El Tribunal de Cuentas está pidiendo a gritos una reforma urgente. Un país avanzado y democrático no puede permitirse que un órgano administrativo con competencias tan importantes como la fiscalización económica de las cuentas del Estado y del sector público haya quedado reducido a la categoría de balneario para políticos jubilados, club de familiares y enchufados de este o aquel partido u órgano testimonial y no vinculante cuyas resoluciones suelen caer en saco roto. Año tras año, los informes del tribunal dan cuenta de graves irregularidades contables en la financiación de los partidos sin que pase nada sencillamente porque estamos hablando de una institución desprovista de poder judicial efectivo.
La última polémica ha estallado a cuenta de la sentencia dictada por este órgano administrativo que condena a pagar 5,4 millones de euros a los líderes independentistas y funcionarios de la Generalitat que pusieron en marcha el procés. El tribunal reclama diversas cantidades a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y otros altos cargos por los gastos que ocasionó el camino a la independencia entre los años 2011 y 2017. En el programa de Antonio FerrerasAl Rojo Vivo, de La Sexta, el president catalán Pere Aragonès se refirió ayer a la controvertida sentencia al asegurar que la resolución puede suponer “una roca en el camino” para la mesa de negociación y recordó que el organismo está “politizado” y su “nivel de nepotismo es bastante alto”.
“Si hay un tribunal que es político ese es el Tribunal de Cuentas. Un órgano que en los últimos 24 años ha estado gestionado por la mayoría de miembros del PP. Es evidente que el procedimiento que se está llevando a cabo es un problema, y el Gobierno del Estado ha tardado en reaccionar”, alegó Aragonès, que acusó a los miembros del tribunal de “generar indefensión, poner muchas dificultades e intentar castigar cruelmente” a los encausados por el procés. Con todos los matices y reservas de un político que defiende una causa por encima de cualquier otra consideración, no le falta razón al honorable, sobre todo si tenemos en cuenta que la encargada de redactar la sentencia sobre las cuentas indepes es Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia con Aznar. Que un peso pesado del aznarismo dicte una sentencia contra la disidencia política es un sarcasmo, una burla a la inteligencia y un hecho que dice muy poco en favor de la calidad de nuestra debilitada democracia.
En la misma línea, ERC cree que ha llegado el momento de “hacer algo con el Tribunal de Cuentas” y el propio Gabriel Rufián recuerda que forman parte de este órgano administrativo, entre otros, Manuel Aznar, hermano del ex presidente del Gobierno, y Ramón Álvarez de Miranda, exdiputado de UCD. Hasta el ministro José Luis Ábalosha dudado de la imparcialidad del organismo en cuestión, que “pone piedras en el camino” hacia el proceso de normalización política en Cataluña.
Hace tiempo que el Tribunal de Cuentas perdió su crédito y prestigio (si es que lo tuvo alguna vez), en buena medida por su descarada politización (está integrado por personas que ostentaron puestos de relevancia en partidos políticos), por su ineficacia a la hora de perseguir los desfalcos en las cuentas del Estado, por haberse convertido en refugio de clanes familiares y por su claro sesgo de parcialidad, ya que el PP lo controla “desde detrás” desde hace 15 años.
Casado y el Tribunal de Cuentas
Sin duda, el temor a perder el mando del Tribunal de Cuentas es una de las razones que han llevado a Pablo Casado a negarse a llegar a cualquier tipo de acuerdo con Pedro Sánchez para renovar la cúpula de la institución. El propio tribunal se dirigió el pasado mes de abril al Parlamento para recordarle a PSOE y PP que deben abrir el proceso de renovación de sus consejeros cuanto antes, ya que fueron elegidos en julio de 2012 y quedan pocos meses para que concluya su mandato. La parálisis institucional decretada por Casado amenaza con colapsar no solo el Tribunal de Cuentas, sino otros órganos, estos sí judiciales, que como el Tribunal Supremo o el Constitucional son vitales para el buen funcionamiento del Estado.
Por tanto, urge una reforma en profundidad de este órgano no jurisdiccional que a día de hoy ha perdido toda su credibilidad. ¿Qué podría hacer España para que el Tribunal de Cuentas regulado en el artículo 136 de la Constitución del 78 supere su situación de absoluta intrascendencia y su imagen de simple decorado de una farsa? En primer lugar, debería ser cerrado tal como está concebido y reformado de arriba abajo, creándose un Tribunal de Auditorías de nueva planta íntegramente adscrito al Poder Judicial y auténticamente imparcial. Lógicamente, el nuevo órgano jurisdiccional debería estar dotado con plazas de jueces o magistrados de carrera que accedan al cargo por concurso/oposición, es decir, profesionales libres, independientes y al margen de las presiones políticas y del poder Ejecutivo. Hoy por hoy, son los mismos jueces del Tribunal de Cuentas los que examinan al personal aspirante o candidatos, una aberración jurídica que rompe con el principio de independencia del funcionariado y que favorece las sospechas de enchufe y nepotismo.
En segundo lugar, habría que dotar de medios humanos y materiales al nuevo órgano judicial que se crease para que pudiese llevar a cabo la investigación de los posibles agujeros económicos y fraudes detectados en las diferentes administraciones, tanto la central como la autonómica y la municipal. Cabe recordar que, según informes oficiales, el coste de la corrupción en nuestro país se eleva a 87.000 millones de euros anuales, en su mayor parte dinero público, dinero de todos los españoles. Con un Tribunal de Auditorías fuerte dotado de un cuerpo de jueces, fiscales y funcionarios trabajando con independencia y rigor, el volumen de dinero negro escamoteado a las arcas públicas descendería notablemente en el corto plazo. Algunos analistas creen que, en menos de un año, la corrupción sería cosa del pasado en nuestro país. Pero falta lo más importante: la voluntad política. Y esa ni está ni se le espera.