La lucha contra la corrupción, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales ha cobrado renovada relevancia, tanto en España como en los países de la OCDE, en un contexto marcado por escándalos financieros, filtraciones masivas de documentos y la creciente desigualdad económica. La exigencia de medidas más estrictas, efectivas y transparentes se ha convertido en una consigna compartida por los ciudadanos de todo el mundo que ven cómo sus salarios y su prosperidad se reducen mientras que políticos, empresarios, directivos y ultrarricos incrementan sus patrimonios tanto de manera legal como alegal o ilegal.
La corrupción, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales no solo impactan negativamente en los ingresos públicos, sino que erosionan la confianza en las instituciones democráticas y perpetúan desigualdades estructurales. De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, el coste anual de la corrupción a nivel mundial supera los 2,6 billones de dólares estadounidenses, cerca del 5% del PIB global. A esto se suman casi 1,26 billones de dólares que se pierden cada año únicamente en sobornos.
En cuanto a la evasión fiscal, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Tax Justice Network cifra en cerca de 600.000 millones de dólares anuales el dinero que los países pierden por la evasión fiscal de corporaciones multinacionales, mientras que la evasión por parte de personas físicas se estima en otros 200.000 millones de dólares. El blanqueo de capitales, mayoritariamente canalizado a través de paraísos fiscales, moviliza cada año entre 800.000 millones y 2 billones de dólares, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial.
Los paraísos fiscales juegan un papel crucial en estos fenómenos, al facilitar la ocultación de activos, el anonimato de los beneficiarios reales y la transferencia ilícita de fortunas fuera del alcance de las autoridades fiscales y judiciales. Se estima que alrededor de 7 a 10 billones de dólares de la riqueza financiera mundial se encuentra depositada en estas jurisdicciones opacas, lo que priva a los Estados de enormes recursos para el desarrollo social y económico.
En el caso de España, las cifras también son elocuentes. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), España pierde alrededor de 91.600 millones de euros al año por fraude y evasión fiscal, de los cuales unos 60.000 millones estarían vinculados a grandes empresas y fortunas que canalizan sus recursos hacia paraísos fiscales. Además, el blanqueo de capitales en España podría superar los 40.000 millones de euros anuales, situando al país entre los más afectados de Europa por estas prácticas ilícitas.
La corrupción no es un fenómeno aislado ni de alcance puramente político: actúa como catalizadora de múltiples actividades ilícitas, desde el desvío de fondos públicos hasta el tráfico ilegal de recursos naturales, que socavan la gobernanza, frenan el desarrollo económico y ponen en riesgo la seguridad nacional. Cuando los funcionarios y actores privados coluden para evadir impuestos o encubrir contratos amañados, abren la puerta a redes criminales que explotan grietas regulatorias y sistemas financieros opacos para operar con impunidad.
La corrupción alimenta la maquinaria del crimen transnacional, desde la evasión fiscal hasta el tráfico de recursos naturales y la financiación de grupos terroristas. Abordarla exige un cambio de paradigma: pasar de perseguir únicamente mercancías o sospechosos, a desactivar el circuito financiero que sustenta todas estas actividades. Sin transparencia en la propiedad real y sin una cooperación verdaderamente global, los abusos continuarán escalando. El desafío es mayúsculo, pero las herramientas y la voluntad política pueden convertirlo en una causa ganable.
Aunque en la percepción ciudadana se condena la corrupción política, la realidad es que lo que los representantes públicos puedan estar llevándose (que se lo llevan) son solo migajas de lo que supone la gran corrupción.
El Plan Sánchez para salir del paso
El miércoles, Pedro Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados en un debate centrado en los casos de presunta corrupción surgidos tanto en el PSOE, como en el anterior gobierno de Sánchez y en el entorno familiar del presidente. En su intervención presentó los puntos fundamentales sobre los que se sustenta un Plan Estatal para luchar contra la corrupción que incluía nuevas medidas y muchas que ya están en funcionamiento. Sin embargo, lo que sorprende es, precisamente, la falta de efectividad que van a tener una serie de acciones que, además, empezarían a tener efecto real en el largo plazo.
