El informe sobre el Estado de Derecho en España en 2021 elaborado por la Comisión Europea, y al que ha tenido acceso Diario16, detecta graves deficiencias en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción en nuestro país. Según el documento de trabajo, en España la lucha contra el crimen organizado en la Administración del Estado "carece de una estrategia anticorrupción específica". A pesar de que el Gobierno ha desarrollado varias iniciativas para reforzar la integridad del sector público, no existe una política integral para prevenir y reducir la corrupción. "El GRECO [Grupo de Estados contra la Corrupción] ha recomendado el desarrollo de una planificación que reúna las medidas preventivas para detectar y reducir las áreas de riesgo de los conflictos de intereses, junto con un plan de acción para su aplicación. España está recibiendo asistencia técnica de la UE en el marco del proyecto para la elaboración de una Estrategia Nacional Antifraude destinada a garantizar la protección eficaz de los intereses financieros de la UE", asegura el informe.
Además, el volumen inadecuado de recursos sigue obstaculizando la gestión efectiva de los casos de corrupción de alto nivel. "La corrupción política de alto nivel, el fraude relacionado con funcionarios públicos y los delitos económicos representan los riesgos principales de corrupción grave en España", refleja el documento de trabajo. Muchos de estos casos han estado pendientes en la fase de instrucción durante varios años, "lo que genera preocupaciones, especialmente entre las partes interesadas", que denuncian que la falta de una financiación adecuada sigue obstaculizando la gestión eficaz de los casos de corrupción de alto nivel.
Además, como informó la Fiscalía Anticorrupción, "la escasez de personal especializado es el principal obstáculo para la gestión adecuada de los casos complejos (denominados macrocasos), que a menudo conllevan corrupción y delitos económicos de otra naturaleza". El Informe anual de 2019 de la Fiscalía Anticorrupción reconoció la necesidad de aumentar el número de fiscales, para lo que, por el momento, se han aprobado nueve plazas nuevas. Esto debería aliviar la situación de falta de personal señalada en años anteriores. En la actualidad, la Fiscalía Anticorrupción está compuesta por 29 fiscales y una plantilla total de 145 personas.
Los expertos y los directivos de empresas perciben que el nivel de corrupción en el sector público se mantiene relativamente bajo. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, España obtiene una puntuación de 62/100, con lo que ocupa el noveno lugar de la Unión Europea y el 32 de todo el mundo. Según el informe, el Gobierno "examina actualmente la posibilidad de reforzar el sistema de acceso y explotación de la información penal". Varios ministerios han llegado a un acuerdo en torno a un anteproyecto de ley orgánica que establezca normas para facilitar el uso de información financiera y de otra naturaleza con objeto de prevenir, detectar, investigar y enjuiciar las infracciones penales, en particular la corrupción.
En España, la corrupción está ampliamente castigada por el Código Penal de 1995, que se modificó de nuevo en 2019 en este sentido para tipificar nuevos delitos de corrupción. El Código incluye infracciones como el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos, la corrupción por parte de funcionarios extranjeros y el soborno comercial. Con la reforma de 2019 se revisó la penalización de las infracciones económicas relacionadas con la corrupción, aplicando así las recomendaciones del GRECO en el proceso.
La ejecución de la Estrategia contra el Crimen Organizado se encuentra en curso y su plena aplicación está prevista dentro de su calendario de cuatro años (2019-2023). Como figura en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, la Estrategia contra el Crimen Organizado de 2019 destaca la importancia de combatir la corrupción. En el marco de la estrategia, se ha aprobado el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar durante el período 2020-2021. El objetivo del plan es mejorar la especialización, la capacidad y la coordinación de los jueces, fiscales y policías en los ámbitos más afectados, especialmente la seguridad, las aduanas y los ingresos fiscales. Este plan se ha ampliado a algunos territorios próximos a Campo de Gibraltar que se han visto particularmente afectados, en especial, a Málaga y Huelva. Pese a estos avances, la aplicación de la planificación ha sufrido algunos retrasos por causa de la pandemia de covid-19, y su plena aplicación está prevista dentro del plazo establecido y hasta 2023.
Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, de todos los casos de delitos de corrupción juzgados en 2020, 53 culminaron en sentencias condenatorias y 21 en sentencias absolutorias. La carga de trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha aumentado durante el último año, pero "continúa sin disponer de recursos suficientes para llevar a cabo sus actividades". La pandemia de covid ha supuesto un reto para la labor del Consejo de garantizar la transparencia, el acceso público a la información y la buena gobernanza, que se suma a la falta persistente de recursos humanos y financieros. Con el nombramiento del nuevo presidente el 20 de octubre de 2020, el Consejo espera superar las dificultades encontradas en su gobernanza y atajar el problema de los recursos.
