Desde hace más de una década vengo defendiendo, una y otra vez, que la peor corrupción que existe en España es la de los medios de comunicación, porque lo que se está poniendo en venta es la propia libertad.
El problema está en que en España las élites empresariales, políticas, económicas y financieras están muy a gusto con un sistema en el que pueden utilizar la libertad y la independencia que se presupone a los medios de comunicación como herramienta de chalaneo. Lo peor es que el propio sistema ha colocado a los medios en la tesitura de elegir entre seguir defendiendo su libertad e independencia y la supervivencia económica.
Por esta razón es fundamental que el gobierno de Pedro Sánchez implemente una auditoría a fondo de los medios, empezando por Diario16, para determinar cuáles son las verdaderas entradas de dinero que permiten a algunos unos ingresos exorbitantes conseguidos a través de actividades paralelas o de intereses cruzados.
La propia idiosincrasia de la población española provocó que los medios dependiesen en exclusiva de los contratos publicitarios. La llegada del formato digital supuso que la ciudadanía accediera de manera absolutamente gratuita a los contenidos publicados.
En aquellos primeros años, El País sacó su edición digital previo pago de suscripción, como ocurría en la gran mayoría de los países del mundo. Sin embargo, los medios de la competencia daban los contenidos de manera gratuita lo que obligó al periódico de Prisa a recular y ofrecer la información en abierto.
La llegada de los medios digitales nativos, además, provocó que esa tendencia se agudizara puesto que era el único modo de competir con las grandes cabeceras.
Este acceso a los contenidos de manera gratuita generó el escenario perfecto para las dictaduras privadas del capital y de la política. Con los presupuestos publicitarios podían controlar a los medios a través de la extorsión y del cohecho. El sistema es muy sencillo y se resume en esta frase: «tú no investigas sobre mí, tú no publicas sobre mí y el dinero te llegará. Si te sales del redil, no hay publicidad».
Esta estrategia la aplican tanto los grandes anunciantes privados como las administraciones públicas y, en consecuencia, lo que están coartando es la libertad y la independencia que se presume que debe tener cualquier medio de comunicación.
Además, los nuevos métodos publicitarios digitales (programática, Google o Facebook, principalmente) están provocando que los grandes anunciantes, públicos y privados, reduzcan drásticamente los presupuestos destinados a los medios, lo que ahoga aún más su situación y pone más fácil la manipulación y el control de contenidos por parte de las grandes empresas y las administraciones.
Esta es la razón por la que muchos medios tienen que recurrir a sistemas paralelos para poder cubrir gastos: pagos alternativos que pasan el control de facturación gracias al recurrente concepto de «Asesoramiento», cobros millonarios encubiertos, grandes cantidades de dinero pagadas a determinados medios sin que la empresa que paga ponga ni un solo espacio publicitario y, sobre todo, presiones políticas sobre los medios para que dejen de investigar o publicar sobre tal o cual empresa, empresario, partido, administración o responsable político.
Esto es lo que el gobierno de Pedro Sánchez está obligado a auditar: los canales reales de financiación de los medios de comunicación que están provocando la desigualdad, además de generar un entramado de corrupción absoluta que permite a las dictaduras públicas y privadas del capital deshumanizado controlar la información que llega al pueblo o cómo algunas empresas públicas, a través de inversión, influyen en perjudicar la difusión de algunos medios incómodos o que publican noticias que no favorecen a intereses personales y políticos. ¿Tráfico de influencias?
La corrupción tecnológica
Por otro lado, también existe un tipo de corrupción de la que son partícipes y cómplices las grandes multinacionales tecnológicas. La dependencia absoluta de los ingresos por publicidad ha provocado que los medios de comunicación digitales hayan entrado en la dictadura de las audiencias porque los grandes anunciantes se fijan en lo puramente cuantitativo a la hora de contratar las campañas. A esto, unen lo cualitativo, es decir, la sumisión y el silencio.
Esta dictadura de las audiencias ha generado una serie de artes para lograr un mayor número de usuarios únicos o de visitas que, aunque pueda ser legal, está absolutamente alejado de la mínima ética profesional. Muchos medios digitales, para conseguir ingresos, compran tráfico en otros países o utilizan herramientas de intrusión.
De cara a los anunciantes, sobre todo las campañas de las administraciones públicas, ¿qué valor pueden tener millones de usuarios de Latinoamérica cuando el mensaje está orientado al mercado o a la ciudadanía española? Teóricamente, ninguno, pero es la justificación perfecta para dar a quienes se someten a las exigencias del silencio lo que les quitan a quienes siguen practicando un periodismo basado en la libertad y la independencia.
