La aspereza de la guerra comercial emprendida por Donald Trump ha alcanzado niveles que no se veían desde la década de 1930: aranceles masivos que gravan las importaciones con tasas sin precedentes y cuya aplicación caótica ha desatado una ola de inestabilidad en los mercados financieros y sembrado dudas sobre el rumbo de la economía estadounidense.
Economistas en alerta
A pesar de la suspensión preliminar de 90 días, desde que entraron en vigor los nuevos gravámenes, las cotizaciones de acciones y bonos han experimentado bruscas oscilaciones. Los analistas atribuyen esta volatilidad a dos efectos complementarios de los aranceles: un shock negativo de oferta, por el encarecimiento de insumos y bienes importados, y un shock negativo de demanda, como advirtió el Fondo Monetario Internacional, pues los socios comerciales reducen sus compras de productos estadounidenses y hogares y empresas recortan su gasto ante la creciente incertidumbre.
El resultado, según diversas previsiones, podría ser una notable desaceleración del PIB e incluso el estallido de una recesión antes de que concluya el año.
En este contexto, senadores fanáticos de MAGA están impulsando con urgencia un paquete de recortes fiscales y ajustes presupuestarios a través del proceso de “reconciliación” en el Senado. Alegan que la prisa se justifica ante el empeoramiento de las condiciones económicas. Sin embargo, el documento de los trumpistas suscita el desprecio y la oposición entre prestigiosos economistas que lo califican de «contracíclico»: sus líneas maestras son prolongar los recortes de impuestos para los ricos de 2017 y, al mismo tiempo, endurecer los requisitos laborales de programas como Medicaid y SNAP, además de transferir a los estados buena parte de su coste.
Perjudicar a quienes más gasto generan
La teoría de la política antirrecesiva recomienda poner liquidez en manos de quienes tienen menores ingresos, porque son quienes más de inmediato consumen, estimulando así la demanda agregada. En vez de eso, el proyecto de los fanáticos de MAGA otorga sus mayores rebajas fiscales a las familias acomodadas y reduce la ayuda a las más vulnerables.
Se impondrán complejos requerimientos laborales para mantener las prestaciones sanitarias y alimentarias, a pesar de que la mayoría de los beneficiarios ya trabaja o busca empleo activamente, y de que la evidencia demuestra que esos requisitos no elevan la tasa de empleo entre los receptores. Durante una recesión, cuando el desempleo sube, estas exigencias expulsan del sistema a quienes más lo necesitan, prolongando su situación de precariedad.
Por otro lado, al obligar a gobiernos estatales a sufragar una porción mayor de Medicaid y SNAP, se debilitan sus presupuestos en el momento en que más crece la demanda de esas ayudas. Con ingresos fiscales a la baja en fase recesiva, los estados se verán forzados a recortar cobertura y beneficios, amplificando la contracción económica.
La función de estabilizadores automáticos
Medicaid y SNAP operan hoy como amortiguadores que inyectan recursos en la economía cuando más falta hacen. Al debilitar estos programas, el paquete de los fanáticos de MAGA no solo deja sin defensa a los colectivos más frágiles, sino que mina la propia recuperación económica.
En recesiones previas (2003, 2009 y 2020), administraciones republicanas y demócratas optaron por aumentar la financiación federal de Medicaid y flexibilizar los requisitos laborales de SNAP, reconociendo su valor contracíclico. En 2020, incluso la primera administración de Trump suspendió esos requerimientos de SNAP cuando la pandemia disparó el desempleo.
Trump provoca el caos
Frente al inminente peligro de enfriar todavía más la economía, expertos y exfuncionarios coinciden en un diagnóstico: el paquete de reconciliación, tal como está redactado, podría empeorar la próxima recesión en lugar de mitigarla. El Comité de Presupuestos del Congreso estima que sus medidas no generarán crecimiento real adicional en la próxima década, y que los aranceles, por su parte, actúan como un lastre para la expansión económica.
La alternativa, proponen, pasa por dos líneas de acción complementarias. En primer lugar, eliminar los aranceles impuestos por la Administración Trump, devolviendo certidumbre a las cadenas globales de suministro y reduciendo los costes para consumidores y empresas.
En segundo término, rediseñar el paquete fiscal para priorizar a familias de ingresos bajos y moderados, reforzando los programas de protección social y potenciando los estabilizadores automáticos en lugar de debilitarlos.
La decisión recae ahora en el Congreso. En sus manos está inclinar la balanza hacia un mayor enfriamiento económico o, por el contrario, apuntalar la recuperación protegiendo a quienes más gastan y más sufren cuando la economía flaquea.