Uno de los fenómenos más alarmantes a los que se enfrenta la sanidad pública española es la migración constante de médicos y enfermeras hacia otros países, atraídos por ofertas laborales que les garantizan estabilidad, mejores condiciones salariales y entornos laborales menos agresivos. Este éxodo, lejos de ser anecdótico, se ha convertido en una fuga estructural de talento cualificado, con consecuencias directas sobre la sostenibilidad del sistema público nacional.
Cada año, miles de profesionales sanitarios formados en España (formación pagada en su mayoría con fondos públicos) hacen las maletas hacia destinos como Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda o los países nórdicos, donde no solo perciben sueldos considerablemente más altos, sino que se les ofrecen contratos indefinidos, jornadas razonables y sistemas sanitarios mejor dimensionados en cuanto a personal y recursos.
Según datos de las organizaciones colegiales, más de 25.000 médicos españoles ejercen hoy fuera del país, mientras que el sindicato de enfermería SATSE calcula que al menos 15.000 enfermeras han emigrado en la última década. Solo en 2023, más de 4.000 médicos solicitaron el certificado de idoneidad para trabajar fuera de España, una cifra récord que apunta a una tendencia persistente.
Contratos basura y ausencia de perspectivas
Los profesionales sanitarios coinciden en que la causa principal del éxodo es la precariedad contractual crónica. Los contratos de días, semanas o incluso horas se han convertido en la norma en muchas comunidades autónomas, lo que impide a los profesionales desarrollar un proyecto de vida estable. A esto se suman los constantes cambios de destino, la falta de incentivos profesionales y las jornadas maratonianas sin apenas conciliación personal.
"Después de tres años encadenando contratos por horas, decidí irme a Noruega. Aquí tengo contrato fijo, un sueldo digno y tiempo para atender a cada paciente como se merece", explica MRD, médico de familia de 32 años. "En España me sentía como un recurso desechable. Aquí, como un profesional".
Formación pagada por el sistema público… que beneficia a otros
Este fenómeno cobra una dimensión aún más preocupante si se considera que España forma a estos profesionales con dinero público, a través de universidades públicas y el sistema MIR (Médico Interno Residente), considerado uno de los mejores de Europa. Sin embargo, una vez formados, el Estado pierde esa inversión cuando los sanitarios se marchan al extranjero, donde sus conocimientos y habilidades son aprovechados por otros sistemas sanitarios que no han asumido el coste de su capacitación.
España se ha convertido una máquina de exportar médicos. Se invierten años y millones de euros en su formación y después se les ofrecen condiciones indignas que empujan a muchos a irse. Es un despilfarro institucional.
El coste oculto para el sistema
La falta de personal derivada de este éxodo genera un efecto en cadena: se reducen plantillas, aumentan las cargas de trabajo, se deteriora la calidad asistencial y crece el desgaste emocional de quienes permanecen en el sistema. Esta espiral de sobrecarga alimenta, a su vez, nuevos abandonos o migraciones, en un círculo vicioso que no se detiene.
En hospitales de localidades pequeñas y zonas rurales, la situación es aún más crítica: los puestos quedan vacantes durante meses, y muchos centros dependen de profesionales temporales o incluso de personal jubilado reincorporado por necesidad.