Pablo Casado es como el capitán Renault, de la mítica película Casablanca, quien mientras hacía una redada en un garito por juego ilegal recogía sus ganancias de una partida sin ruborizarse mientras exclamaba: ¡Qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!. Pues lo mismo, pero con ¡aquí se indulta!.
Tanto el dirigente ‘popular’ como quienes le acompañan en esta especie de cruzada por el ‘escándalo’ de los indultos no quieren recordar que entre Aznar y Rajoy excarcelaron a más de 7.000 personas condenadas, muchas de ellas no por delitos menores.
Aquí se indulta hasta a colaboradores de ETA
Entre los indultados podemos citar a Antonio Elorza Gorosabel, condenado en 1983 por colaborar con ETA durante los ‘años del plomo’, la época más sanguinaria de la banda terrorista. En agosto de 1993, José María Aznar indultó al etarra y ahora Pablo Casado, quien fuera su jefe de gabinete años después, se escandaliza y parece haber descubierto que en España el Gobierno indulta.
Por cierto, durante la etapa del gobierno de Aznar ya estaba Santiago Abascal en la ejecutiva del Partido Popular del País Vasco y se mantuvo hasta 2013, por lo que no debía estar muy en desacuerdo con las medidas que tomaba su jefe de filas, incluidos los indultos.
Indultos de Felipe González
Pero esto no es patrimonio de la derecha. Durante el gobierno de Felipe González, seis presos de ETA que habían cometido delitos de sangre recibieron el indulto. Entre ellos, Jesús Urrutia Santamaría, miembro del comando que secuestró a Luis Suñer y a Julio Iglesias Puga, también durante ‘los años del plomo’. Al parecer, por lo que ha declarado el expresidente socialista, aquellas eran mejores condiciones para indultar que las de ahora.
Por el centro también hicieron sus ‘pinitos’, con la Ley de Amnistía de 1977. Bajo el gobierno de la UCD de Adolfo Suárez, los beneficios penitenciarios afectaron a miembros de ETA de los llamados polimilis. Se suponía que no tenían delitos de sangre, pero sólo la pertenencia a esta organización terrorista ya conlleva complicidad en los atentados cometidos. La ley recogía la amnistía para, entre otros, los delitos “de reivindicación de autonomías de los pueblos de España”. Visto en perspectiva, parece que la intencionalidad de las medidas del gobierno de Suárez tenían bastante que ver con las que está barajando el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Estamos hablando de personas condenadas por formar parte de una organización terrorista responsable de graves crímenes que, al parecer por las reacciones furibundas, deben ser menos peligrosos para la sociedad que los que han cometido los líderes independentistas catalanes ahora encarcelados. Para ellos, la inhabilitación y las sanciones administrativas no deben ser –a juicio de los próceres que ahora se levantan en armas– castigos suficientes para redimir sus delitos que, por supuesto, lo son.
Inhabilitación de Artur Mas
Probablemente Artur Mas, expresidente de la Generalitat de Catalunya, no piense lo mismo en relación con su condena. Recordemos que le cayeron dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, una multa de 36.500 euros y otra superior a los 5 millones de euros por parte del Tribunal de Cuentas. No parece que se haya ido de rositas, precisamente.
Quizá la situación actual se deba a la falta de talla o de memoria, o a los intereses espurios que tienen algunos políticos con mando en plaza y que responden a metas que nada tienen que ver con el interés general de la sociedad española. Tampoco es que lo estén poniendo nada fácil algunos líderes independentistas catalanes, a pesar de que cuatro años en prisión puedan predisponer a ello. Pero sin altura de miras, el avance no es posible.
Sólo la voluntad de todas las partes implicadas podrá llevar a avanzar en la solución de esta situación, aunque va a dejar muchos pelos en la gatera y heridas que tardarán en cicatrizar. Pero, salvando las distancias, ¿cuántas dejó la Transición?