La reforma del marco de integridad busca consolidar las normas en materia de conflictos de intereses y las incompatibilidades en la Administración Pública. El IV Plan de Gobierno Abierto prevé modificar la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas para ampliar el régimen de incompatibilidades y prevención de conflictosa los asesores y delimitar con mayor eficacia el sistema de prevención de conflictos de intereses e incompatibilidades de los empleados públicos de todas las distintas Administraciones. Además, el plan tiene por objeto reforzar la "ética y la integridad ligadas al uso de la inteligencia artificial en las actividades de la Administración para maximizar la gestión de datos al tiempo que se minimizan los riesgos para la integridad". La Oficina de Conflictos de Intereses continúa supervisando las incompatibilidades y los conflictos de intereses, y controla las declaraciones de patrimonio de los altos funcionarios y miembros del Gobierno.
Asimismo, se ha introducido recientemente un sistema de comunicación electrónica para mejorar la gestión eficaz de documentos e información. Este sistema entró en vigor el 20 de octubre de 2020 y exige que las comunicaciones de los altos funcionarios y miembros del Gobierno con la Oficina de Conflictos de Intereses se lleven a cabo exclusivamente por medios electrónicos. En la actualidad se aplica un código de conducta único y armonizado a todos los diputados y senadores. En consonancia con la recomendación del GRECO, el 1 de octubre de 2020 las Cortes aprobaron un código de conducta que ampliaba a los senadores las normas en materia de ética, transparencia y rendición de cuentas. El código de conducta, que ya se venía aplicando desde 2019 a los diputados, incluye normas sobre la declaración de las actividades y el patrimonio para prevenir incompatibilidades en el ejercicio de su labor como representantes públicos.
Corrupción y grupos de interés
Además, el nuevo código ha introducido un sistema de declaración de intereses económicos y exige a los diputados y senadores que publiquen sus agendas institucionales, incluidas las reuniones mantenidas con grupos de interés. Desde octubre de 2020, hay en funcionamiento varios mecanismos de control para vigilar el cumplimiento del código, entre los que cabe destacar la Oficina de Conflictos de Intereses de las Cortes Generales, creada recientemente y encabezada por un miembro del Cuerpo de Letrados.
Se han iniciado conversaciones sobre la legislación en materia de grupos de interés y se prevé la creación de un Registro de Transparencia para 2022. Hasta ahora, en España la actividad de los grupos de interés no está regulada a nivel nacional. No obstante, en el Código de Conducta de las Cortes Generales se ofrece una definición de «grupo de interés». Entre los diversos compromisos asumidos en el IV Plan de Gobierno Abierto, la regulación de la actividad de los grupos de interés, que incluye la creación de un registro obligatorio de dichos grupos, se encuentra entre las prioridades para impulsar la integridad pública.
El anteproyecto de ley se sometió a una consulta pública entre el 28 de abril y el 28 de mayo de 2021, y se espera que establezca, entre otros elementos, una definición de los grupos de interés, un registro obligatorio de sus representantes y miembros y un código de conducta que regule las obligaciones de los integrantes de dichos grupos. Además, se prevé la puesta en marcha de un régimen sancionador y el establecimiento de limitaciones para el ejercicio de actividades privadas al cese de cargos públicos («puertas giratorias») entre altos cargos y grupos de interés. Se prevé que la Oficina de Conflictos de Intereses se encargue de gestionar el registro de transparencia. La finalización del proyecto está prevista para octubre de 2021 y, su aprobación por parte del Gobierno, para la primavera de 2022, antes de que se presente en las Cortes.
En España, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Fiscalía Anticorrupción) se encarga de investigar, detectar y enjuiciar los casos de corrupción con la ayuda de Unidades Especiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como de Unidades de Apoyo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE); todas ellas contribuyen con un trabajo analítico. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude efectúa el seguimiento de las medidas de lucha contra la evasión y realiza investigaciones a escala nacional, mientras que varias Comunidades Autónomas disponen de sus propias oficinas para combatir el fraude en sus territorios. La Oficina de Conflictos de Intereses supervisa las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos y los responsables políticos. Además, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno supervisa las normas de transparencia, acceso a la información pública y buena gobernanza.