En el anterior artículo titulado: ¿Tiene España los mejores tribunales de Europa? hacía una mención a la politización de la justicia actuando como políticos y no como jueces. Justo es decir que quizás no era lo que querían la mayoría de jueces pero la desidia, además de la incompetencia de algunos políticos, empezando por Mariano Rajoy, acudiendo al TC contra el Estatuto de Cataluña. Aquí se inició esta práctica muy de actualidad hoy en día.
Ahora, ninguneando las leyes catalanas de educación y el gran pacto por la Inmersión, primero el TSJC y, después corroborado por el Supremo, han acabado por imponer que el 25% de las clases se impartan, obligatoriamente, en lengua castellana. Esto es, una vez más, una nueva vulneración de los derechos de los catalanes a utilizar la lengua de su territorio en el ámbito escolar y académico.
Existe una enfermedad, que no sabría cómo denominar, que cualquier lengua que no sea el castellano no es válida para nada que no sea el folclore y las costumbres de aquellos territorios que tienen una lengua propia, aunque esta sea milenaria y de gran calidad reconocida en todas partes del mundo menos en España.
Vean el video de una diputada asturiana sobre ello, que no es exclusivo del catalanismo como puede verse.
Pero esta diatriba contra el catalán no es la única, ahora le ha tocado al valenciano: La justicia española continúa su combate contra la lengua. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que, a la práctica, vacía de contenido la Oficina de Derechos Lingüísticos que el Botánico inició el 2017. La Asociación en Defensa del Castellano inició este embate contra la normalización del idioma.
A la práctica, el pronunciamiento judicial no desmantela la Oficina, pero si anula su capacidad para tramitar quejas y sugerencias, es decir, prácticamente la anula de contenido. Este procedimiento judicial había sido iniciado a raíz de un recurso presentado por la Asociación en Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana y el Partido Popular que no podía faltar a la fiesta.
La Generalidad Valenciana , según ha manifestado el director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, en EL TEMPS "acata la sentencia, pero no la comparte y buscará la forma de poder articular e instrumentar para garantizar los derechos lingüísticos de valencianos y valencianas". "En política lingüística, todos los intentos por parte de la administración para ir adelante son contrarrestados por una deriva judicial que nos obliga ir hacia atrás”, ha declarado.
Veremos lo que tarda la justicia española al actuar de forma similar en las Baleares, claro que allá según dijo el “súper inteligente” líder del PP, Pablo Casado, no se habla catalán sino mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterí, por lo cual estaremos atentos de la noticia si esta se produce.
La realidad de esta sentencia judicial es que se trata de una decisión política, que los políticos no han sabido o no se han atrevido a tomar y, una vez más, se han dirigido a los tribunales, dando muestra de dos cosas, su inutilidad en materia educativa y atacar a Cataluña en una vertiente que saben que la pueden herir.
La inmersión lingüística en catalán fue un acto de consenso en el que participaron la mayoría de los partidos, en especial el PSC, partido este convertido en una simple y triste sucursal de PSOE con el ex-ministro Illa al frente. ¿Qué dirían hoy Raventós, Oriol y sus coetáneos? Pero Illa e Iceta son la voz de su amo, callan i obedecen sin chistar.
Aun así, hay que destacar dos cosas, primero, no hay ningún alumno en Cataluña que no sepa castellano y segundo, las calificaciones de castellano en Cataluña son iguales y, en algunos casos superiores, a las otros territorios monolingües. Han sido las asociaciones de siempre, las que han forzado al hecho que esto suceda y todos sabemos sus nombres, sus componentes y la adscripción política a donde pertenecen.
Esto ha sido, sin ninguna duda y con mala leche, un nuevo ataque contra Cataluña.