La corrupción y los conflictos de interés son la base sobre la que funciona la administración de Donald Trump. La declaración financiera anual del vicepresidente J.D. Vance, publicada en las últimas semanas y a la que ha enido acceso Diario16+, revela que Vance controla entre 100.000 y 250.000 dólares en el Rise of the Rest Seed Fund de Revolution, fondo de capital riesgo que ayudó a gestionar antes de lanzar su carrera política.
El fondo en cuestión invirtió en al menos cuatro empresas que obtuvieron de manera casi automática contratos federales bajo la administración Trump‑Vance. Entre ellas destacan dos compañías aeroespaciales: Hermeus y Slingshot Aerospace, que recibieron contratos de defensa valorados en decenas de millones de dólares en las primeras semanas del nuevo mandato. En su informe de divulgación financiera ante el Senado de 2023, el vicepresidente ya había nombrado estas cuatro inversiones, aunque sin detallar el calendario de adjudicaciones posteriores.
Durante la campaña y su primer año en el cargo, el gobierno de Trump ha insistido en su compromiso de “drenar el pantano” de la corrupción y los privilegios especiales en Washington. Sin embargo, los hallazgos sobre Vance se suman a una serie de revelaciones que apuntan a un patrón de enriquecimiento personal entre los altos cargos. Expertos en ética gubernamental subrayan que, aunque el monto retenido por Vance no alcanza cifras estratosféricas, la coincidencia entre sus activos y las adjudicaciones estatales suscita serias dudas sobre la legalidad de los procesos de contratación.
La oficina del vicepresidente asegura que Vance se abstuvo de participar en toda decisión relacionada con los contratos concedidos a estas empresas y que su papel en Revolution concluyó formalmente al asumir el cargo, aunque sus participaciones financieras subsisten por el mecanismo habitual de blindaje patrimonial. El equipo legal de la Casa Blanca comenta que “se han seguido los procedimientos establecidos para evitar conflictos de interés” y que, en todo caso, las adjudicaciones respondieron a criterios técnicos y estratégicos aprobados previamente por el Pentágono.
Sin embargo, incluso cuando los funcionarios se desligan formalmente de la gestión diaria de sus inversiones, la mera titularidad de participaciones en compañías beneficiarias de contratos públicos ya supone un conflicto de intereses. Lo que cuenta no es sólo si se votó o no sobre un contrato, sino el mensaje que envía al sector privado: que las puertas giratorias entre capital riesgo y el poder político pueden generar ganancias rápidas y seguras.
El caso de J.D. Vance se inscribe en una tendencia más amplia: varios altos cargos de la actual administración exhiben vínculos similares con fondos de inversión, consultoras y empresas de defensa, coincidiendo con un notable incremento de los costes en programas militares y un desmantelamiento progresivo de la cobertura sanitaria pública. Estas dinámicas benefician a un círculo reducido de inversores mientras dejan a millones de estadounidenses sin acceso a servicios básicos.
Mientras la mayoría republicana en el Congreso defiende la legitimidad de las adjudicaciones y el blindaje patrimonial de sus líderes, sectores demócratas y organizaciones anticorrupción exigen normas más estrictas: blindajes totales, venta de participaciones y auditorías independientes antes de aprobar cualquier contrato. Para muchos ciudadanos, la prueba de fuego será si, a la vista de estas revelaciones, el Gobierno impulsa reformas que refuercen la transparencia o refuerza las mismas prácticas que promete erradicar.