Los fanáticos de MAGA en el Congreso de los Estados Unidos van a redefinir el sustento de millones de personas mayores. Bajo la sombra de un proceso de reconciliación presupuestaria (que permite aprobar proyectos de ley con mayoría simple y escasos mecanismos de debate), los fanáticos supremacistas y los defensores de los ricos van a recortar de manera sustancial programas clave del sistema de protección social. Estas medidas afectarán notoriamente a los más ocho millones de personas mayores cuyas rentas se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, según el indicador suplementario del gobierno federal, y pondrían en riesgo su acceso a servicios de salud, alimentarios y otros apoyos básicos.
En el punto de mira de los fanáticos de Donald Trump está Medicaid, que constituye el pilar de la cobertura sanitaria para millones de personas mayores de bajos ingresos y financia a más del 60% de los residentes en centros de cuidados prolongados, muchos de ellos con rentas medias que agotaron sus ahorros al ingresar en una residencia.
Pese a que el proyecto de resolución presupuestaria del Senado fija un ahorro mínimo de 5.000 millones de dólares para este programa, la Casa Blanca ya ha advertido que las comisiones del Congreso podrían aspirar a recortar hasta 880.000 millones, una reducción equivalente al 11,8% de la partida federal de Medicaid en cada estado entre 2025 y 2034.
Las repercusiones no se limitan a los hospitales y las residencias. Gran parte de los fondos opcionales de Medicaid se destinan a servicios domiciliarios y comunitarios (gestión de casos, asistencia sanitaria en el hogar o cuidado personal) esenciales para que las personas mayores permanezcan independientes y saludables. Según Grantmakers In Health, ante la transferencia de costes a los estados, estos servicios serían los primeros en sufrir recortes, dejándolos a merced de decisiones presupuestarias locales.
A ese deterioro financiero se suma el riesgo de una reducción drástica en la calidad de la atención. Entre las opciones sobre la mesa figura la derogación de normas que hoy facilitan la inscripción de mayores y personas con discapacidad en Medicaid, así como la ayuda al pago de primas y deducibles de Medicare. Eliminar estos mecanismos elevará las barreras de acceso y los costes, al tiempo que se desmantelan salvaguardas de seguridad en residencias de ancianos, comprometiendo la atención de quienes más dependen de estos servicios.
El hambre acecha con la misma fuerza. El Programa de Asistencia Alimentaria Suplementaria (SNAP), que en 2022 ayudó a 6,5 millones de hogares con personas mayores (más del 80% de ellos unipersonales), se enfrenta a propuestas para trasladar parte de sus costes a los estados y endurecer los requisitos laborales. Un informe de la Red contra el Hambre (FRAC) advierte de que, si se aprueban recortes drásticos en la financiación federal, muchos estados no tardarán en restringir la elegibilidad y disminuir las prestaciones, dejando a numerosos mayores sin comida suficiente.
En paralelo, las organizaciones que dan de comer a domicilio, como Meals on Wheels, temen por su supervivencia. Con más de dos millones de usuarios anuales, dependen de subvenciones federales (incluida la Social Services Block Grant) que el presupuesto de reconciliación pone en peligro. Defensores de este servicio de apoyo y seguridad advierten que la eliminación o reducción de financiación provocaría listas de espera infinitas, despidos de personal y, en el peor de los casos, el cierre de oficinas locales, con consecuencias de “vida o muerte” para quienes viven aislados.
La accesibilidad a la Seguridad Social, otro pilar esencial, tampoco escapa a la tormenta de los fanáticos de MAGA. Tal y como publicamos en Diario16+, la intervención del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, ha supuesto despidos masivos de empleados del SSA, cierres de oficinas regionales y la imposición de trámites más complejos. Exjefes de la Administración de la Seguridad Social y estudios del Center on Budget and Policy Priorities alertan de demoras, errores en los pagos y la exclusión forzosa de millones de mayores que confían en un teléfono o una oficina cercana para gestionar sus prestaciones.
Frente a este escenario apocalíptico creado por los fanáticos supremacistas de MAGA, republicanos discrepantes y los demócratas en el Congreso proponen una vía alternativa: fortalecer el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), cuyos límites de activos no se reajustan desde 1984 y dejan a muchos beneficiarios con rentas sumidas por debajo de la línea de pobreza. Es necesaria una actualización de estos umbrales para devolver su poder adquisitivo, permitiendo a más de 2,5 millones de adultos mayores y discapacitados cubrir sus necesidades básicas sin recurrir a la caridad.