Podemos llegó a la política con la intención de llevar a las instituciones los problemas reales de la ciudadanía y para «asaltar los cielos», es decir, para generar una revolución del sistema desde arriba. Evidentemente, han fracasado y eso se puede ver en la decepción existente entre sus votantes y simpatizantes.
La formación morada llegó al gobierno con un programa ambicioso de reformas que, al final, ha quedado en una especie de sucedáneo que no ha cumplido con las grandes expectativas que Pablo Iglesias generó entre una ciudadanía que vio cómo el sistema les había dado la espalda para entregarse a los intereses de las élites.
El último vídeo publicado por Podemos es una muestra de que su camino político está en el error, en la falta de cálculo y en el análisis errático de los problemas más graves de España. Evidentemente, no se puede negar que la formación morada, en temas sociales, ha tenido una influencia clave para mejorar la situación de los más vulnerables. Sin embargo, por una razón u otra, lo que ha llegado al BOE siempre se ha quedado corto o ha sido una chapuza, como las leyes salidas del Ministerio de Igualdad de Irene Montero.
Señalar a periodistas sólo por su ideología o por su manera de interpretar las medidas del gobierno demuestra una falta de espíritu democrático muy preocupante. La línea editorial de Diario16 está en las antípodas de las que desarrollan Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Eduardo Inda, Federico Jiménez Losantos, Vicente Vallés o Antonio García Ferreras en sus programas de televisión, radio o en sus diarios digitales. Si estos periodistas presuntamente manipulan sus informaciones para atacar al gobierno o a Podemos porque sus líneas editoriales son conservadoras o de extrema derecha, existen otros caminos para denunciarlo que el señalamiento directo.
Parece que Podemos no se ha dado cuenta de que eso que ha hecho es lo mismo que le critican a Vox por vetar a determinados medios o periodistas. Eso es lo que les hace perder el juicio de la opinión pública y la sentencia de los votantes es implacable.
Por otro lado, en la formación morada deben tener en cuenta una cosa: la extrema derecha en España, ahora mismo, tiene representación democrática de más de 3,6 millones de ciudadanos, medio millón más que ellos, por más que estén en el gobierno. Se podrá estar en acuerdo o desacuerdo, pero existe una libertad de prensa y de libertad editorial.
Lo mismo que el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y algunos sectores del PSOE siguen llamando a los diputados de Bildu «etarras» o «herederos de ETA», y no es justo porque cuando la banda terrorista mataba se les exigía que dejaran las armas para dirimir sus reivindicaciones en el Parlamento, ahora la extrema derecha tiene esa representación y, en consecuencia, también tiene sus defensores mediáticos. Otra cosa es que la manipulación que acusa Podemos a estos periodistas se convierta en publicar informaciones falsas o documentos falsos. De ese tipo, que se sepa, de los nombres que han dicho, sólo uno ha sido juzgado por ello.
El vídeo de Podemos censura, además de a los periodistas, a políticos y partidos, desde Vox hasta el PSOE sin entrar a valorar en ningún momento sus errores que han generado la decepción en millones de personas. Llegaron para asaltar los cielos y, en realidad, no han deshecho más que pequeñas nubecillas.
La formación morada no entra a acusar uno de los elementos que más atacan a la democracia y al bienestar de la ciudadanía: la corrupción judicial. Para Podemos debería ser una prioridad atacar a quienes, desde un lado u otro, han dejado al tercer poder de la democracia en manos de los intereses de los poderosos, de las castas.
A Podemos parece que no le importa un tema grave como que los grandes despachos de abogados que representan a los bancos, las energéticas, los ricos o las aseguradoras controlen las instancias superiores, la Audiencia Nacional o los juzgados de lo Mercantil y consigan, a través de diferentes tipos de influencias, que se dicten sentencias absolutamente injustas o se les esté concediendo la impunidad más absoluta a los poderosos.
Tampoco le debe importar mucho a la formación morada que en presentaciones de libros escritos por un asesor y lobista de Banco Santander esté la plana mayor de la Audiencia Nacional, con jueces como Andreu, Pedraz, Guevara, fiscales como Dolores Delgado o exjueces como Baltasar Garzón. Este libro fue escrito para blanquear el mayor escándalo financiero de la historia de España: el presunto rescate encubierto de la entidad presidida por Ana Patricia Botín a través de la compra por un euro del Banco Popular, hecho que provocó la ruina de más de 1,2 millones de personas. Podemos debería saber que los afectados no son especuladores profesionales, sino trabajadores, pensionistas, pequeños empresarios y autónomos.
Además, ese libro fue presentado por Alberto Núñez Feijóo y también asistieron Pablo Casado, Juan Manuel Cendoya (Banco Santander) o Florentino Pérez.
La democracia española debería estar en alerta máxima por la situación de la Justicia. La politización o la renovación del CGPJ es el menor de los problemas. Se está produciendo una subversión absoluta de los valores democráticos. La Justicia en España se ha convertido en la herramienta más poderosa para mantener los privilegios de los poderosos. Pero a Podemos esto parece no importarle.
La corrupción judicial ha provocado tantos desahucios, tanto dolor para proteger a los bancos y los fondos buitre que Podemos debería preguntarse la razón por la que determinados jueces, sobre todo a partir de la segunda instancia, tienen la peligrosa querencia de dictar sentencias en contra de la ciudadanía.
No hay más que ver cómo hay jueces que no tienen en cuenta las pruebas documentales para no tener que condenar a Ana Patricia Botín y al Santander, documentos, por cierto, aportados por la propia entidad cántabra. En España se dictan sentencias en las que se permite que se vulnere la doctrina de los actos propios.
El Tribunal Supremo retuerce las sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evitar que los bancos tengan que devolver 70.000 millones de euros a los afectados de IRPH. Las víctimas de las obras de la Línea 7b del Metro vieron cómo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid eliminaba toda responsabilidad a Dragados, constructora del Grupo ACS, es decir, de Florentino Pérez. En España hay juzgados en los que se dicta el 100% de las sentencias en favor de los bancos. La Audiencia Nacional ha sobreseído casos de blanqueo de capitales donde el Banco de España habría presentado informes que lo demostraban.
A Podemos, por lo que afirma en su vídeo, parece no importarle que los tribunales españoles no tengan reparo en crear doctrinas jurídicas ad hoc para salvar a Emilio Botín de ir a juicio, que no se apliquen artículos del Código Penal para evitar que Banco Santander sea imputado, las puertas giratorias de la Justicia, donde exjueces o exfiscales pasan al sector privado y defienden a las grandes empresas o grandes fortunas a las que salvaron de ser condenadas.
Todas estas cosas influyen en la vida de la gente porque los tribunales están manteniendo los privilegios de las castas que, supuestamente, ellos iban a eliminar.