El Rey emérito Juan Carlos I regresa a España. Lo hace después de que la Fiscalía General del Estado anunciara a principios de marzo el archivo de todas las investigaciones abiertas frente al monarca. Pero, ¿por qué se autoexilió el Rey Juan Carlos I si nunca estuvo imputado?
Tras un convulso verano en el que salieron a la luz las presuntas irregularidades fiscales cometidas por el emérito durante su reinado, el 3 de agosto de 2020 éste decidió poner rumbo a Abu Dhabi. En aquel momento muchos fueron los críticos que interpretaron su viaje como un mecanismo de elusión de sus posibles responsabilidades penales. Otros, en cambio, interpretaron que el monarca trataba de proteger el reinado de su hijo Felipe VI.
Lo cierto es que tras la emigración del monarca a Abu Dhabi no parece esconderse una intención elusiva de las posibles responsabilidades penales en que hubiere podido incurrir. Más bien todo lo contrario. Todo indica que el verdadero objetivo de la Zarzuela fue proteger la honorabilidad y el reinado de Felipe VI para que no se le pudiera relacionar con los acontecimientos de la vida pasada de su padre al mando de la jefatura del Estado.
Esta tesis gana fuerza cuando recordamos que el Rey Felipe VI renunció en vida a la herencia de su padre. Pero todo fue un mero simbolismo. Nula es la trascendencia jurídica de aquella renuncia pues nadie puede repudiar o aceptar una herencia sino cuando el causante fallece. Dicho de otro modo, fue un mecanismo para marcar distancia respecto de los hechos presuntamente punibles que ensuciaban el reinado de su padre.
Así pues, los asesores del Rey Felipe VI habrían recomendado a la Casa Real que el emérito se autoexiliara fuera de España. Y mayor peso gana esta teoría al recordar que el Rey Juan Carlos I nunca ha estado imputado ante los Tribunales de Justicia, sino investigado por la Fiscalía General del Estado (órgano encargado de velar por el interés público y entre cuyas labores se encuentra la de ejercer la acusación pública respecto de los actos presuntamente punibles).
Por lo tanto, no existiendo imputación penal del monarca, nula era la necesidad de exiliarse fuera de España. Pero lo hizo. Y lo hizo para dejar vía libre al reinado de su hijo y no ensuciar su imagen con los errores de su pasado. Ahora bien, ¿resulta lógico que la Fiscalía archivara todas sus investigaciones?
Con el objetivo de dar una visión detallada acerca de este particular, permítanme recordar los motivos jurídicos en los que se amparó el garante del interés público (Fiscalía) para no denunciar al Rey emérito y proceder al archivo de las investigaciones. El primero fue la prescripción de las conductas punibles a cuyo argumento nada tengo que objetar en tanto en cuanto responde al principio de seguridad jurídica.
El segundo, no obstante, no puedo compartirlo: la inviolabilidad del rey en el momento de la comisión de los hechos. El entender del Ministerio Fiscal pasa por considerar que la figura del Rey es inviolable en todos y cada uno de los actos de su vida, sean profesionales o ajenos a ésta. Dicho de otro modo, el Rey se encuentra jerárquicamente por encima de la ley dado que ningún acto cometido por este durante su reinado podrá ser enjuiciado ante los Tribunales de Justicia.
Me permitirán que formalmente lo critique. Y lo hago porque en una democracia carece de lógica que una persona por su cargo, oficio o profesión pueda quedar al margen de cualquier responsabilidad ante el incumplimiento de un principio legal. Dicho de otro modo, de igual forma que sucede con diputados y senadores, la inviolabilidad del Rey debería estar circunscrita únicamente al ejercicio funcional como jefe del Estado.
Como coloquio déjenme decir que el autoexilio del monarca en Abu Dhabi no parece haber respondido de la forma prevista por la Zarzuela. Más bien todo lo contrario. La monarquía parlamentaria está en el punto de mira. Y parece que va para largo. No obstante, mientras tanto, Juan Carlos I disfrutará este fin de semana de una regata en Sanxenxo. Y lo demás, poco a poco.