Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno trayendo esperanza a millones de personas, sobre todo a las clases medias y trabajadoras que estaban hartas de las políticas de Mariano Rajoy. Sin embargo, el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos no ha sabido (o no le han dejado) afrontar las verdaderas necesidades de las clases vulnerables que se ven obligadas a buscar un futuro fuera de España.
No hay duda de que las intenciones de Pedro Sánchez y sus ejecutivos puedan ser buenas. En cambio, la realidad es que se han quedado muy cortos en todas las medidas implementadas, sobre todo en un país cuyas clases medias y trabajadoras están sometidas por los intereses de las élites, al igual que el gobierno.
España tiene un grave problema laboral y salarial. La reforma laboral no ha frenado la temporalidad. Se firman más contratos indefinidos, es cierto, pero un elevado porcentaje son a tiempo parcial. Por otro lado, la figura del fijo discontinuo, que ya existía antes de Pedro Sánchez, ha sido pervertida por la clase empresarial y ha transformado un tipo de contrato que servía para unas situaciones concretas en un nicho de temporalidad oculta. El gobierno de Sánchez no ha hecho nada para paliar este fraude empresarial.
La temporalidad y la precariedad son elementos que inciden en los salarios. Esta semana se publicó que se había producido un incremento de la masa salarial. Sin embargo, el análisis de esas cifras demuestra que lo que se está produciendo en España es un distanciamiento entre los sueldos más altos y los más bajos. Para paliar esta disfunción social no sirve sólo con las justas subidas del SMI aplicadas desde que Sánchez gobierna, porque los empresarios las suplen con reducciones de jornada que, finalmente, terminan con el trabajador dando horas extra que luego no se pagan. Es decir, más trabajo con menos sueldo.
Todo ello, sin contar con los fraudes que el gobierno ha sido incapaz de frenar.
Esta situación de crisis extrema ha provocado que en la España de Pedro Sánchez, el 50% de las personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza tengan trabajo. Ya no se trata de que exista la exclusión social por falta de ingresos. El problema que el gobierno de Sánchez es incapaz de solucionar es que en este país el hecho de tener un trabajo no garantiza una vida digna porque los salarios que se pagan son más propios de un país en desarrollo que de la cuarta economía de la Unión Europea.
Ante un escenario tan catastrófico, cientos de miles de personas han decidido que en España no hay posibilidad de tener un futuro y emigran, se van de un país donde su gobierno y su clase empresarial no les garantizan un proyecto de vida o una vida con dignidad.
Se está produciendo una gran evasión de capital humano, tal y como ha demostrado un informe de la Fundación BBVA. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno han emigrado 1,66 millones de personas por razones laborales, según muestran los datos del INE.
El capital humano de la población es el recurso más valioso de los países y representa el 64% de la riqueza total a nivel global, como confirma el Banco Mundial. Este capital está incorporado en las propias personas y su localización cambia cuando se desplazan de un territorio a otro.
En consecuencia, el capital humano de una economía depende del esfuerzo inversor de sus familias, empresas y administraciones públicas (por ejemplo, el gasto público y privado en formación) y de la eficiencia de su sistema educativo, pero también de los movimientos migratorios y del capital humano de los migrantes. La emigración al exterior disminuye el capital humano de un país y más cuanto mayor sea el nivel de formación de los emigrantes.
A raíz de la Gran Recesión de 2008-2014, en España mucha gente emigró en busca de mejores oportunidades laborales. Ese proceso ha vuelto a cobrar intensidad desde 2020 (más de 380.000 emigrantes en 2021 y 220.000 en el primer semestre de 2022), según los datos de la Estadística de Migraciones del INE que, aunque se mantiene para el periodo previo a 2021, a partir del 20 de diciembre de 2023 ha sido sustituida por la nueva Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia del INE elaborada con otros criterios metodológicos.
Esta nueva estadística no da información sobre niveles educativos ni sobre los años anteriores a 2021 y, por tanto, no es útil para calcular el valor del capital humano ni analizar su evolución. El dato de esta nueva estadística arroja una cifra total de 531.889 emigrantes sólo en 2022.
Una parte muy sustancial de esta emigración corresponde a población en edad de trabajar (el 89,3% del total en el primer semestre de 2022). La emigración de población en edad de trabajar (16 y más años) ha pasado de 219.491 personas en 2020, año con fuertes restricciones a la movilidad, a 339.358 en 2021 y 196.827 en el primer semestre de 2022 (un 11,7% más que en el primer semestre del 2021). Las cifras no alcanzan los máximos de 2013 (463.746 emigrantes) pero son las más altas desde 2014. Su magnitud resulta atípica y se asemeja a las cifras habituales en periodos previos de crisis y aumento del desempleo en la economía española.
La Estadística de Migraciones del INE ofrece información sobre diversas características personales de los emigrantes, como la edad, el sexo y el nivel de estudios completados, para la población mayor de 25 años y a partir de 2019, que permiten estimar su capital humano. En concreto, según el análisis realizado por la Fundación BBVA, el valor estimado del capital humano de los emigrantes mayores de 25 años alcanzaría los 154.800 millones de euros sólo en 2022, el valor máximo del periodo 2019-2022, que supone un 0,93% del valor total del capital humano en España. Además, esta cifra ha registrado un aumento del 40,3% respecto a 2019.
El ritmo actual de emigración supone un lastre para la capacidad de producción futura de la economía española. Se trata, como hemos visto, de un impacto de una magnitud considerable que, en caso de no verse compensado por el valor del capital humano de los inmigrantes o el retorno futuro de parte de los emigrantes actuales, supondría una merma neta significativa del capital humano de la economía española y sus posibilidades de desarrollo.
En cualquier caso, en la medida que el capital humano de los emigrantes corresponda a formación adquirida y financiada en España, ese esfuerzo propio en vez de ser aprovechado a nivel nacional acabaría impulsando la capacidad productiva y riqueza de otros países. En este sentido, hay que tener en cuenta que en 2021 los nacionales supusieron el 18,1% del total de emigrantes mayores de 25 años y que casi la mitad de ellos (48,7%) tenía estudios superiores, un peso muy superior a la media de los emigrantes. En el caso de los nacidos en España, cuya formación se realizó y financió íntegramente en el país, estos representaron el 10,9% de esa emigración al exterior y la mayor parte (60,2%) había completado formación superior.