La polémica generada por el vicepresidente ultra de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, con un protocolo que ofrecería a las mujeres embarazadas que quieran abortar la posibilidad de escuchar los latidos del corazón del feto va mucho más allá de una mera legislación. Es un ataque contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
Aquí no sólo hay conceptos ideológicos, sino que va más allá. Lo sucedido en Castilla y León es un paso más del extremismo conservador, apoyado por las diferentes iglesias, para eliminar este derecho de la mujer para dar prioridad a una célula que no tiene capacidad cognitiva.
En Estados Unidos, un Tribunal Supremo invadido por ultras, derogó el derecho al aborto de las mujeres después de más de 50 años vigente. En otros países de Latinoamérica, lugares donde el poder de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, es tan grande que condicionan a los poderes democráticos. El Salvador u Honduras son ejemplos claro de ello.
Sin embargo, quienes más se benefician de las restricciones o la prohibición al legítimo derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad son las organizaciones criminales, que logran crear un mercado negro de píldoras abortivas, viajes a países donde sí es posible abortar o redes de clínicas ilegales, sin ningún tipo de control sanitario, donde se puede poner en peligro la vida de las mujeres.
Una investigación de la BBC se introdujo en las redes de venta en el mercado negro de la píldora del día después. Los periodistas de la cadena británica acompañaron a uno de los vendedores que opera en Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tarifa normal es de 60 dólares, aunque los precios pueden subir dependiendo del nivel económico de la mujer que la pide.
No obstante, la falta de seguimiento médico a la hora de tomarse el tratamiento provoca graves consecuencias a las mujeres.
«En el Hospital Escuela de Tegucigalpa, el centro de salud público más grande de la capital hondureña, a menudo llegan mujeres con complicaciones por el sangrado causado por los medicamentos que José y otros traficantes del mercado negro suministran. Unas 60 mujeres a la semana son tratadas después de que sus embarazos hayan llegado a fin, ya sea por un aborto inducido o por uno espontáneo. El hospital no lleva registros de ambas cosas por separado. El personal sanitario también atiende a muchas jóvenes de 15 a 17 años que llegan para hacerse pruebas de embarazo. Honduras tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en Centroamérica y más del doble del promedio mundial, según el Informe de Población Mundial 2020 de la ONU», afirma la investigación de BBC.
Una situación similar sucede en otros países con legislaciones restrictivas. Como ocurre siempre, las mujeres que tienen recursos económicos, viajan a países extranjeros donde no tendrán ningún problema. Otras, de clase media, en ocasiones acuden a redes criminales que les organizan esos viajes o las llevan a clínicas que, dependiendo del precio pagado, puede tener o no las medidas de seguridad sanitaria mínimamente exigibles.