Esta fue la explicación que se nos dio en aquellos momentos, al haber más compañías se establecerá la competencia entre ellas lo cual redundará en un abaratamiento del precio a los consumidores.
El año 1996. El recientemente designado ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, empezaba la campaña mediática para que la sociedad aceptara la privatización del sector eléctrico. La propuesta del Gobierno de Aznar para abrir a la competencia la generación de energía eléctrica aseguraba una reducción de tarifas en torno al 3%. Era el inicio del actual oligopolio eléctrico. La sociedad tragó, y el resultado lo sufrimos hoy en día con récords diarios al alza en los precios de la electricidad, empobreciendo a la sociedad y generando una enorme riqueza a las empresas que se repartieron entonces el pastel eléctrico.
Un clan mafioso no se construye de un día para otro. Y con la mafia del sector eléctrico español sucede el mismo. Su actual monopolio se ha construido desde hace mucho tiempo, y los responsables son múltiples. Una de las caras visibles en la fundamentación del entramado que constituye el oligopolio eléctrico actual fue Josep Piqué, que como ministro de Industria y Energía durante el gobierno de Aznar fue quién más partidario se mostró en público de profundizar el desarrollo de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y separar, desde un punto de vista jurídico y de gestión las compañías de generación de las de distribución.
Con la aprobación de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico esto representó un cambio en la concepción del suministro. Este cambio suponía, esencialmente, pasar de un mecanismo de determinación administrativa del coste de generación de electricidad a un procedimiento de mercado en que el precio de la electricidad se fija en base a la oferta de energía, pero también en base a la demanda de esta. Vean cómo se fija el precio de la electricidad actualmente.
Sin embargo, el camino se emprendió en 1986, momento en el cual se produjo uno de los primeros cambios cuando el Gobierno de Felipe González introdujo el IVA, que desde entonces carga la factura eléctrica. Durante los diez años siguientes, el precio se fijaba anualmente en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno pagaba a las empresas privadas por la producción, transporte y distribución, con la excepción de la empresa pública Endesa.
El proceso de liberalización del mercado eléctrico español empezó en 1997 con la promulgación de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997, reformulada por la Ley 24/2013. Bruselas exigía introducir competencia en una actividad económica estratégica que hasta entonces había permanecido fuertemente intervenida por el Estado. De este modo se seguía la tendencia intelectual, entonces vigente a escala mundial, de liberalizar lo más posible el sector y aumentar su "eficiencia" pasando al sector privado la toma de decisiones y asunción de riesgos.
El objetivo de la liberación del mercado eléctrico era "minimizar el coste la energía para todo tipo de usuarios, asegurar el suministro y mejorar el aire que respiramos". Hoy, el precio de la electricidad en el Estado español es el más elevado de la UE, y la propiedad pública solo genera un 5% de la energía eléctrica producida en el Estado.
Fijémonos en lo que decía Josep Piqué en una entrevista en El País en 1998: En conclusión, continuamos incrementando la liberalización del sector eléctrico que permitirá la reducción de la tarifa eléctrica y de los costes energéticos de las empresas como factor de competitividad, situando nuestro país uno de los más abiertos en el ámbito comunitario.
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? Lo que decía Piqué no se ha producido y cada vez la cosa va a peor. ¿Creen que el gobierno hará algo o... acabaremos pagando los mismos de siempre a través de nuestras respectivas facturas?