La Unión Soviética perdió la Guerra Fría frente al bloque occidental. Esa idea es algo que sigue vivo en muchos sectores de la actual Rusia, sobre todo en la dirigencia o en los mandos intermedios de las últimas administraciones de Mijaíl Gorbachov, los mismos entornos que pretendieron asesinar al expresidente durante una de las cumbres celebradas en Estados Unidos.
La caída del Muro de Berlín, la perestroika, la entrada del capitalismo como forma de vida y la democratización de las diferentes naciones de la órbita soviética son acontecimientos históricos considerados por los nostálgicos de la política rusa como parte de la derrota. Quedaron agazapados, pero no muertos, buscando el momento y el escenario apropiado para contraatacar.
La revolución digital les dio la oportunidad. Rusia mantiene un aparato militar y unos servicios de inteligencia con la potencia suficiente como para aprovechar las puertas que les abría un mundo en el que apenas existe un control regulatorio. Desde el Ejército de Rusia se han creado unidades de ciberdelincuencia que han llevado a cabo penetraciones en las redes de información más importantes de las instituciones del mundo. Sin embargo, Rusia ha encontrado una forma de influir de una manera global, mucho más incluso que durante la Guerra Fría: la injerencia en los procesos políticos de las democracias occidentales.
Sofisticadas técnicas de desinformación, distribución de propaganda, apoyo a canales de mensajería de los movimientos antiglobalistas, filtración de datos robados en ciberataques y aprovechamiento de las criptomonedas como método de financiamiento son algunas de las herramientas con las que Rusia ha recuperado su capacidad de influencia a nivel global. Una ofensiva que preocupa tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, donde se ha certificado la existencia de esa injerencia planificada desde Moscú en procesos electorales ordinarios, incluidas las últimas elecciones del 23 de julio en España, y en otros procesos políticos extraordinarios como fue el procés catalán.
A priori, sigue siendo una incógnita el modo en que el independentismo catalán iba a pagar la colaboración con Rusia. La respuesta puede encontrarse en el propio sumario del caso Voloh y en los documentos de investigación de la Guardia Civil: la creación de una especie de paraíso fiscal para Rusia, un refugio similar a Suiza en el Mediterráneo en el que los oligarcas rusos pudieran mover su dinero sin que nadie hiciera preguntas sobre su origen.
Además de Terradellas, Madí o Cabaní, existieron reuniones en las que estuvieron involucradas figuras relevantes de la política catalana como, según se señala en las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil, Elsa Artadi, ex consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de Cataluña. En esos encuentros se habla de un misterioso personaje que ya fue importante para los movimientos de dinero ruso en Chipre, uno de los paraísos fiscales más utilizados por oligarcas y mafiosos rusos hasta que el país cambió una parte de su normativa contra el blanqueo de capitales.
“Entonces, uno de los que... de los fundadores de la criptomoneda, de los que idearon las primeras de eso, que fue en la época de Gorbachov... Lo explicó él (…) Si queréis, un día, cuando esté aquí, porque ahora está fuera (…) Marchó hace un mes y ha estado en Chipre. Si queréis con Xavier y contigo que venga aquí y os explicará lo mismo que le explicó a la Elsa Artadi...”, asegura Terradellas a David Madí quien, por cierto, confirma que en ese momento ya había hasta tres grupos trabajando en ese asunto.
La creación de un entorno económico y financiero al margen del mercado bancario global da la idea de la envergadura del plan que estaba en desarrollo. Tal y como se desprende en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, a las que Diario16+ ha tenido acceso, cualquier transacción con moneda en curso podría ser rastreada, mientras que en bitcoin, no.
Además, el informe hace mención a una persona como Jaume Roures, el millonario empresario de los medios de comunicación. “Los investigados están interesados en el uso de la criptomoneda bitcoin y en establecer contactos con entidades bancarias con la finalidad de operar al margen de los controles de las autoridades europeas”, afirma el informe.