Carlos Lesmes abrió el nuevo curso judicial en medio de una batalla parlamentaria de todos contra todos a cuenta de la politización de la Justicia en España. El presidente del CGPJ cree que continuar con el bloqueo en la renovación de la cúpula judicial es “insostenible”. “No hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”, ha sentenciado, ante el rey Felipe VI, el máximo responsable de la judicatura española. Nada nuevo bajo el sol, ninguna propuesta que ayude a superar el bloqueo, las mismas palabras de cada primero de septiembre.
El CGPJ lleva desde diciembre de 2018 con el mandato caducado –una vergüenza para el país además de una inconstitucionalidad flagrante–, sin que PSOE y PP se pongan de acuerdo en las nuevas caras que deben dirigir los destinos de los altos órganos jurisdiccionales. Conviene recordar que el actual plantel del Sanedrín judicial proviene de la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón de 2013, que supuso la politización total de la Justicia (por mucho que Pablo Casado le reclame hoy con insistencia a Pedro Sánchez que sean los jueces y magistrados quienes elijan a sus máximos representantes). El enjuague se hizo, todo hay que decirlo, con el consentimiento del PSOE, que también saca tajada del cambalache.
Obviamente, tanto al PP como al PSOE siempre les ha interesado tener la sartén por el mango porque la Justicia es un juguetito goloso y porque así se puede “controlar la Sala Segunda del Supremo desde detrás”, tal como dijo cierto dirigente popular para sonrojo de los españoles. En realidad, la reforma Gallardón nos equiparaba a países autoritarios como Polonia (cuya justicia está intervenida por los políticos) y nos alejaba de otros modelos mucho más profundamente democráticos como Francia. La propia Unión Europea ha recordado a España, en más de una ocasión, que el sistema más idóneo es uno mixto donde los nombramientos tengan lugar “a medias” entre el Parlamento y los propios jueces y magistrados por votación universal, secreta y directa.
Lesmes no se va
Toda esa ceremonia de la confusión nos ha llevado a una situación de parálisis institucional que Casado ha utilizado como arma política al negarse a renovar los cargos institucionales, no solo los judiciales, sino también el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. “Es como si un gobierno, tras cumplir su Legislatura, decidiera que no se va”, dice Joaquim Bosch, exportavoz de Jueces y Juezas para la Democracia. En ese escenario de parálisis casi surrealista, cabe hacerse la pregunta del millón: ¿la culpa de que nuestra Justicia haya caducado hasta desprender un olor rancio a lata de conserva en mal estado es solo culpa de los dos principales partidos políticos, que no han sabido o no han querido ponerse de acuerdo, o tiene también su parte de responsabilidad el magistrado de magistrados, o sea el propio Lesmes en calidad de presidente del CGPJ? Y aquí es donde cabe concluir que el hombre que con su discurso ha abierto hoy el año judicial tiene su cuota de responsabilidad en todo este sainete incomprensible sencillamente porque ya hace tiempo que tendría que haberse ido a su casa al igual que sus compañeros vocales.
Lesmes tendría que haber presentado una higiénica dimisión, no solo por ética y por dignidad, sino porque así lo ordena la Constitución. Si ha permanecido en el poder, con su mandato caducado, es porque ha gozado de la confianza y el respaldo del PP. De modo que todo emite un tufillo insoportable a contubernio que tira para atrás. Lo que parece desprenderse de esta kafkiana historia de conspiraciones y togados es que Génova 13 mueve los hilos, ordena a sus peones que se queden quietos, e impone una especie de dictadura judicial. De esta manera, el PP puede seguir erosionando la imagen del Gobierno Sánchez (que queda como un autoritario que se niega al diálogo), y Lesmes y sus hombres obedecen. Solo así se entiende que toda la Plana Mayor del CGPJ se mantenga en sus poltronas durante tres años de caducidades y prórrogas intolerables.
“Desde la Asociación Jueces para la Democracia le hemos pedido la dimisión a Lesmes varias veces, pero él siempre dice que se lo pensará. Lleva tres años haciendo el mismo discurso de apertura del año judicial: pide que se cumpla la ley y se renueven los cargos, pero no se hace”, asegura Bosch. Hoy el señor presidente ha vuelto a insistir en el mismo discurso machacón y repetitivo de siempre. Es como si año tras año se encontrara atrapado en su particular día de la marmota. Lesmes insta a que se acaben las luchas partidistas, pero todo sigue igual. Lesmes insta a cumplir la Constitución y a renovar los cargos, pero aquí no se mueve ni dios de su despacho. Lesmes mira al rey Felipe, que le devuelve el gesto con cara de póker, y aquí no pasa nada, nada de dimisiones, nada de medidas urgentes, nada de dignificar la justicia. Gatopardismo en estado puro. Y así hasta el año que viene. Probablemente, el papel con el discurso de hoy (el cuento de la Comisión de Venecia, los supuestos contactos con las asociaciones de jueces para el desbloqueo, las peticiones desatendidas) le valdrá también en septiembre de 2022. Hasta le podría servir el mismo vídeo del acto oficial y el mismo vino de honor, si no se avinagra de una temporada para otra. La Justicia española es un decorado con atrezo polvoriento, togas apolilladas y toisones de latón que se saca al inicio de cada curso y luego se vuelve a meter otra vez en el almacén.
Lamentablemente, todo apunta a que PSOE y PP –las dos fuerzas imprescindibles para el acuerdo– seguirán sin ponerse de acuerdo. Sánchez necesita que Casado se siente a la mesa y el líder popular le ha cogido el gustillo a eso de ponerle el collar a la justicia, como si se tratara de un perro amaestrado, para tenerla servilmente sometida y a su servicio. Si Lesmes quiere cumplir con el “patriotismo constitucional” que predica, que presente la dimisión ya y se deje de circunloquios jurídicos.