Tal y como analizamos en Diario16, Giorgia Meloni ganó las elecciones por culpa del fracaso tanto de los partidos democráticos como del propio sistema y de la clase política a la hora de proteger al pueblo frente a los abusos de los poderosos, de esas grandes fortunas, bancos, castas judiciales y grandes empresas que gobiernan en la sombra sin que nadie les haya votado.
Sin embargo, Meloni se tendrá que enfrentar con los organismos democráticos si quiere implementar el programa pactado con sus socios Matteo Salvini y Silvio Berlusconi. El primer escollo que se va a encontrar es el del presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, quien tiene la capacidad de refrendar o vetar los ministros propuestos por el gobierno.
Esto se debe a que el sistema italiano limita el poder del gobierno, tanto desde la Presidencia de la República como desde el Tribunal Constitucional que, en la actualidad, está presidido por Silvana Sciarra, una mujer moderada de corte centrista.
En este punto, si Meloni quiere aprobar determinados puntos de su programa, tendrá que lidiar con el Constitucional, sobre todo en lo referido a sus medidas xenófobas de lucha contra la inmigración. Fratelli d’Italia (FdI) aboga por incrementar las dotaciones de las fuerzas de seguridad para la defensa de las fronteras (una competencia que ya está derivada en Frontex) y el bloqueo de los barcos con inmigrantes, sean pateras o sean buques de rescate humanitario.
Cuando Matteo Salvini intentó en 2018 aplicar un programa similar, fue la Justicia de la Unión Europea la que lo frenó porque hay que recordar, aunque en España haya jueces que no lo hagan, que el Derecho de la Unión es prevalente frente a los ordenamientos jurídicos nacionales.
La UE también puede frenar la implantación del programa de Meloni puesto que la próxima primera ministra italiana va a estar muy condicionada por los fondos europeos. Si Italia se opone a las líneas marcadas desde Bruselas, puede seguir el mismo camino que Hungría.
Esto va a ser complicado para la imagen de Meloni, puesto que ella ha prometido muchas cosas que cuestan mucho dinero, por lo que, si es inteligente, intentará desviar la atención mientras incumple sus promesas.
Por otro lado, la lideresa de FdI prometió una línea en la política fiscal populista, muy similar a la que en España defiende Isabel Díaz Ayuso: reducción de impuestos a través de revertir las medidas adoptadas por Mario Draghi. Sin embargo, esto es un riesgo, puesto que están en juego 200.000 millones de euros en gasto público de los fondos europeos de recuperación. Para recibir la siguiente partida de fondos, prevista para el mes de diciembre, el gobierno de Roma tendrá que cumplir con 55 objetivos acordados con la Comisión Europea. Además, el poder económico, sobre todo la banca, teme que el nuevo gobierno pierda el control de la deuda.