Los aparatos de propaganda sanchista y monclovita suelen utilizar los datos macroeconómicos como aval para transmitir a los ciudadanos que la gestión que se está ejecutando desde el gobierno es positiva. Lo mismo que determinadas medidas de corte social que generan buenos titulares pero que, en realidad, no están teniendo un impacto positivo en un incremento de prosperidad o de dignidad vital de las familias de clase media y trabajadora. Evidentemente, esto genera un mayor descontento social con el que se alimentan los populismos.
Ayer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) volvió a dar un golpe de realidad a Pedro Sánchez y a su Ejecutivo. El anuncio de que el IPC subió un 2,3 % en junio podría parecer una preocupante alerta para los bolsillos de los españoles, pero la realidad es aún más cruel. Mientras ese indicador oficial apenas se mueve del entorno del 2% al 3%, los productos básicos se disparan sin freno: en lo que va de 2025 la fruta fresca encarece la cesta básica de la compra un 21,7%, los huevos un 15,3% y la carne de vacuno un 8%. Esa sangría silenciosa se lleva por delante buena parte del presunto alivio que traería la subida salarial media del 3,39% acordada por convenio.
Para entender la situación crítica en que se encuentran las familias españolas lo mejor es poner un ejemplo. Si una familia tiene unos ingresos salariales de 1.500 euros al mes y pasan a 1 550,85 euros tras la subida por convenio, apenas queda margen para algo más que comprar lo esencial. Dos docenas de huevos ya cuestan casi siete euros, diez kilos de fruta rozan los treinta, y tres kilos de ternera se acercan a los sesenta y cinco. Así, desde luego, no se recupera poder adquisitivo. Más allá de los anuncios de subida del SMI, que luego no tiene impacto real por las modificaciones contractuales que hacen los empresarios como, por ejemplo, reducir horas de trabajo o eliminar complementos, España precisa cambiar el chip de competitividad basado en el low cost y afrontar, desde la negociación colectiva, subidas salariales reales porque la cuarta economía de la UE no puede mantenerse con una política de sueldos bajos, explotación y precariedad laboral.
Los datos oficiales demuestran que no se trata solo de las compras de cada semana: desde 2021 los huevos se han encarecido un 65,3%, la fruta fresca un 50% y la leche un 43,5%. En pleno siglo XXI, la malnutrición infantil vuelve a instalarse en España como una amenaza real. Un gobierno progresista no puede consentir que los incrementos de la pobreza golpeen sobre todo a los niños y deje mermada su alimentación saludable, además de que el hecho de tener un empleo ya no sea suficiente para tener una vida digna y próspera.
El gobierno de Pedro Sánchez, mientras tanto, observa los balances macroeconómicos como si esas cifras no afectaran a las personas de carne y hueso. Se prometen ayudas, se habla de “control de precios” y, sin embargo, la gran distribución y el sector alimentario siguen ajustando márgenes al alza, mientras las familias se ajustan el cinturón para llegar a fin de mes. Sin medidas urgentes que fijen topes o inyecten ayudas directas a los hogares más vulnerables, la pérdida de poder adquisitivo seguirá siendo una losa imposible de levantar.
España necesita soluciones reales y no discursos bien empastados de elogios al crecimiento macroeconómico. Un gobierno progresista, que asuma lo que significa esa etiqueta, está obligado a frenar la espiral alcista de los productos esenciales o blindar los salarios mediante convenios que respondan al coste de la vida. De lo contrario, el espejismo del 2,3 % se convertirá en una losa más sobre los presupuestos domésticos, arrastrando a miles de familias de nuevo al borde de la precariedad.