Hay una máxima para encontrar el origen y los participantes reales de un delito: seguir el dinero. En el caso de la corrupción es fundamental porque los corruptos y los corruptores utilizan redes y procedimientos muy complejos para eludir los controles de transferencia de dinero. Un directivo de uno de los principales bancos de Europa señaló a este medio que en operaciones muy complejas se continuaban utilizando estructuras de fondos de la época soviética (que están fuera del sistema financiero internacional) para mover determinadas cantidades de dinero. En otros casos, sobre todo cuando las cantidades procedentes de la corrupción terminan en los países de la península Arábiga, se utilizan las redes hawala.
En el plan de Sánchez se olvidan totalmente de seguir el rastro del dinero y eso pasa, inevitablemente, por una estrategia de prevención que debe partir inevitablemente de un control estricto de los patrimonios asociados a representantes públicos, funcionarios, jueces, fiscales y cualquier persona que tenga contacto con dinero público.
Este control patrimonial parte de una auditoría permanente de los bienes, desde propiedades hasta empresas y cuentas bancarias, tanto en España como en el extranjero, paraísos fiscales y jurisdicciones offshore a nombre o de las que son beneficiarias este tipo de personas críticas. Las fuerzas policiales tienen herramientas, como la inteligencia financiera, para detectar movimientos económicos. Por lo tanto, es el dinero el que muestra dónde están los beneficios de la corrupción. Si se sigue ese dinero, se encuentra al corrupto y al corruptor.
Evidentemente, existen mecanismos como la creación de empresas fantasma, fideicomisos o fundaciones en jurisdicciones offshore, de las que los corruptos son beneficiarios, no constan como administradores.
Del mismo modo, los familiares también tienen que estar auditados y controlados, puesto que en muchas ocasiones los corruptos los utilizan a modo de testaferro para ocultar la titularidad real de esos patrimonios, sobre todo en el extranjero. Serán corruptos, pero no idiotas.
En el plan de Sánchez tampoco hay una reforma legal que obligue a los jueces a remitir comisiones rogatorias a todos los países del mundo en el momento en que haya un mínimo indicio de que una persona (física o jurídica) mantiene dinero en el extranjero. No es normal que ante cualquier información que apunte a la presencia de cuentas bancarias o propiedades en el extranjero, los jueces y la Fiscalía se archiven las denuncias sin realizar ni una sola actuación para determinar si esas informaciones son ciertas o falsas. Eso está pasando en España. Por ejemplo, el presunto conseguidor de la trama Koldo afirmó en un programa de radio que había tenido acceso a una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción en la que se encontraba información sobre supuesto dinero en el extranjero de dirigentes políticos. Esa denuncia fue archivada sin que el Ministerio Público realizara la mínima actuación. Lo mismo sucedió en el Tribunal Supremo con la documentación remitida por el Senado que contenía información similar.
La corrupción, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales representan no solo una enorme pérdida de recursos, sino una violación al pacto social. Los recursos evadidos, robados o blanqueados privan a los ciudadanos de servicios esenciales, profundizan la desigualdad y perpetúan ciclos de pobreza. Estas prácticas no son delitos sin víctimas, sino realidades que afectan a millones de personas en todo el mundo.
La digitalización de la economía, la aparición de nuevas formas de activos y la automatización de los flujos financieros requieren una actualización constante de las normativas y una vigilancia 7x24 que ni Sánchez ni ningún otro gobierno se decide a dar el paso. El problema está en que cuando la corrupción está expandida en todas las órbitas del poder, nadie quiere mover un dedo ni investigar en profundidad a nadie porque cualquiera puede ser señalado en el momento más inesperado.