La presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Suzanne Clark, omitió detalles clave cuando amenazó con más juicios contra la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) durante su discurso anual sobre el "Estado de los negocios estadounidenses": los amplios vínculos con empresas con gravísimos casos de discriminación racial.
La Cámara de Comercio presentó una demanda en septiembre para revertir la nueva campaña de la CFPB contra la discriminación ilegal en la industria financiera. Los co-demandantes incluyen importantes grupos de la industria bancaria acusados de discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual y discapacidad durante la última década.
Los grupos bancarios han acumulado, al menos, 961 millones en multas o acuerdos con reguladores, grupos de defensa del consumidor y personas perjudicadas por su mala conducta. Además, al menos nueve altos cargos de la Cámara tienen registros relevantes y preocupantes de discriminación racial que probablemente han influido en la oposición del grupo a los esfuerzos de cumplimiento de la CFPB en el sector bancario.
Por ejemplo, el miembro de la Junta de la Cámara, Brackett Denniston, fue ejecutivo durante mucho tiempo de General Electric, que llegó a un acuerdo por 14 millones en múltiples demandas por discriminación racial durante su tiempo en la empresa.
Banco Santander y la discriminación
Tal y como publicamos en Diario16, la Ley de divulgación de las hipotecas de vivienda (HMDA en su acrónimo en inglés) obliga a las instituciones financieras norteamericanas a facilitar información de la concesión de préstamos hipotecarios a los organismos supervisores.
Del procesamiento de esa información se ha concluido en varios informes que el Santander es el banco de los Estados Unidos que menos hipotecas concedía a los afroamericanos, los hispanos, las personas de ingresos bajos y a las mujeres.
Los estudios, publicados por la organización Better Banks, se centran fundamentalmente en poblaciones del noreste de los Estados Unidos (Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Maryland, Connecticut, New Hampshire y Delaware), donde el Santander tiene su sede central (Boston) y se concentra la expansión del Santander, tras la compra del Sovereign Bank en 2009, donde tiene más de 700 sucursales y presta servicios a más de 2 millones de clientes generando ingresos por comisiones de más de 1.200 millones de dólares.
En los Estados Unidos, los bancos tienen prohibidas las prácticas discriminatorias como la «redlining», por la que rechazan los préstamos a residentes de bajos ingresos y comunidades de color (afroamericanos, hispanos, etc). Pese a ello, como demuestran los datos reportados a los supervisores, el Santander continuaba, según los informes, segregando y excluyendo a las comunidades más desfavorecidas y utilizando prácticas crediticias claramente discriminatorias.
A tal nivel llegaron estas prácticas del Santander que el Ayuntamiento de la ciudad de Providence (Rhode Island) demandó al Santander en 2014 acusándolo de haber reducido, a partir de la adquisición del Sovereign Bank en 2009 hasta 2014, en un 60% los préstamos hipotecarios a afroamericanos e hispanos mientras los aumentaba en los vecindarios de blancos.
La propia demanda llega a manifestar que el banco despreciaba las leyes de protección a los consumidores en Estados Unidos y en otros países en los que opera, hace referencia a su mala conducta corporativa en todo el mundo hasta el punto de relacionar diversos casos en Dallas, Missouri, Chile, México y España manifestando además de que en Inglaterra el Santander generaba más quejas y más baja satisfacción entre los clientes que ningún otro banco. Dicha demanda también manifestaba que el Santander había sido acusado repetidas veces de participar en prácticas ilegales y contrarias a los derechos de los consumidores.
De igual forma la división Santander Consumer USA ha sido investigada por el Departamento de Justicia norteamericano por condiciones abusivas en préstamos concedidos a personas de color para la adquisición de vehículos. Por esta razónfue demandado en noviembre de 2017 por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) por cobrar de más a los clientes en los préstamos para compra de coches. También el Santander USA ha tenido que pagar diversas sanciones por sus prácticas hipotecarias y de ejecución de préstamos:
- Más de 16 millones de dólares, en 2013, por prácticas deficientes en el servicio y el procesamiento de hipotecas, comisiones indebidas, denegación errónea de la modificación y el escándalo “robo-signing” de apresurada e improcedente aprobación de numerosas ejecuciones hipotecarias,
- Más de 9 millones de dólares, en 2015, por mala práctica en la recuperación de vehículos por préstamos impagados, y
- Más de 22 millones dólares, en 2017, por la titulización y venta de paquetes de préstamos basura “subprime” para la adquisición de vehículos
Pero volviendo a las prácticas presuntamente racistas, sexistas y clasistas del Santander en la concesión de préstamos hipotecarios, las cifras y los hechos son concluyentes, ya que, pese a la demanda del municipio de Providence, estas estrategias continuaron e, incluso, aumentaron coincidiendo con la llegada de Ana Patricia Botín a la presidencia del Santander en el año 2014.
En ese año, el Santander negó préstamos hipotecarios a más del 26% de los solicitantes de color, en comparación con la media de los restantes bancos en las mismas ubicaciones que sólo rechazaron el 17%. También en 2014, el Santander negó una hipoteca al 30% de los solicitantes de bajos ingresos, mientras que la media de otros bancos fue de sólo un 18%.
Los casos más significativos de discriminación racial, sexista y clasista del Santander se produjeron en Filadelfia, Hartford, Worcester y Candem.
- En Filadelfia (Pensilvania), en 2015, el Santander rechazó el 32% de los préstamos solicitados por mujeres cuando la media de los otros bancos fue de sólo el 11%, un 21% más alta en denegación del Santander de préstamos a mujeres respecto de los restantes bancos de la zona, lo que demuestra una evidente discriminación sexista. Ese mismo año, en comunidades de bajos ingresos, el Santander negó el 37% de las solicitudes de préstamos hipotecarios, en comparación con el 15% de media de los otros bancos; denegó el 33% de las solicitudes de personas de color por el 16% de la media de los restantes bancos. La denegación de solicitudes de afroamericanos se incrementó del 26% en 2014 al 53% en 2015.
- En Worcester (Massachusetts), en 2015, en comunidades de color, el Santander denegó el 40% de las solicitudes, el doble que la media de los otros bancos que fue del 19%. Respecto a los latinos fue un 29% superior a la media del resto de bancos.
- En Hartford (Connecticut), en 2015, el Santander por cada solicitud de blanco denegada rechazó 4 solicitudes de latinos. La denegación de préstamos por el Santander a comunidades de bajos ingresos y de color se incrementó de 2014 a 2015 y el porcentaje de denegación del Santander duplicó el de la media de los restantes bancos. Del mismo modo, el Santander denegó en 2014 y 2015 un 15% y un 17% más de préstamos a mujeres que la media de los otros bancos.
- En Camden (New Jersey), en 2014 y 2015, el Santander por cada préstamo denegado a un blanco, negó 3 solicitudes de afroamericanos. En 2015 el Santander negó un 21% más de solicitudes de latinos que la media de los restantes bancos.
Todos estos datos dan mucho que pensar en cuanto al trato claramente discriminatorio que reciben los latinos del Santander USA, sobre todo cuando la contribución al beneficio ordinario atribuido al grupo Santander proviene en un 44% de países latinoamericanos como Brasil 26%, México 7%, Chile 6%, Argentina 4%, Puerto Rico y otros 1%.