Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada el pasado jueves muestran realidades que demuestran que la reforma laboral de Pedro Sánchez es un verdadero fracaso. Tanto el gobierno como los sindicatos firmantes y la patronal intentan defender lo indefendible.
Se afirma, a bombo y platillo, que se ha mejorado la calidad del empleo con el incremento de los contratos indefinidos, pero, en realidad, la duración media de los contratos ha bajado, lo que demuestra que la precariedad no ha sido frenada por la reforma laboral de Sánchez.
Sin embargo, hay otro aspecto que las medidas laborales del actual gobierno han sido incapaces de eliminar, tanto por la voracidad de los empresarios, que no dudan en abusar de los trabajadores con horas extras que luego no pagan.
La cultura del presentismo está muy arraigada en el empresariado español. En muchas ocasiones se valora más que un empleado «eche horas» que el rendimiento que pueda tener. Evidentemente, en esto hay un componente económico. Mientras ese trabajador realiza horas gratis, el empresario se ahorra tener que contratar a más gente.
Este fenómeno no se da sólo en algunos sectores donde este fraude es endémico, como el caso de la hostelería, sino que hay otros ámbitos menos conocidos donde es más frecuente de lo que la gente pueda pensar.
Las grandes consultoras, las llamadas Big Four, esto es, Deloitte, PwC, KPMG y Ernst and Young, recibieron la visita sorpresa de Inspección de Trabajo para comprobar el cumplimiento de las jornadas de trabajo y de las horas extraordinarias. En el sector de la consultoría es muy habitual que los trabajadores se vean forzados a dar horas extras e, incluso, si alguno cumple estrictamente con su horario es mal visto por sus jefes, a pesar de que la productividad del empleado sea la adecuada.
Hay que recordar cómo, en abril del año pasado, la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), reclamó en la mesa de negociación del convenio colectivo que se pudieran realizar jornadas de 12 horas en un solo turno y que el trabajo en fines de semana no fuera compensado económicamente.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los empresarios españoles no pagan 162 millones de horas extras, lo que supone un fraude de más de 3.500 millones de euros al año. Estas horas impagadas supondrían la creación anual de más de 70.000 puestos de trabajo. Además, este fraude también tiene un impacto directo en el Estado, puesto que esas horas extra no cotizan ni a la Seguridad Social ni a la Agencia Tributaria.
Pedro Sánchez es presidente del Gobierno desde junio de 2018. El fraude de las horas extraordinarias impagadas es endémico en España y las medidas que se han podido adoptar han sido inútiles, puesto que los empresarios lo siguen haciendo. Para lograrlo, además de la reforma laboral, Sánchez y su gobierno habrían debido potenciar a la Inspección de Trabajo desde el primer día y triplicar la plantilla con la idea de desarrollar un plan basado en sanciones ejemplarizantes empezando por las grandes empresas y los sectores que todo el mundo sabe que incumplen con la normativa laboral.