Naciones Unidas ha aprobado por unanimidad un tratado contra la ciberdelincuencia. Para oficializar la vigencia del documento, se presentará ante la Asamblea General. En principio, la iniciativa fue promovida por Rusia y contó con la oposición inicial de Estados Unidos y de los países europeos.
En teoría, el tratado tiene como objetivo la prevención y la lucha contra «la ciberdelincuencia de manera más eficiente y eficaz», especialmente en lo que respecta a abuso de menores y blanqueo de capitales.
La ciberdelincuencia se ha convertido en una amenaza real para los derechos y los medios de vida de las personas. Los gobiernos tienen la obligación de trabajar juntos para hacer más por abordarlo.
Sin embargo, el tratado sobre la ciberdelincuencia aprobado por Naciones Unidas podría facilitar la represión gubernamental. Al ampliar la vigilancia gubernamental para investigar delitos, el tratado podría crear una herramienta sin precedentes para la cooperación transfronteriza en relación con una amplia gama de delitos, sin salvaguardas adecuadas para proteger a las personas de los abusos de poder.
La Rusia de Putin es la impulsora de este tratado, y no es un ejemplo a seguir. En sus medidas para controlar la disidencia, el gobierno ruso ha ampliado significativamente en los últimos años las leyes y regulaciones que refuerzan el control sobre la infraestructura de Internet, el contenido on line y la privacidad de las comunicaciones. Pero Rusia no tiene el monopolio del abuso de las leyes contra los delitos informáticos. La organización Human Rights Watch ha documentado que muchos gobiernos han introducido leyes contra los delitos informáticos que van mucho más allá de abordar los ataques maliciosos a los sistemas informáticos para atacar a las personas que no están de acuerdo con ellas y socavar los derechos a la libertad de expresión y la privacidad.
En junio de 2020, un tribunal filipino condenó a Maria Ressa, periodista ganadora del premio Nobel y fundadora y editora ejecutiva del medio digital Rappler, por «difamación cibernética» en virtud de su Ley de Prevención del Ciberdelito. El gobierno ha utilizado esta ley contra periodistas, columnistas, críticos del gobierno y usuarios comunes de las redes sociales, incluido Walden Bello, un destacado activista social progresista, académico y ex congresista.
En Túnez, el gobierno también ha utilizado una ley de delitos cibernéticos para detener, acusar o poner bajo investigación a periodistas, abogados, estudiantes y otros críticos por sus declaraciones públicas en línea o en los medios de comunicación.
Las autoridades jordanas han detenido y acosado a cientos de personas que participaron en protestas a favor de Palestina o realizaron actividades de defensa de derechos online desde octubre de 2023, y han presentado cargos contra algunas de ellas en virtud de una nueva ley de delitos cibernéticos ampliamente criticada.
Tres graves problemas
El tratado aprobado por la ONU tiene tres problemas principales: su amplio alcance, su falta de garantías de los derechos humanos y los riesgos que plantea para los derechos de los niños.
En lugar de limitar el tratado a los delitos cometidos contra los sistemas informáticos, las redes y los datos (piratería informática o el ransomware), el tratado define el ciberdelito como cualquier delito cometido mediante el uso de sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones.
Según han denunciado distintas organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos, se ha acordado la redacción inmediata de un protocolo para el tratado que aborde «delitos penales adicionales según corresponda». En consecuencia, cuando los gobiernos aprueben leyes nacionales que penalicen cualquier actividad que utilice Internet de cualquier manera para planificar, cometer o llevar a cabo un delito, pueden señalar el título del tratado de Naciones Unidas y su protocolo para justificar la aplicación de leyes represivas.
En esencia, se exige que los gobiernos vigilen a las personas y entreguen sus datos a las autoridades extranjeras que lo soliciten si el gobierno solicitante afirma que han cometido algún «delito grave» según la legislación nacional, definido como un delito con una pena de cuatro años o más.
Esto incluiría conductas protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos pero que algunos países penalizan de forma abusiva, como la homosexualidad, criticar al propio gobierno, realizar periodismo de investigación, participar en una protesta o ser un denunciante de corrupción.
En 2023, un tribunal saudí condenó a un hombre a muerte y a un segundo hombre a 20 años de prisión, ambos por su disidencia pacífica online, en una escalada de la represión cada vez peor en el país de la libertad de expresión y otros derechos básicos. El tratado de Naciones Unidas obligaría a otros gobiernos a colaborar y hacerse cómplices del procesamiento de esos «supuestos crímenes».
Además, la falta de garantías de los derechos humanos es preocupante. Junto con mayores poderes de vigilancia deberían venir reglas más sólidas para proteger a las personas contra los abusos. En cambio, el tratado de la ONU se remite a la legislación nacional para establecer salvaguardas de los derechos humanos.
Esto significa que las personas están sujetas a las leyes de cada país, en lugar de beneficiarse de las normas clave de derechos humanos del derecho internacional, como los principios de necesidad y legalidad y la necesidad de denunciar a las personas cuando han sido objeto de vigilancia para que puedan impugnarla.
Incluso las normas que podrían proporcionar algunas protecciones se dejan como opcionales, como exigir que un tribunal independiente revise y autorice cualquier solicitud de vigilancia.
El tratado de la ONU es tal despropósito que permite que los gobiernos puedan argumentar que el tratado deja margen para rechazar solicitudes de asistencia jurídica mutua cuando hay motivos fundados para creer que la solicitud se ha presentado para procesar o castigar a una persona por su sexo, raza, idioma, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas. Pero los motivos de rechazo son totalmente discrecionales y, por lo tanto, se convierten en la excepción y no en la regla.
Finalmente, este tratado podría ser utilizado como arma contra las mismas personas a las que pretende proteger. En España, por ejemplo, ya ha sucedido con la trasposición de la Directiva de Protección a los denunciantes de corrupción. El tratado de la ONU pretende abordar el material sobre abusos sexuales a menores, pero podría exigir a los países firmantes que penalicen la conducta consentida de niños de edades similares en relaciones consentidas, en contra de las directrices del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. También pondría en riesgo el trabajo de las organizaciones de derechos humanos que documentan los abusos de los derechos de los niños y que pueden tener acceso a ese material como parte de sus investigaciones.
En lugar de proteger a las personas de los abusos de poder, el tratado de la ONU sobre delitos cibernéticos facilitará la represión transnacional.