De la privada procedía y a la privada se va, todo en un tiempo récord, “para trabajar por el proyecto”, como aseguró la consejera de Salud, Catalina García, cuando su viceconsejero, Miguel Ángel Guzmán, presentó en diciembre su dimisión “por motivos personales” mientras dejaba totalmente colapsadas las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas en la sanidad pública de Andalucía. En el camino, ha dejado un reguero en contratos a dedo por valor de 44 millones para la aseguradora sanitaria, Asisa, donde trabajará legalmente a partir de finales del próximo julio.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha emitido este viernes un informe que dictamina que el que fuera gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y viceconsejero de Salud hasta el pasado diciembre podrá incorporarse legalmente a partir del 29 de julio próximo a la dirección de la aseguradora sanitaria Asisa, después de frenar su incorporación inmediata a este puesto tras ser denunciado por la oposición parlamentaria y la organización de consumidores Facua por posible incompatibilidad.
La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ha recibido denuncias por parte de los distintos grupos de izquierdas de la oposición parlamentaria, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. El informe del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla, emitido en un tiempo récord, determina que Guzmán tendrá las puertas abiertas a partir de finales de julio para incorporarse legalmente a su puesto en Asisa.
La consejera de Salud aseguró en diciembre que aceptaba la dimisión “por motivos personales” de su viceconsejero porque seguiría “trabajando por el proyecto”
El informe de la Consejería de Justicia dictamina que “de materializarse, constituiría un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos siempre y cuando la misma se produjera antes del 29 de julio de este año”, fecha en la que se cumplirían los dos años desde su cese en el SAS, según un comunicado de la Consejería publicado por Europa Press. El informe se ha conocido sólo horas después de que el propio Guzmán frenara su incorporación a Asisa tras revelarse que había concedido a dedo 44 millones en conciertos con esta aseguradora durante su etapa de alto cargo del ejecutivo de Moreno Bonilla.
La incompatibilidad certificada por la Junta se encuentra en los 14 contratos que desde el SAS se firmaron con las entidades vinculadas a esta empresa sanitaria privada entre noviembre de 2019 y junio de 2022, aunque no las rubricara directamente Guzmán. Pese a ello, el informe de la Consejería de Justicia es claro al respecto: “Aunque los contratos no fueron firmados directamente por Guzmán esto no altera la competencia”.
Respecto a su etapa de viceconsejero, puesto que ocupó hasta el pasado diciembre tras presentar su dimisión “por motivos personales” con las esperas quirúrgicas y diagnósticas colapsadas en la sanidad pública andaluza, el informe de la Junta recalca que “los datos de que se dispone no indican que pueda existir incumplimiento de la norma en la etapa de Miguel Ángel Guzmán Ruiz como viceconsejero”.
Guzmán ha emitido una comunicación sólo horas antes de que el ejecutivo de Moreno Bonilla le abra legalmente la puerta giratoria. “Ante la información de los últimos días, estando convencido de haber cumplido en todo momento con la ley, he sabido por los medios de comunicación que la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía está elaborando un informe dada la notoriedad del caso”, señala el ex viceconsejero y ex gerente del SAS.
