España, ese país al que llegan millones de turistas por su agradable clima y sus económicos precios. España, ese país en el que sus habitantes se ven obligados a abandonar sus barrios porque la vida allí se ha vuelto un tormento y los precios son inasequibles. España, el país del anticiclón y de las borrascas, de la doble vara. Un lugar en el que algunos hacen las maletas para instalarse y otros para ser desalojados.
El aumento del precio del alquiler es una realidad que azota a los barrios populares y a las ciudades más visitadas. El incremento de aquél se debe a múltiples factores, pero sin duda, uno de ellos ha sido la proliferación de pisos turísticos. Según el último informe de Eurostat, el Estado español es el segundo país de Europa, por detrás de Francia, con más viviendas vacacionales. En tres años las viviendas destinadas al alquiler residencial han disminuido un 60%. La conversión de éstas en pisos turísticos perjudican a una ciudadanía a la que cada vez le quedan menos opciones. La inserción de las viviendas vacacionales en el mercado inmobiliario ha reducido la oferta de alquiler residencial, produciendo escasez y un aumento considerable de los precios. Hay mucha demanda y poca oferta para aquellas personas que buscan un hogar permanente en las ciudades en las que algún día crecieron.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este último año el número de alquileres vacacionales aumentó un 9,2%. España registra, actualmente, 351.389 pisos turísticos (1,33% del conjunto residencial). Desde ciertas formaciones políticas apuntan a que lo ideal es que las viviendas vacacionales no supongan más del 2% del total de los alquileres. Sin embargo, algunas provincias superan con creces esta cifra. Entre ellas la más destacada es la provincia de Las Palmas, que lidera el ranking con un 4,55%. Le siguen Málaga (4,12%), Girona (4,09%), Santa Cruz de Tenerife (4,04%), Baleares (3,84%), Alicante (2,82%) y Tarragona (2,22%). Proporcionalmente, la comunidad autónoma con más concentración de pisos turísticos es Canarias (4,08%). Tras esta se sitúan Baleares (4,06%) y Cantabria (1,8%).
Cada ciudad, provincia y Comunidad Autónoma posee unas particularidades que hacen de sus rincones lugares especiales. Cuando de repente las fruterías, mercerías y demás negocios locales son sustituidos por puestos de Fish and Chips o franquicias, quiere decir que la ciudad está adaptándose a todos menos a sus residentes. El crecimiento agigantado y desequilibrado de pisos turísticos en los barrios contribuye a la pérdida de su carácter y cohesión social, afectando a su esencia y a su vida comunitaria. El aumento de precios del alquiler obliga a los vecinos a trasladarse a áreas periféricas, pues su poder adquisitivo no les permite competir en el mercado. Este fenómeno denominado gentrificación transforma áreas históricas y comunitarias en zonas turísticas, cambiando así la composición demográfica y social. Para que los negocios locales perduren debe haber una demanda local. Los dueños de los negocios tradicionales se caracterizan por tener un estrecho vínculo, forjado durante años, con su clientela. El flujo constante de visitantes temporales dificulta la construcción de comunidades vecinales fuertes y estables.
Cuando cierra un negocio local, muere una parte del barrio. La sustitución de éstos implica la pérdida de cultura y patrimonio comercial. Tiendas tradicionales con años de historia se ven reemplazadas por negocios que no tienen una conexión auténtica y real con la vecindad. La presencia masiva de turistas genera una demanda diferente. Éstos tienden a buscar servicios orientados al ocio y al entretenimiento, no a la vida cotidiana. Los servicios que requerían los ciudadanos de la zona pasan a un segundo plano. Es entonces cuando las ciudades se transforman en hoteles, cruceros y parques temáticos.
Por lo general, los pisos turísticos se anuncian a través de plataformas. Detrás de ellos pueden haber pequeños propietarios o empresas que aparentan ser caseros particulares. Esto lo hacen con el propósito de evadir las normativas locales que limitan la cantidad de propiedades que una compañía puede alquilar en dichas plataformas. Todo esto para maximizar sus beneficios a través de la especulación inmobiliaria. Este tipo de negocio también contribuye a la gentrificación en los barrios y al aumento del costo de vida. El problema de la falta de vivienda no sólo desplaza a los vecinos a regiones ultraperiféricas , sino que también crea nuevos modos de vida en condiciones totalmente precarias. Uno de los mayores ejemplos lo encontramos en la isla de Tenerife, en la que, según datos de Cáritas, 2.400 ciudadanos viven en vehículos, tiendas de campaña o cuevas. Aproximadamente el 14% de ellos, pese a tener trabajo, se ha visto condenado al chabolismo.
Las competencias relacionadas con el turismo, y por ende, con los alquileres vacacionales , corresponden a las Comunidades Autónomas (ordenación turística) y a los Ayuntamientos , Consejos y Cabildos (ordenación territorial). El Gobierno central no tiene potestad legislativa para regular los pisos turísticos, por más que quiera. España se enfrenta ahora a un dilema entre el crecimiento desmesurado del turismo y la preservación de los derechos fundamentales de sus habitantes.