Casos de presunta corrupción y de supuesto tráfico de influencias que afectan tanto al gobierno como al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez son un caldo de cultivo para el crecimiento de la extrema derecha. Si a esto se unen la crisis social, el crecimiento de la pobreza, la precariedad del empleo o el aumento de los precios de los productos básicos, entonces el populismo ultra lo tiene todo para dispararse en los sondeos, sobre todo en un momento en el que el gobierno está en una situación tan precaria que puede caer en cualquier momento por la retirada de los apoyos parlamentarios, tanto de nacionalistas, independentistas y de las propias formaciones de izquierda. Sin embargo, la extrema derecha necesitaba algo más: un incidente racial contra los inmigrantes que les hiciera transmitir a la ciudadanía el mensaje de "¿Veis?, nosotros teníamos razón". De ahí que los disturbios en Torre Pachecho no sean casualidad y se enmarcan en la mentira de la gran invasión que es uno de los totems argumentales de los movimientos ultras.
La fantasía de una “gran invasión” que describe la extrema derecha como amenaza existencial para España encontró su tangible protagonista en Torre Pacheco (Murcia). Allí, alentados por mensajes en redes sociales y en mítines de Vox, se produjeron disturbios en los que hordas de ultras llegaban a la localidad con la idea de "cazar magrebíes". Aquella imagen de ciudadanos “resistiendo” a un ejército extranjero ilustró a la perfección la dinámica: convertir a inmigrantes asentados hace años (que trabajan en el campo, escolarizan a sus hijos y pagan sus impuestos) en invasores y criminales.
Sin embargo, cuando uno revisa las estadísticas oficiales, la supuesta oleada se desinfla. Según el Instituto Nacional de Estadística, los extranjeros representan el 13,9% de la población nacional (poco más de 6,8 millones de personas) y su presencia se concentra fundamentalmente en las grandes áreas metropolitanas (Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga) y en las regiones donde el sector primario es el cimiento de la economía.
Los disturbios de Torre Pacheco no brotaron de un malentendido, sino de un caldo de cultivo alimentado por líderes que, deliberadamente, describen a los migrantes como “turba” u “hordas” dispuestas a arrebatar al español de bien su seguridad y recursos. Pese a la retórica incendiaria, los datos del Ministerio del Interior y los estudios académicos coinciden en que las tasas de criminalidad de la población inmigrante no superan las de los nacionales. Los incidentes aislados se convierten así en pruebas de culpabilidad colectiva, cuando la realidad es que los extranjeros aportan más de tres millones de afiliaciones a la Seguridad Social y mantienen vivo el pulso del campo, la hostelería o la construcción.
La paradoja es que la Región de Murcia depende en buena medida de ese esfuerzo. Durante la campaña de recogida de hortalizas, hasta el 70% de la mano de obra es extranjera; sin ellos, la producción se hundiría y los jornaleros locales no bastarían. En Torre Pacheco, precisamente, uno de los centros logísticos hortofrutícolas más grandes de Europa, el tejido económico se basa en empresas que, lejos de ver a los migrantes como invasores, los consideran pieza clave para sostener casi la mitad de sus ingresos anuales.
La retórica de la “gran invasión” se refuerza además con el argumento de la saturación de servicios públicos. No obstante, recientes informes del propio Ministerio de Sanidad muestran que las listas de espera en hospitales no crecen debido a la inmigración, sino por la falta de personal y recursos estructurales. En educación, un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona concluye que los alumnos de familias migrantes obtienen de media mejores resultados académicos que sus homólogos nativos en centros públicos que han reforzado programas de acogida e integración.
El episodio de Torre Pacheco no fue un error táctico de las autoridades locales: fue la consecuencia del discurso de Vox y de algunos portavoces del PP que insisten en pintar la movilidad humana como un ataque. A posteriori, el alcalde prometió sanciones a los agresores, pero también matizó que “no se puede cerrar los ojos al malestar” de ciertos vecinos. Mientras tanto, las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes denuncian que los incidentes fueron mucho más numerosos de lo difundido y recuerdan que, en meses previos, ya se habían registrado pintadas y amenazas reiteradas.
Combatir esa amenaza ficticia requiere, antes que vallas o discursos llenos de estridencia, desmontar el mito con datos y empatía. La demografía española envejece: uno de cada cuatro españoles supera los 65 años, mientras que solo uno de cada diez inmigrantes lo hace. Sin trabajadores jóvenes que sostengan las pensiones y la atención a la dependencia, el sistema de bienestar se vuelve insostenible.
La idea de una “gran invasión” deja asomar un nuevo peligro: la deslegitimación de las instituciones democráticas. Cuando partidos con representación parlamentaria convierten a un colectivo vulnerable en enemigo interno, minan la cohesión social y abren la puerta a que los cuerpos de seguridad se deban enfrentar a disturbios motivados por el odio. La lección de Torre Pacheco recuerda que la munición de la ultraderecha es discursiva, pero sus balas pueden impartir lecciones de violencia.
En definitiva, la retórica de la “gran invasión” es un bulo político carente de base real. La inmigración en España es un fenómeno estructural que no precisa de vallas mediáticas ni muros discursivos.