Pedro Sánchez ya incluyó como promesa cumplida la reforma laboral cuando presentó con todo el boato que a él le gusta un informe en el que se aseguraba que el 50% del programa de gobierno se había cumplido.
A día de hoy, la reforma laboral no puede contar como objetivo cumplido puesto que el texto pactado entre el Ejecutivo, la patronal y los dos principales sindicatos no cumple, ni de lejos, con lo que se suponía que iba a ser la derogación de la ley del Partido Popular. Más bien, como lo calificó el sindicato CGT, es «una tomadura de pelo para la clase trabajadora».
Sin embargo, no sólo es el programa de gobierno lo que no se cumple, sino las promesas o los pactos que tuvo que hacer Pedro Sánchez para ser investido como presidente en enero de 2020. Las fuerzas de corte progresista que no están en el gobierno ya están avisando de que si Sánchez no cumple, es decir, si no deroga de manera total la reforma laboral de Rajoy, no tendrá su apoyo.
El presidente del Gobierno, en este sentido, también ha mostrado su carácter autoritario, el mismo que aplica en su propio partido al transformar al PSOE en una formación personalista. Según publicó El Confidencial, Sánchez ya advirtió a Yolanda Díaz de que «la reforma laboral no se toca, aunque haya que negociar con otros». A los líderes autoritarios les gusta el inmovilismo y esta es una prueba más.
No obstante, si no hay un cambio de actitud, que por parte de Yolanda Díaz parece haberlo, el Real Decreto que se está intentando vender con todas las estrategias de marketing posibles, ha nacido muerto y no superará el trámite parlamentario. La ministra de Trabajo afirmó ayer, frente al «trágala» que pretenden imponer desde el PSOE, la patronal y los sindicatos firmantes, que «las formaciones políticas tienen que jugar su papel. Yo dialogo, no pongo a nadie contra las cuerdas y los grupos de la investidura lo saben, que yo no arrincono a nadie».
Sin embargo, si el Gobierno mantiene el «trágala» de esta reforma laboral «Zero», lo tiene muy difícil para aprobarla en el Congreso porque las formaciones que apoyaron la investidura se sienten traicionadas por Sánchez y, tal vez, han descubierto demasiado tarde la tendencia que el presidente del Gobierno tiene de no cumplir sus promesas.
Desde Esquerra Republicana hasta Bildu, pasando por Compromís o el BNG, todos estos partidos han mostrado su oposición y no han dudado en hacer público que, tal y como está redactado el texto de la reforma laboral, no lo van a apoyar porque, principalmente, no deroga la de Mariano Rajoy.
Esquerra: «No vamos a firmar un cheque en blanco»
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, fue rotundo cuando afirmó que «debemos mejorar las leyes y queremos que la reforma se acerque a lo que prometieron […] hay un camino de mejora en la reforma laboral. Estamos bastantes lejos. Es mala cosa que antes no hayan hablado con ERC y estaban intentando acercarse a la CEOE. No vamos a firmar un cheque en blanco […] la alternativa a no apoyarla es peor, pero este Gobierno no se puede sustentar en el miedo. No puede ser que solo frenemos retrocesos y no implementemos mejoras. Y eso, más allá de nuestras banderas, es un fracaso. Estamos dispuestos a hablar todo, pero no vamos a firmar un cheque en blanco. No podemos. Tenemos que asumir una responsabilidad».
BNG: Tramitación como proyecto de ley
Por su parte, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, en un acto conjunto con el sindicato CIG, apeló a la necesidad de que los cambios normativos se tramiten como proyecto de ley y no como real decreto para permitir un «cambio positivo» que se traduzca en la derogación total de la reforma, porque el texto aprobado por el Gobierno, patronal y los dos sindicatos mayoritarios es un incumplimiento tanto de las promesas electorales de las fuerzas que integran el Ejecutivo español como de los compromisos firmados por escrito y mostró su confianza en que la presión social obligue al Gobierno a derogar la reforma del PP.
En el mismo acto, la portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, apeló a la necesidad de derogar la reforma del PP para recuperar derechos, afrontar los graves problemas que atraviesa el mundo del trabajo y avanzar hacia unas relaciones laborales «que dejen atrás problemas estructurales como el paro, la precariedad, la falta de derechos o la brecha salarial» y denunció que la reforma laboral de Sánchez incumple la promesa de derogar la de Rajoy.
Pontón calificó, por tanto, de «decepcionante» este cambio legislativo. «Es muy grave que haya despidos baratos y otros aspectos más dañinos de una reforma que ha llevado a más precariedad, pérdida de derechos y menos oportunidades», afirmó.
EH-Bildu: «Recuperar la autorización de la autoridad laboral en la tramitación de ERE»
Respecto a EH-Bildu ha condicionado su apoyo a la reforma laboral para su convalidación en el Congreso de los Diputados a que se proteja el marco vasco de negociación colectiva, se garantice la prevalencia de los convenios autonómicos, se recupere la indemnización de 45 días por año trabajado, y se establezca un control público de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), de manera que sea necesaria «la autorización de la autoridad laboral como garantía pública para evitar la destrucción de empleo».
Este último punto es fundamental, puesto que la reforma laboral de Rajoy permitió que grandes empresas con miles de millones de euros de beneficios, como los bancos, destruyeran cientos de miles de puestos de trabajo sin ningún control por parte del gobierno de turno.
Por esta razón, para que Sánchez tenga el apoyo de Bildu, el partido de la izquierda abertzale reclama que se «adapten y reescriban las causas económicas por las que una empresa despide alegando dificultades. La reforma laboral del PP flexibilizó la causalidad y se legalizaron los despidos por la mera conveniencia de las empresas, es decir, no solo porque tengan pérdidas, sino también porque recortan beneficios», se afirma en un documento interno de Bildu.
De esta forma, la formación abertzale cree que los despidos motivados por causas económicas técnicas y organizativas deben ser la última medida a adoptar (también a evitar) y, en todo caso, deben basarse en «la necesidad de desarrollar la viabilidad de la empresa, y no en previsiones interesadas o en el objetivo de incrementar el beneficio empresarial a costa de la destrucción de empleo».