La crisis de 2008 supuso un punto de inflexión para el mundo entero. Las desigualdades se han agudizado en niveles que no se recordaban desde, quizá, la Edad Media. Mientras las familias de clase media y trabajadora están viendo cómo sus salarios no suben y los servicios públicos se están depauperizando, el número de multimillonarios está creciendo.
Los niveles de acumulación de riqueza son extremos y, aun así, hay una clase política que defiende que esos privilegiados no aporten la parte que les correspondería a través de un sistema fiscal justo. No se trata de «crujir» a los ricos, se trata, simplemente, de que arrimen el hombro en la parte proporcional que, por justicia social, les correspondería.
Representantes electos siguen defendiendo la supresión de los impuestos lo que, evidentemente, favorece a los intereses de esas clases privilegiadas. Mientras tanto, los servicios públicos se deterioran. Además, las consecuencias de este tipo de políticas son devastadoras para las economías de los países, tal y como se comprobó en Reino Unido o en los Estados Unidos que estuvieron a punto de default por las leyes de Liz Truss y Donald Trump, tan en consonancia con las que pretende implementar Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
Una investigación del Observatorio Fiscal de la UE, organismo con sede en la Universidad de París, al que Diario16 ha tenido acceso, ha señalado con total crudeza cómo esos multimillonarios siguen utilizando empresas fantasma para eludir el pago de sus impuestos. Además, el documento sostiene que la implementación de un impuesto global mínimo a la riqueza recaudaría 1 billón de euros en 4 años, es decir, durante el periodo de una legislatura.
En consecuencia, según esta investigación, no implementar las políticas que defiende Isabel Díaz Ayuso supondría la recaudación lícita de 250.000 millones al año con sólo aplicar una tasa mínima del 2% sobre la riqueza.
El prólogo del informe está firmado por Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, y afirma que más allá de la necesidad de inversión gubernamental en servicios e infraestructura, las flagrantes disparidades fiscales también socavan la democracia al erosionar la confianza en las instituciones.
«Si los ciudadanos no creen que todos están pagando su parte justa de impuestos -y especialmente si ven que los ricos y las corporaciones ricas no pagan la parte que les corresponde- entonces comenzarán a rechazar los impuestos», sentencia Stiglitz.
El informe revela que las medidas para frenar el traslado de ganancias corporativas se han estancado en los últimos siete años. En 2022, las multinacionales continuaron registrando alrededor del 35% de sus beneficios en paraísos fiscales, por un total estimado de 1 billón de dólares a nivel mundial.
Las grandes multinacionales y los bancos sistémicos están enriqueciendo a personas porque no pagan los impuestos que les corresponden. Por tanto, las políticas que defiende Ayuso provocan que el dinero que tenía que ir al pueblo en forma de servicios públicos de calidad acaba en el bolsillo de una minoría privilegiada. Eso es lo que ocurre si se aplica la máxima del neoliberalismo por la que el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano que en las arcas del Estado con la que muchos políticos y representantes electos han engañado a decenas de millones de personas en todo el mundo.
En 2021, casi 140 países alcanzaron un acuerdo fiscal global histórico que incluía el compromiso de los gobiernos de establecer una tasa impositiva mínima del 15% para las multinacionales. Sin embargo, el informe del Observatorio Fiscal advierte de que, desde entonces, las reformas se han visto «dramáticamente debilitadas por una lista cada vez mayor de lagunas jurídicas».
Las empresas pueden eludir efectivamente la tasa impositiva del 15% demostrando actividad económica en países o regiones (como la Comunidad de Madrid) con impuestos bajos, lo que incentiva a las empresas a trasladar la producción a paraísos fiscales y alienta a los paraísos fiscales a mantener las tasas impositivas bajas.
Aunque el problema de la evasión fiscal persiste, el Observatorio Fiscal concluye en su informe que en la última década se han logrado avances significativos para exponer turbios acuerdos fiscales extraterritoriales, incluso mediante la reducción del secreto bancario.
El documento revela que la implementación de un sistema automático de intercambio de información ha permitido a las autoridades tributarias compartir y acceder más fácilmente a datos financieros a través de las fronteras, y ha contribuido una pequeña reducción de la evasión fiscal extraterritorial.
Un «punto ciego particularmente grave» en el sistema de intercambio de información bancaria, según el informe del Observatorio Fiscal, es que el dinero que alguna vez estuvo escondido en cuentas extraterritoriales se está invirtiendo en bienes inmuebles a través de estructuras secretas como compañías fantasma y fideicomisos.
Los investigadores estiman que cerca de medio billón de dólares en inmuebles, en seis ciudades con datos disponibles, son propiedad de entidades extranjeras que también se utilizan para ocultar la propiedad de los residentes. En el Reino Unido, por ejemplo, alrededor del 1,25% de este tipo de activos residenciales son de propiedad extraterritorial, pero la proporción aumentó un 15% en el caso de las propiedades de alta gama.
Si bien el sistema bancario rastrea eficazmente los activos financieros, otros activos (como propiedades de lujo, colecciones de arte privadas y superyates) pueden pasar desapercibidos sin ser detectados y sin pagar impuestos.
Stiglitz sugiere que gravar dichos activos cuando salen al mercado y se monetizan puede ser una forma de determinar los valores de los activos que de otro modo serían inciertos. Pero el Premio Nobel de Economía recuerda que reforzar y estandarizar las tasas impositivas para multimillonarios y multinacionales es la forma más eficiente en que los países pueden luchar contra la evasión fiscal a escala global.