Lo público tiene la obligación moral y jurídica de no valorar sólo esos conceptos de compra de tráfico porque eso no es lo que interesa a una información libre e independiente al pueblo. Cualquiera que obtenga dinero de bancos puede hacerse con millones de usuarios únicos. Posiblemente, es la obligación de valorar otros conceptos a la hora de repartir dinero público y de hacer llegar la información porque sería más honesta, ética y responsable que el otro sistema en que la mitad está en el tráfico.
Por otro lado, cuando esos medios libres e independientes, que tan incómodos son para los poderes políticos, económicos, empresariales y la banca, consiguen auparse entre los más leídos a causa de la calidad de sus informaciones propias y sus investigaciones, las multinacionales tecnológicas que controlan aspectos fundamentales como el posicionamiento o la facturación online modifican de manera unilateral las condiciones de conteo del modo en que más perjudican a los medios verdaderamente libres e independientes.
La auditoría de los medios es fundamental, necesaria y obligatoria y debe tener como objetivo que los fondos públicos previstos para los medios pudiesen ser honestamente destinados a apoyar una información libre, independiente y ética y no para potenciar la corrupción de los medios de comunicación en general que publican desde los intereses de quienes utilizan al cuarto poder poniéndolo al servicio de las dictaduras privadas de uno u otro sector económico y financiero, siempre, siempre en contra del pueblo de sus derechos constitucionales y bienestar social y humano en general. La utilización de los medios no tiene otro fin que la manipulación de la voluntad popular incluso en favor de partidos políticos que jamás cumplen con sus programas y mucho menos están al servicio del pueblo y la democracia, y sí al servicio de los dictadores democráticos.
La denuncia de Gervasio Sánchez
El periodista y fotógrafo independiente Gervasio Sánchez, un hombre que ha cubierto los mayores conflictos bélicos y también los olvidados (como sucedió durante sus múltiples viajes a las guerras en África), ha abierto la caja de Pandora, además de revelar cómo desde el gobierno de Pedro Sánchez se ha impedido que los periodistas pudiesen cubrir lo que ha ocurrido en Afganistán.
Según ha apuntado Gervasio Sánchez en Twitter, ningún gran medio de comunicación ha denunciado este ataque contra la libertad de prensa de un gobierno que cada vez se aleja más de la definición de «izquierda-progresista».
«Hay periodistas que ha pedido volar en vuelos desde Madrid que iban vacíos para quedarse en Kabul y Afganistán y cubrir el desastre actual. Haciéndose responsables de su estancia y de su regreso. El problema es que en España la libertad de prensa es una entelequia en las crisis. El ridículo que ha hecho la prensa española es escandaloso: ni un solo periodista español ha cubierto hasta la fecha la crisis afgana sobre el terreno donde se hace el periodismo de referencia. Había más periodistas salvadoreños o chilenos que españoles. De risa».
Gervasio Sánchez tiene razón y ha mostrado la corrupción existente en las relaciones entre los grandes medios de comunicación y los grandes grupos mediáticos con el gobierno de turno. Tengan por seguro que otra cosa hubiera sucedido si en vez de haber realizado estas peticiones de viajar a Afganistán periodistas independientes y libres las hubiesen realizado las vacas sagradas del sector mediático. Los aviones militares hubieran estado llenos de corresponsales. Sin embargo, no interesaba que desde Afganistán llegara al pueblo información libre y sin manipulación. La libertad e independencia no interesan para informar al pueblo si ésta no está «atada y bien atada», no está controlada para fines espurios contra la libertad del pueblo y la democracia.
Sánchez y los medios
El actual presidente del Gobierno sabe perfectamente lo que es el control de las élites sobre los medios de comunicación. Lo sufrió y lo denunció cuando los poderes internos del PSOE, tan alineados con las dictaduras privadas del capital, consiguieron echarle de la Secretaría General en octubre de 2016.
Sin embargo, su «instinto de supervivencia», por llamarlo de alguna manera, le ha llevado en la actualidad a buscar el amparo de, precisamente, los grupos mediáticos alineados con esas mismas dictaduras privadas que copan sus consejos de administración, los mismos grupos que no dudan en callar o en manipular para que esas élites que conforman sus órganos accionariales no tengan consecuencias por los escándalos que les acorralan. Todo un ejemplo de coherencia por parte de Sánchez. Valga el sarcasmo.