela una ignorancia que, lejos de ser anecdótica, contribuye a normalizar la ocupación ilegal más longeva del mundo contemporáneo.
Cuando Isabel Díaz Ayuso afirma que reconocer Palestina equivale a premiar el terrorismo, como cuando afirmó que “¿qué mensaje lanzas al mundo… que cada vez que hay un ataque terrorista le das territorio?”, no sólo evidencia una ignorancia histórica patológica, sino que también contribuye a perpetuar una narrativa que tergiversa el derecho internacional y vulnera los principios básicos de soberanía estatal.
Dicha confusión no es anecdótica. Ayuso ha llegado a comparar expresamente la concesión del reconocimiento de Palestina justo después de ataques con el respaldo implícito al terrorismo. Y en una línea similar, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de “envolverse en la bandera palestina para promocionarse como el demócrata que no es”. Estas afirmaciones ignoran la legitimidad de un Estado, como es Palestina, que ha sido reconocido oficialmente por más de 130 países.
La ONU y los tribunales internacionales no conceden soberanía por conveniencia política tras un ataque. Se basa en normas, como las resoluciones que afirmaron el derecho palestino a un Estado tras la partición de 1947, o las resoluciones de la ONU posteriores a 1967, que insisten en la ilegalidad de mantener territorio bajo ocupación militar. Ayuso, en su retórica simplista, confunde intencionalmente legitimidad jurídica con recompensa a la violencia. Si una concesión de soberanía se condicionara únicamente al comportamiento político asociado al "terrorismo", entonces ningún Estado en construcción habría sobrevivido del reparto europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta los Estados africanos surgidos del colonialismo.
El caso palestino no es, como Ayuso sugiere con su discurso sionista, un movimiento definido por el extremismo, sino una lucha territorial con legitimidad ampliamente reconocida. La narrativa de “terrorismo igual a palestino” ha sido una de las armas más eficaces de Israel para justificar la expansión de asentamientos, el genocidio en Gaza y la anexión de facto de Cisjordania. Pero la realidad jurídica e histórica cuenta otra historia.
Palestina, legitimidad sin soberanía
En los mapas políticos, Palestina aparece difusa: a veces reducida a enclaves fragmentados en Cisjordania y Gaza; otras, apenas como un recordatorio histórico. Sin embargo, en el derecho internacional su existencia es mucho menos ambigua. Desde la partición del Mandato Británico de Palestina en 1947 hasta la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU tras la Guerra de los Seis Días, la comunidad internacional ha reconocido de manera consistente que los territorios ocupados por Israel no forman parte de su soberanía legítima. Palestina, aunque despojada de un Estado pleno y de fronteras efectivas, mantiene un reconocimiento legal y político que la convierte en un actor con legitimidad territorial negada solo en la práctica.
La partición de 1947 preveía un Estado árabe y uno judío. Israel nació al año siguiente; Palestina, no. La guerra de 1948 produjo el éxodo de más de 700.000 palestinos y el primer gran cambio demográfico, preludio de la Nakba, la “catástrofe” que para los palestinos sigue definiendo su identidad política. La guerra de 1967 amplió la ecuación: Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza quedaron bajo control israelí, iniciando una ocupación militar que, más de medio siglo después, sigue siendo considerada ilegal por resoluciones de la ONU, tribunales internacionales y la mayor parte de la comunidad internacional.
La Carta de la ONU prohíbe explícitamente la adquisición de territorio por la fuerza. Los asentamientos israelíes en Cisjordania, que albergan ya a más de 700.000 colonos, violan la Cuarta Convención de Ginebra, que impide trasladar población civil a territorios ocupados. Jerusalén Este, anexado unilateralmente en 1980, tampoco goza de reconocimiento internacional. En términos jurídicos, la definición es clara: ocupación ilegal. De esto, Ayuso no habla porque desconoce todo lo que una presidenta debería saber.
La paradoja de la seguridad
Israel justifica su control en nombre de la seguridad. La amenaza de grupos armados palestinos y regionales es real, pero la estrategia de ocupación como solución permanente ha generado lo contrario de lo que pretendía: un ciclo de violencia constante, una radicalización creciente y una erosión de su imagen internacional. Lo que comenzó como una ocupación “temporal” en 1967 se ha transformado en un régimen de administración indefinida, acompañado de leyes y estructuras que otorgan a los colonos privilegios políticos y económicos frente a la población palestina local.
Ayuso debería saber que el conflicto israelo-palestino no es solo una disputa de soberanías, sino de temporalidades. Israel actúa sobre la base de hechos consumados: asentamientos, anexiones de facto y un control que fragmenta el territorio palestino hasta hacerlo inviable. Exactamente igual que actuó la Alemania nazi en la década de 1930.
Palestina, en cambio, se apoya en una legitimidad internacional que le reconoce derechos sobre territorios que no controla. El resultado es un choque asimétrico: legalidad frente a ocupación, legitimidad frente a poder militar.
Mientras Ayuso y otros portavoces occidentales trivializan la causa palestina al reducirla a terrorismo, el derecho internacional ofrece una narrativa muy distinta: un pueblo con legitimidad territorial sin soberanía, frente a un Estado con soberanía efectiva pero sostenida por una ocupación ilegal. La cuestión no es si Palestina tiene derecho a existir, ese derecho está reconocido desde antes de la creación de Israel, sino si la comunidad internacional está dispuesta a defender esa legitimidad con hechos políticos.
De lo contrario, las simplificaciones como las de Ayuso seguirán imponiéndose sobre la realidad jurídica, y la ocupación ilegal israelí continuará normalizada bajo el cómodo disfraz de una retórica de seguridad que lleva más de medio siglo ocultando lo obvio: Palestina es legítima; la ocupación, no.
La ignorancia no es excusa. En un mundo donde las fronteras se debaten entre la fuerza y el derecho, confundir la defensa del derecho internacional con “premiar el terrorismo” no solo es retórica vacía, sino camino para normalizar la violación sistemática del derecho internacional. Mientras discursos como el de Ayuso ganan notoriedad, los pilares de la legitimidad siguen siendo erosionados por la indiferencia y la simplificación.