Desde que accedió a su segundo mandato, Donald Trump ha emprendido una serie de decisiones y alianzas que reconfiguran el edificio de pesos y contrapesos de Washington para beneficio de su familia y de sus principales donantes. Lo más preocupante no es solo el desmantelamiento de organismos de control, sino el uso de criptomonedas vinculadas al presidente como mecanismo de “pago por acceso”: quien compra tokens, gana influencia. Esto es corrupción.
El proceso arrancó con una batería de órdenes ejecutivas y ceses que han dejado al Gobierno sin herramientas clave para perseguir el delito financiero. A comienzos de febrero, la Fiscalía General clausuró el Task Force KleptoCapture, creado para confiscar activos de oligarcas tras la invasión rusa de Ucrania. En abril, el Departamento de Justicia disolvió el National Cryptocurrency Enforcement Team, encargado de vigilar fraudes y blanqueo en el universo cripto. Al mismo tiempo, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) vio recortadas sus funciones y presupuesto, mientras aún se temen despidos masivos. El resultado es un vacío de supervisión en el que prosperan los esquemas opacos y corruptos.
En ese contexto, la familia Trump ha lanzado y potenciado varios vehículos de activos digitales. World Liberty Financial (WLF), un “stablecoin” amarrado al dólar pero gestionado mayoritariamente por sociedades opacas de la familia, pasó de valer 130 millones de dólares a más de 2 000 millones en semanas, gracias sobre todo a un megacontrato firmado en Dubái con MGX (fondo vinculado a la monarquía emiratí) y Binance, plataforma que llegó a un acuerdo de 4.000 millones para evitar una condena por blanqueo de capitales. El propio Trump presidió el anuncio junto al inversor chino Justin Sun, cuyo caso de fraude ante la SEC quedó misteriosamente paralizado tras comprar 75 millones en tokens de WLF.
Pocos días antes de jurar el cargo, Trump había presentado $TRUMP Coin, una “memecoin” que en su primer mes generó 100 millones de dólares para el expresidente y sus socios. Ahora ofrece cenas privadas en Mar‑a‑Lago y recorridos VIP por la Casa Blanca a los 25 mayores poseedores de esos tokens, en una subasta de influencia sin precedentes. Los primeros análisis sugieren que esos inversores obtuvieron ganancias de casi un millón de dólares en 48 horas. Nuevamente, esto es corrupción.
Detrás de estos movimientos late un claro conflicto de interés: el presidente mantiene y expande negocios que dependen de regulaciones que él mismo puede modificar o suprimir. Al desmantelar las unidades anticorrupción y reducir la transparencia —por ejemplo, al debilitar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y la Ley de Transparencia Corporativa—, Trump allana el camino para que fluyan decenas o cientos de millones de dólares sin control.
Documentos a los que ha tenido acceso Diario16+ muestran transacciones millonarias entre WLF y entidades sospechosas de manipulación de mercado y vínculos rusos, justo antes de que se clausurara el equipo de control cripto. Empresas como Feight Technologies anuncian públicamente compras de $TRUMP Coin por valor de 20 millones para “ganar voz” en la política arancelaria. Se trata, en esencia, de sobornos disfrazados de inversión.
Expertos en ética pública y seguridad alertan de que este modelo erosiona la integridad de las instituciones y expone a Estados Unidos a influencias extranjeras nocivas.
Frente a este escenario, voces en el Congreso piden restaurar las unidades destruidas, blindar el presupuesto del CFPB, obligar a la publicación de todos los contratos y flujos de las criptomonedas presidenciales, y aprobar una nueva ley anticorrupción que tipifique el enriquecimiento mediante acceso. Sin estas medidas, la presidencia de Trump ya se ha convertido en una auténtica “casa de subastas”, donde cada decisión de Estado depende del mejor postor. Por tanto, los hechos demuestran que Donald Trump ya es el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos. Sí, este es el personaje que ganó unas elecciones disfrazado de rebelde y con la promesa de acabar con el sistema. Más bien, lo que iba a derribar ese sistema para que no le tocara ni investigara su corrupción.