Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado de defraudar al fisco español en una suma que asciende al menos a 350.000 euros durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. El fraude “no fue un mero error sino una conducta consciente, deliberada y dolosa”, según el informe de la oficina regional de la Agencia Tributaria, publicada por 'El País'. El servicio jurídico de la Agencia Tributaria concluye que hubo un “delito continuado en un plan preconcebido con facturas falsas y explicaciones inverosímiles e inaceptables”
Ayuso tira balones fuera
En un periodo marcado por la pandemia del COVID-19, González Amador vio un incremento exponencial en sus ingresos, gracias a su participación en operaciones de intermediación para la venta de mascarillas, actividad que le reportó ganancias superiores a dos millones de euros.
El caso, que trasciende el ámbito privado para colocarse en el dominio público debido a la relevancia política de Ayuso, se complementa por las acusaciones vertidas por la propia presidenta, quien en su momento denunció ser víctima de una persecución por parte de los poderes del Estado. Sin embargo, el informe que desentraña la trama de fraude fue firmado por la oficina regional de la Agencia Tributaria, lo que pone en duda las alegaciones de González Amador y sugiere que el escrutinio al que fue sometido no tenía tintes políticos, sino meramente legales y fiscales.
No se trata de un error involuntario
El servicio jurídico de la Agencia Tributaria ha concluido que el fraude perpetrado por González Amador no se trata de un error involuntario, sino de una "conducta consciente, deliberada y claramente dolosa", merecedora de reproche penal. Este fraude se articuló a través de un esquema premeditado que incluía la emisión de facturas falsas y explicaciones que han sido catalogadas como "inverosímiles e inaceptables" por las autoridades fiscales.
Entre los ejemplos más flagrantes de este fraude se encuentra la emisión de una factura por 620.000 euros por servicios que nunca fueron prestados, y otro caso en el que González Amador intentó deducir 922.000 euros por la venta de vacunas anticovid que nunca se realizaron. Además, se le acusa de presentar facturas falsas para deducir gastos por servicios no relacionados con su actividad empresarial, un hecho que destapa la complejidad y la premeditación del fraude.
Ayuso, su novio y Quirón Salud
El informe del servicio jurídico de la Agencia Tributaria destapa también una operación sospechosa con Quirón Salud, evidenciando una maniobra para disminuir la cuota defraudada en 2021 mediante prácticas calificadas de artificiosas e ilícitas. Asimismo, se critica una propuesta de regularización favorable a González Amador que contradice las normativas tributarias.
Esta red de engaños y manipulaciones fiscales ha llevado a la Fiscalía Provincial de Madrid a abrir diligencias de investigación penal, resultando en una denuncia contra González Amador por dos delitos fiscales y otro de falsedad en documento público. Este caso pone de relieve no solo las transgresiones individuales de González Amador, sino también las vulnerabilidades en los mecanismos de control fiscal y la necesidad de una vigilancia más estricta para prevenir este tipo de fraudes.
Las implicaciones de este caso son profundas tanto para González Amador como para la figura pública de Ayuso, colocando en el centro del debate la ética, la legalidad y la transparencia en las actividades comerciales y fiscales. A medida que el proceso legal avanza, la opinión pública espera respuestas y, sobre todo, justicia frente a las acciones que han sido catalogadas no como meros errores, sino como delitos conscientes y premeditados que atentan contra la integridad del sistema tributario español.