Mucho se ha escrito sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuyas concretas circunstancias están aún por aclarar. La nueva historiografía destaca la posibilidad de que el propio rey Juan Carlos −que veía peligrar el trono y la consolidación de la democracia− tuviera algún tipo de conocimiento sobre lo que se estaba cocinando en los cuarteles. Tampoco hay que olvidar otros factores que desembocaron en el golpe de timón, como la preocupación de Estados Unidos y de la CIA por un posible giro izquierdista en España; el interés del Vaticano en poner freno a las políticas laicistas en favor del aborto y el divorcio; y el descontento de los grandes grupos empresariales y bancarios con la política económica del Gobierno, tal como ha descrito Fernando Reinlein.
De forma simultánea, las asociaciones y partidos ultras se encontraban en pleno apogeo al considerarse traicionados por Adolfo Suárez. El terrorismo, el paro, el progresivo e irremediable proceso autonómico que para el Ejército suponía una amenaza contra la unidad de la patria y en general el clima de descomposición que reinaba en el país preparó el caldo de cultivo perfecto para que Tejero decidiera asaltar el Congreso de los Diputados. Para entonces estaban en marcha diversas tramas golpistas que confluyeron en el “tejerazo”. Poco antes, el 3 de enero, el general Alfonso Armada se había reunido con Juan Carlos I para informarle de que “todo el aparato político era favorable a un Gobierno de coalición presidido por un general”.
A los pocos días, el monarca llamaba a capítulo a Suárez para que nombrara a Armada como segundo jefe del Estado Mayor. Es más que probable que la dimisión del presidente del Gobierno tuviese bastante que ver con su frustración o impotencia para frenar el golpe, pero no hay demasiados datos al respecto y la verdad se la llevó con él a la tumba. Hoy no pocos escritores hablan de que la relación entre Suárez y el rey empezó a deteriorarse en ese preciso momento. Sea como fuere, lo cierto es que Armada creyó que contaba con el beneplácito de Zarzuela, de modo que el levantamiento era coser y cantar. El resto, los disparos al techo del Congreso, los tanques de Milans del Bosch tomando posiciones en Valencia, la histórica intervención de Juan Carlos I en TVE y la manifestación clamorosa de repulsa y en favor de las libertades del pueblo español ya es historia (eso sí, aún por esclarecer).
Sin embargo, hay un dato importante del que se habla menos, y es que poco después del 23F hubo una nueva tentativa de asonada bajo el nombre de Operación Cervantes, un plan elaborado en su mayor parte desde dentro de las cárceles con los mismos personajes ya condenados por la anterior rebelión. En esta ocasión los conjurados consideraban al rey un “objetivo enemigo” y tenían previsto movilizar a las tropas el 27 de octubre de 1982, víspera de las elecciones generales en las que el PSOE obtuvo la mayoría absoluta.
De nuevo emergía el ancestral miedo de los ultraderechistas a un Gobierno rojo, ya fuese socialista o comunista; de nuevo el pánico a perder los privilegios de casta. En la Operación Cervantes se trataba de derrocar a Juan Carlos I como primer paso para acabar definitivamente con el régimen democrático. Los coroneles Jesús Crespo Cuspinera y Luis Muñoz Gutiérrez, así como el teniente coronel José Crespo Cuspinera, fueron arrestados y la red quedó descabezada. Esta vez fue la suerte la que evitó la tragedia.
En efecto, un día antes del movimiento se celebró una cena entre uno de los conjurados y el líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar. “No era consciente de la vigilancia a la que estaba sometido. Quizá por ello [...] dejó el maletín en el coche, momento que fue aprovechado por los agentes del CESID para proceder a la apertura del maletero, fotocopiar el amplio dossier de entre 500 y 600 folios y dejarlo todo como estaba”, escribieron en su día los periodistas Cernuda y Jáuregui. Finalmente, y para evitar futuras tentaciones, Milans del Bosch fue trasladado a otra prisión, al igual que los demás condenados por el 23F.
Las penas contra los autores de la trama no fueron todo lo duras que cabía esperar de una democracia constantemente amenazada por el golpismo. Una vez más, no se actuó de forma contundente y ejemplar, de modo que tras los sucesos de aquellos días el problema militar, enquistado desde los tiempos de la Segunda República y probablemente desde el convulso siglo XIX, siguió sin quedar resuelto.
Ni siquiera el Gobierno socialista de Felipe González (en principio menos lastrado por el pasado) se vio libre de motines cuarteleros. Al menos dos conspiraciones tuvieron lugar bajo el mandato del líder del PSOE: un intento en 1983 y otro en mayo de 1985. De ambos planes poco se sabe. La reforma del nuevo ministro de Defensa, Narcís Serra, si bien dio un impulso modernizador y abrió el Ejército español al mundo tras la entrada de España en la OTAN, no acabó con las tentaciones involucionistas.
Es cierto que se colocó a militares de alto rango en puestos relevantes de la organización atlántica, que se organizaron cursos y maniobras conjuntas en el extranjero y que se invirtió en renovar el obsoleto material bélico. Además, algunos elementos reaccionarios del generalato fueron purgados. Pero la Transición política, la formación del militar español en valores constitucionales y democráticos, no fue íntegra y total. Quedaron importantes focos y reductos franquistas por sofocar, restos de un cáncer secular que por lo visto se extienden y llegan hasta nuestros días.