La ocupación por Israel del Territorio Palestino es ilegal según el derecho internacional debido a su permanencia y a las políticas de anexión de facto del gobierno israelí, aseguró la Comisión Internacional de Investigación nombrada por la ONU para la cuestión.
Los integrantes de ese equipo de expertos independientes hicieron énfasis en que las leyes humanitarias internacionales estipulan que la ocupación del territorio en tiempos de guerra es una situación temporal y no priva a la potencia ocupada de su condición de Estado o soberanía.
Israel votó contra las anexiones unilaterales
La Comisión -que busca que el tema sea remitido a la Corte Internacional de Justicia- recordó que el Secretario General de las Naciones Unidas y numerosos Estados miembros de la ONU han declarado recientemente que cualquier intento de anexión unilateral del territorio de un Estado por parte de otro Estado es una violación del derecho internacional y, por lo tanto es nulo y sin efecto.
“La semana pasada, 143 Estados miembros, incluido Israel, votaron a favor de una resolución de la Asamblea General que reafirma esto”, subrayó Navi Pillay, quien preside la Comisión, añadiendo que para que este principio fundamental de la Carta de la ONU tenga sentido, debe aplicarse universalmente, incluso en el caso del Territorios Palestino Ocupado.
La Comisión pidió a la Asamblea General de la ONU que solicite una Opinión Consultiva urgente de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación.
En su informe, la Comisión revisó las políticas y acciones que ha utilizado Israel para mantener la ocupación y anexar partes del Territorio Palestino Ocupado.
Entre esas acciones, destacan cómo Israel ha sostenido y hecho avanzar su “empresa de asentamientos”, que incluye las declaraciones de funcionarios de ese país que reafirman la intención de mantener el control permanente sobre la tierra en violación del derecho internacional.
Violación de los derechos de los palestinos
La Comisión concluyó que al continuar ocupando el territorio por la fuerza, Israel incurre en responsabilidades internacionales y sigue violando los derechos de los palestinos individualmente y como pueblo.
“Al haber ignorado el derecho internacional estableciendo o facilitando el establecimiento de asentamientos y al transferir directa o indirectamente a civiles israelíes a estos asentamientos, los sucesivos gobiernos de Israel han llevado a cabo acciones para garantizar el control permanente de Israel en Cisjordania”, explicó Pillay.
La Comisión revisó también la expropiación y explotación de tierras y recursos naturales por parte de Israel, al igual que sus políticas restrictivas de planificación urbana y zonificación en Cisjordania.
El informe detalla que la tierra a menudo se confisca con fines militares, pero luego se usa para la construcción de asentamientos.
Además, el documento revisa las declaraciones de funcionarios israelíes que indican que la construcción palestina se considera un impedimento para los asentamientos, lo que requiere medidas como la confiscación, la demolición y el desplazamiento.
Da cuenta de procesos similares en Jerusalén Oriental, donde la planificación y zonificación restrictivas han contribuido a reducir el espacio para los palestinos.
Daño silencioso
El informe también habla de las políticas del gobierno israelí que han tenido un impacto en todos los aspectos de la vida palestina, como el acceso a agua limpia y asequible.
“Hay mucho daño silencioso y trauma psicológico que puede no ser evidente de inmediato, pero que es resultado de la erosión de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos procesos debilitantes tienen graves consecuencias a corto y largo plazo y deben abordarse con urgencia”, aseveró el comisionado Miloon Kothari.
La Comisión también examinó cómo las políticas de ocupación y anexión de facto han afectado los derechos humanos de los palestinos, y analizó sus impactos en las mujeres y los niños.
Entre otros daños, indicó que el “ambiente coercitivo” que obliga a los palestinos a abandonar sus hogares ha fragmentado a la sociedad palestina y obstaculizado el derecho a la autodeterminación.
Crímenes de guerra
El informe concluye diciendo que algunas de las políticas y acciones del gobierno israelí pueden constituir “elementos” de crímenes bajo el derecho penal internacional, incluido el crimen de guerra de transferir parte de su propia población civil al territorio ocupado.
“Las acciones de los gobiernos israelíes revisadas en nuestro informe constituyen un régimen ilegal de ocupación y anexión que debe abordarse”, dijo Chris Sidoti, otro de los comisionados.
Sidoti agregó que el sistema internacional y los Estados individuales deben actuar y cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. “Eso debe comenzar en esta sesión de la Asamblea General con una remisión a la Corte Internacional de Justicia”, recalcó.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, recibe su mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.