La propuesta de ley de reconciliación impulsada por el Comité de Agricultura del Congreso de los Estados Unidos representa un cambio radical en la forma en que se financia el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Durante cerca de 50 años, la asistencia alimentaria de SNAP ha sido financiada íntegramente por el Gobierno federal, una decisión que reflejaba el compromiso nacional de garantizar que todos los hogares de bajos ingresos dispusieran de recursos para una dieta adecuada, cualquiera que fuese su estado de residencia.
Sin embargo, el nuevo proyecto de los fanáticos supremacistas de MAGA obligará por primera vez a los estados a asumir al menos el 5% de esos costes, con porcentajes que podrían elevarse al 15%, 20% o incluso 25% en función de las denominadas “tasas combinadas de errores de pago” de cada jurisdicción.
Si durante el último año todos los estados hubieran tenido que poner sobre la mesa ese 5% de financiación, habrían reunido colectivamente alrededor de 4.700 millones de dólares. En Pensilvania, por ejemplo, esa pequeña cuota hubiese ascendido a unos 210 millones de dólares, cifra equivalente a casi tres cuartas partes de lo invertido por el estado en sus colegios públicos. Pero esa cifra podría multiplicarse de dos a cinco veces, dependiendo de los errores involuntarios (tanto excesos como insuficiencias) cometidos en la determinación de elegibilidad y los pagos de SNAP. Bajo la nueva fórmula, un estado con una tasa de error combinada del 6% al 8% pagaría un 15% de los costes totales; del 8% al 10%, un 20%; y si supera el 10%, un 25%.
El monstruo se agranda aún más cuando se contempla la variabilidad anual de estas tasas de error. Un estado que mejore su precisión un año podría enfrentarse al año siguiente a una subida de los costes estatales del 300% si su tasa de error supera apenas el umbral del 6%. Esta aleatoriedad en la obligación de pago introduce una incertidumbre presupuestaria inédita, donde ningún gobierno estatal podría prever con seguridad si tuviese que costear el 5%, el 15% o más de los beneficios alimentarios de sus residentes.
A esta presión se suma la drástica reducción de recursos destinados a la administración del propio programa. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el recorte propuesto dejaría un déficit de casi 27.000 millones de dólares en los presupuestos estatales, justo en el corazón de las labores de control de calidad, determinación de elegibilidad e investigación de posibles fraudes. Muchos estados que habían invertido en sistemas tecnológicos y formación de personal para mejorar la exactitud de los pagos se verían forzados a recortar esas inversiones, incrementando así la probabilidad misma de errores y de penalizaciones más gravosas.
El texto de la ley no se detiene ahí: amplía la definición de “error de pago” para que abarque situaciones antes excluidas, y aumenta la carga administrativa obligatoria (por ejemplo, al incorporar a seis millones adicionales de adultos al exigente requisito de realizar trabajos o cursos de capacitación y al suprimir simplificaciones en el cálculo de los costes de servicios públicos para muchos hogares). Con estas nuevas obligaciones, los estados acumularán más burocracia y complejidad jurídica, lo que elevará de nuevo la tasa de errores y, con ella, las sanciones a afrontar.
El efecto combinado de recortar los fondos de administración, aumentar la definición de error y planificar penalizaciones desproporcionadas creará un incentivo perverso: para evitar tener que aportar sumas crecientes, los estados se verán tentados a endurecer las barreras de acceso al SNAP. Esa dinámica perjudicará de manera desproporcionada a las familias trabajadoras con ingresos irregulares, que dependen de este programa para cubrir fluctuaciones en salarios bajos o temporales.
En definitiva, lejos de distribuir equitativamente los costes de combatir el hambre en Estados Unidos, esta propuesta de reconciliación trasladaría la carga financiera y burocrática a los estados, poniendo en jaque la idea de un compromiso federal uniforme. Si prospera, podríamos asistir a recortes de prestaciones, exclusiones masivas de hogares y, en el peor de los escenarios, a que algunos estados opten por abandonar el programa por completo al no poder soportar el nuevo coste económico y administrativo. Este viraje supone un abandono de la garantía nacional de seguridad alimentaria para millones de personas vulnerables en todo el país. En consecuencia, la hambruna para millones de estadounidenses. Hagamos América Grande Otra Vez, pero sólo será grande para los donantes millonarios de Donald Trump... y para él mismo.