El Gobierno quiere acabar con la impunidad de las grandes multinacionales españolas, que tributan por menos de un 2 por ciento de sus beneficios en impuestos de sociedades, según un informe de la Agencia Tributariapublicado ayer. El dato resulta demoledor precisamente estos días, cuando las caretas de los nuevos ricos que evaden tributos a paraísos fiscales van cayendo sin remedio tras la exclusiva del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Nuestra flotilla de grandes buques de la economía nacional apenas contribuye al bienestar del país, pero de eso nunca habla la patronal, ni los voluminosos balances anuales que publica la banca, ni mucho menos Pablo Casado, que se dedica a otras cosas sin entrar en lo realmente importante, como es que España se hunde por la avaricia de unas corporaciones que sortean la ley, maquillan libros contables y escamotean el dinero en paraísos fiscales.
El informe de la Agencia Tributaria no puede ser más escandaloso. Una veintena de las mayores multinacionales españolas apenas contribuye con un raquítico 1,9 de su beneficio global a través de impuestos. Obviamente, esta farsa fiscal –consentida por los gobiernos de uno y otro color a lo largo de décadas–, no puede quedar ahí, y el Gobierno ya prepara una batería de medidas para que los grandes monstruos de nuestra economía nacional pasen por el aro y tributen como mínimo por un 15 por ciento en el impuesto de sociedades.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de los socios de coalición como parte del pacto presupuestario para 2022, obedece a elementales principios constitucionales como el de justicia redistributiva y progresividad fiscal, sin que pueda ser tachado de confiscatorio, como ya está haciendo Casado. El líder del PP ha advertido de que cuando llegue a la Moncloa derogará todas las leyes socialistas, incluida esta que considera “chavista y bolivariana” pese a que contribuiría a recaudar una cantidad de dinero fundamental para sostener servicios públicos como la sanidad y la educación.
El plan de choque contra la impunidad fiscal en las grandes empresas afectaría a todas aquellas que ganen más de 750 millones de euros en su ejercicio anual. Si sumamos las ganancias de estos portaviones de la economía española –entre todas facturaron por importe de 91.809 millones de euros– no se entiende que apenas hayan aportado 17.000 millones de euros por el impuesto de sociedades, lo que equivale, de media, a poco más del 18 por ciento de sus ganancias totales.
Impuestos laxos
Hoy que vuelve a hablarse de paraísos fiscales y de las grandes estirpes y familias que no pagan impuestos conviene recordar que España, a sabiendas o quizá por efecto de la inercia histórica, se ha convertido en un refugio perfecto para el dinero de las grandes compañías. Basta solo un dato para entender la magnitud del problema: en nuestro país el tipo impositivo efectivo es del 14,8 por ciento; en la UE de casi un 17; y fuera del territorio comunitario del 23,7 por ciento, es decir, casi nueve puntos más que en nuestro país.
El informe de Hacienda revela que las 77 multinacionales que menos tributan acaparan el 49,3 por ciento de la facturación, el 53,4 de todo el beneficio, el 53,2 de los empleados y el 54 por ciento del capital, pero aportan una mínima parte en el régimen de sociedades. España, una vez más, va contra los vientos de justicia social que soplan en Europa tras la pandemia. Precisamente la semana pasada el Consejo Europeo cerró un acuerdo sobre la nueva directiva que establece para las multinacionales europeas una obligación de informar públicamente sobre el beneficio generado y el pago del impuesto en las distintas jurisdicciones de la UE.
El Gobierno ha puesto la diana en las grandes corporaciones, que hoy son las que controlan la economía mundial imponiendo una especie de gran dictadura financiera. ¿Tiene Pedro Sánchez, como líder de un país pequeño, el poder suficiente como para meter en cintura a estos mastodontes de la globalización? De momento se trata de que los consejos de administración no puedan desgravarse por beneficios, deducciones fiscales y exenciones varias. Pero sin un marco de estabilidad fiscal internacional común (coordinado por Bruselas) será imposible corregir los graves desequilibrios y hacer frente a los retos del planeta como el cambio climático y la pobreza en la que está sumida buena parte de la población mundial. ¿Acaso no es una bomba de relojería para todos nosotros que el 85 por ciento de los habitantes de la Tierra viva con menos de 30 dólares al día? Esa es la pregunta que deben responder los magnates de las grandes multinacionales españolas.