La compra de armamento a compañías israelíes ha supuesto un álgido momento de tensión entre los socios de gobierno, PSOE y Sumar (particularmente con uno de sus integrantes, Izquierda Unida).
Y es que, resulta que desde el estallido del conflicto reciente en Gaza, desde el 7 de octubre de 2023, las posturas del gobierno han ido haciendo aguas y generando tensiones evidentes.
En el mes de octubre, pero de 2024, ante la creciente escalada de violencia por parte de Israel, y la masacre del pueblo Palestino, el ministro Grande Marlaska afirmó que estaba iniciando los trámites para rescindir el contrato de adquisición de armas a la industria israelí. Concretamente, 15 millones de balas por valor de 6,6 millones de euros.
A pesar de ello, desde esa fecha, fueron diez los contratos adjudicados y otros diez se formalizaron después de octubre. Uno de ellos, el de los 15 millones de balas.
El enfado de los socios de gobierno, Sumar, al conocerse ayer la noticia de la contratación, ha llevado a los de Izquierda Unida a amenazar con abandonar el apoyo al gobierno.
Pero esa sangre no ha llegado al río. Y esta mañana, el Gobierno anunciaba que rompía el contrato de manera unilateral. Ahora bien, la Abogacía del Estado ya está estudiando de qué manera podrá minimizar los daños que esto pueda suponer, ante las consecuencias de incumplimiento y las reclamaciones de la compañía.
De momento no ha trascendido ninguna opción plausible, que pudiera evitar el costoso pago de miles de millones de euros por parte del gobierno.
Una solución posible (y coherente)
Sin embargo, en un interesante estudio realizado por el Centro Delàs De Estudios por la Paz, se nos presenta una opción muy interesante. El punto específico que el estudio aborda sobre la relación comercial armamentística con Israel por parte de España a partir del 7 de octubre de 2023, dice lo siguiente:
“A pesar de la extrema gravedad de la actuación de Israel en la Franja de Gaza, las relaciones militares entre España e Israel se han mantenido, en lo esencial, como venían siendo antes del 7 de octubre de 2023. Estas relaciones no se limitan a las importaciones y a las exportaciones de material de defensa entre ambos países, sino que se desarrollan en los siguientes ámbitos: 1) Exportaciones: el material de defensa exportado a Israel desde España; 2) importaciones: el material de defensa importado por España desde Israel; 3) la adjudicación a empresas israelíes de contratos de productos y servicios para las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad en España; 4) la colaboración empresarial entre empresas españolas e israelíes para acceder a terceros mercados; 5) la colaboración entre universidades, empresas e instituciones en proyectos de investigación y formación, en el marco de la Unión Europea (UE) o en el institucional en ambos países o en terceros; y 6) la colaboración bilateral entre los dos países en materia de inteligencia y seguridad, y en un marco más amplio de la UE y la OTAN.
Las relaciones militares sólo se han visto afectadas en las exportaciones españolas. Las autoridades españolas han asegurado que no se han concedido nuevas licencias de exportación de material de defensa a Israel desde el 7 de octubre de 2023. Con todo, las exportaciones han continuado. En noviembre de 2023, la empresa Nammo Palencia exportó desde España 987.000 euros en municiones a Israel. También se han exportado a Israel material de defensa correspondiente a las categorías 93 (“armas y municiones”) y 8710 (“carros y automóviles blindados de combate, incluso armados; partes”); según la base de datos de comercio su destino final es Filipinas.
Al contrario de lo que sucede con las exportaciones, no existe un informe anual oficial de importaciones por parte de la Secretaría de Estado de Comercio. Buena parte del material de defensa de patente israelí se fabrica en España, por parte de filiales de empresas israelíes o de otras empresas que los producen a través de un acuerdo de transferencia de tecnología de las empresas israelíes. España ha seguido adjudicando contratos a empresas militares israelíes, a sus filiales en España o a otras empresas españolas que fabrican productos israelíes con acuerdo de transferencia de tecnología.
“La autorización de las exportaciones de armamento a Israel es contraria a la legislación en la materia. De manera especial, con base en el artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas, el Gobierno español debería denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones y revocar, o al menos suspender, las autorizaciones de exportación a Israel otorgadas con anterioridad al 7 de octubre de 2023 y que todavía se encuentren en vigor. Porque es muy probable que Israel esté cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza; el Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio impone a los estados la obligación de prevenir el genocidio. Además, Israel está cometiendo, sin ninguna duda, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Ante esta situación de especial gravedad, el Gobierno podría adoptar un embargo de armamento a Israel. Aunque la Ley 53/2007 no prevé la posibilidad de que el Estado español imponga un embargo de armas, se podría hacer por medio de una norma con rango de ley, incluyendo los decretos leyes aprobados por el Gobierno. La Ley 53/2007 sí reconoce expresamente la posibilidad de denegar, suspender o revocar las autorizaciones de exportación de material de defensa (artículo 8)."