Pablo Casado cada día se va pareciendo más al niño de la película El Sexto Sentido cuando, en un susurro, le decía a Bruce Willis la famosa frase de «en ocasiones veo muertos». En el caso del líder del Partido Popular, esa frase se podría traducir a «en ocasiones veo escándalos» por la capacidad que el político palentino tiene de catalogar lo que es un escándalo y lo que no.
Para el presidente del PP la situación que Isabel Díaz Ayuso tiene intención de llevar a los tribunales, es decir, que se dieran 9 millones de euros de los fondos europeos a cuatro comunidades autónomas, es un «escándalo».
Casado ha defendido que haya comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Galicia, y decenas de municipios que se movilicen e incluso denuncien en los tribunales lo que Casado considera «discrecionalidad» y el «reparto a dedo» de los fondos europeos.
Evidentemente, esta interpretación del presidente del Partido Popular lleva al mensaje fácil que busca el populismo al calificar esos hechos como «un escándalo». Además, no tuvo bastante y aseguró que la actuación del Gobierno «puede llevar a la corrupción». El presidente de un partido condenado como beneficiario de un caso de corrupción hablando de corrupción. Cosas veredes, amigo Sancho.
Esta nueva andanada de populismo de Casado viene provocada por el anuncio de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, de la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra el gobierno por el reparto de los fondos europeos.
Veamos ahora cuál es la verdad del problema inventado por el PP para continuar con su guerra sin cuartel contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo que denuncia Ayuso es una partida de 9 millones de euros repartida entre cuatro comunidades autónomas para un proyecto piloto de carácter sociolaboral. Es decir, que, tal y como titulaba Infolibre, «Ayuso intenta llevar a Sánchez al Supremo por 9 millones de fondos europeos tras recibir más de 1.200».
El reparto de esos 9 millones de euros se hizo atendiendo a criterios de reparto equitativo entre las comunidades autónomas que cumplían los requisitos. Además, ese reparto está contemplado en la Ley General de Subvenciones.
Entonces, ¿a qué viene este escándalo? ¿Por qué Pablo Casado, como el niño del Sexto Sentido, «en ocasiones ve escándalos»? Muy sencillo. El líder del PP necesita montar bronca, necesita presentarse ante la sociedad como el político que consiguió crear un clima agresivo contra el gobierno y, de este modo, sobrepasar los límites del populismo de Vox. Lo peor no es que pretenda superar a la extrema derecha utilizando sus mismos métodos, sino que ya haya cogido como estrategia política el lanzamiento de bulos para hacer creer a la ciudadanía cosas que no son. Mira que Sánchez da pie, con su errática gestión, a que Casado encuentre razones para hacer oposición. En cambio, el líder del PP no encuentra el camino y está tan desubicado como el niño de El Sexto Sentido.
Pablo Casado, un hombre de profundas creencias católicas, se ha debido pasar por alto lo que dice Evangelio de San Mateo (7, 1-5): «En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ‘No juzguen y no serán juzgados; porque así como juzguen los juzgarán y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo’».
El presidente del Partido Popular ve un escándalo donde no lo hay mientras en su formación política se ha descubierto cómo sí que se dan contratos públicos «a dedo» o hay escándalos de presunta financiación ilegal. Los más recientes se concentran, precisamente, en la Junta de Castilla y León.
Por un lado, tal y como ha adelantado eldiario.es, el gobierno castellanoleonés va a pagar a 3 empresas 6,4 millones de euros por las unidades que realizan los test de antígenos para ejecutar hasta el 31 de enero un total de 200.000 pruebas. Así consta en los contratos publicados en el Portal de Transparencia de Castilla y León. El coste medio de cada prueba estará situado en una cifra cercana a los 32 euros.
El problema se encuentra en que dos de esas empresas tienen vínculos con el Partido Popular. Una de ellas, que se ha llevado un contrato de 1,06 millones, fue creada por el exalcalde popular de Mayorga, Carlos Magdaleno. Esta sociedad también gestiona una parte importante del transporte sanitario en Castilla y León.
El máximo responsable de otra de las empresas que han recibido estos contratos, por un valor de 2,34 millones, es el exalcalde del PP de Guijuelo, quien también fue procurador en las Cortes castellanoleonesas, Francisco Julián Ramos Manzano.
Además, estas adjudicaciones se realizaron por el procedimiento de urgencia para evitar tener que licitar los contratos.
Al parecer, para Pablo Casado esto no es un escándalo, porque es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno y utilizar el populismo para intentar hacer creer que los fondos europeos se están dando «a dedo» cuando, en realidad, el propio Partido Popular tiene verdaderos escándalos sobre la mesa en los que el «sistema digital» de concesión de contratos está absolutamente a pleno rendimiento.