un viceministro japonés ya pidió a los jubilados de Japón que se hicieran el hara-kiriPero sí se atreve a decir Christine Lagarde, directora del FMI, que la economía mundial es “adicta” a los años de bienestar y se ha de “desenganchar con medidas estructurales”. En el lenguaje de esa gente, medidas estructurales son retrocesos sociales, contrarreformas que acaben con lo bueno que aún quede e ignorar los derechos de la ciudadanía. Y ahora resultará que los derechos sociales son una “adicción” y que para el FMI cobrar una pensión digna es como esnifar cocaína. La falacia de la insostenibilidadLa economista Miren Etxezarreta, que se ha dedicado a estudiar las pensiones públicas, escribe que “lo de que no hay dinero para las pensiones es una falsedad. Las pensiones son parte del gasto social del país, pero tenemos un sistema que ha decidido que las pensiones se paguen con las cotizaciones de los trabajadores, con un trasvase generacional. Pero ese modo no es obligatorio”. Y, continúa Etxezarreta, “para mantener la falacia de que las pensiones públicas son insostenibles se actúa como si la Seguridad Social no fuera parte del Estado”.La presunta insostenibilidad de las pensiones públicas desaparece si su financiación es parte de los presupuestos generales del Estado. Como es parte también el sostenimiento y actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo. ¿Por qué no se habla entonces de sostenibilidad de la Guardia Civil? Porque sería ridículo y porque ahí no hay nada que trasvasar al poder económico, pero sí lo hay en las pensiones.Lo que el Estado ha de atender se financia con los recursos que el Estado ha de conseguir. Incluidas las pensiones. ¿Por qué las pensiones han de ser financiadas con cotizaciones sociales? Miren Etxezarreta insiste en que “es falso que las pensiones deban pagarse con cotizaciones sociales de los trabajadores. En Dinamarca se financian con impuestos”. Porque son un derecho. Un derecho es un derechoCobrar una pensión es un derecho irrenunciable. Así lo indica el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el artículo 41 de la Constitución Española ordena que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes”. Y, ya puestos, recordemos que “derecho” es poder exigir y ejercer lo que corresponde a las personas y la ley establece a su favor. Que nada tiene que ver con la equívoca sostenibilidad, como no tiene que ver con el big bang y el origen del universo.
Pero como no pueden negar un derecho a la brava, los “expertos” neoliberales pretenden entonces que incluir las pensiones en los presupuestos generales del Estado aumentaría el déficit público y desequilibraría la economía. ¿Déficit? ¿Desequilibrio? ¿Hablamos del carísimo rescate bancario que ha costado a la ciudadanía de un modo u otro más de 220.000 millones de dinero público para salvar al sector financiero? ¿Analizamos los escondidos gastos militares en las cuentas de otros ministerios que no son el de Defensa? ¿Hablamos de derroches suntuarios y de obras públicas faraónicas, innecesarias, inútiles, como las autopistas radiales de Madrid o los aeropuertos sin tráfico aéreo construidos en medio de la nada? ¿Recordamos el dinero que se escapa en la elevada y organizada corrupción que no cesa? ¿Mentamos los escandalosos sobrecostes que duplican la factura de tantas contratas públicas que ejecutan grandes empresas privadas? ¿Hablamos del contínuo trato de favor fiscal a la Iglesia? ¿Comentamos el altísimo fraude fiscal que no acaba y los insuficientes medios y personal de la Agencia Tributaria para combatirlo?Porque son unos 90.000 millones de euros anuales de fraude según cálculos de GESTHA, el sindicato de técnicos de Hacienda. Y no habría sostenibilidad que valga como excusa de reducirse el fraude fiscal solo a la mitad. España, a la cola en pensionesLa camaradería intergeneracional y que una generación aporte cotizaciones a las pensiones de otra no ha estado mal, pero cobrar una pensión decente es un derecho humano, no un ejercicio de solidaridad y menos una inversión. Que una generación pague las pensiones de otra con sus cotizaciones sociales pudo ser acertado hace unos años para esclarecer y ordenar las cuentas públicas. Pero un derecho lo es, haya solidaridad generacional o no. Y, por supuesto, no tiene ni ha de tener nada que ver con la equívoca sostenibilidad.son unos 90.000 millones de euros anuales de fraude según cálculos de GESTHA
Porque la pensión media en España es 40% menor que la media de la Unión EuropeaPor cierto, de los cinco mayores países de la Unión Europea, España es el que menos porcentaje del PIB dedica a pensiones públicas. Dedica el 8% del PIB e Italia el 15. Lo que gasta el Estado español en sus pensionistas es cuatro puntos menos del PIB que los estados francés y alemán. Una pensión en Austria o Italia es casi el doble que en España, pues cada punto menos del PIB son 10.0000 millones de euros. Si el gobierno español dedicara a las pensiones el mismo porcentaje de PIB que Francia, Alemania o Italia las pensiones aumentarían más de 500 euros mensuales de media automáticamente. Porque la pensión media en España es 40% menor que la media de la Unión Europea en países miembros con economías equiparables a la nuestra. ¿Dónde queda lo de “actuar como los países de nuestro entorno” como gusta tanto decir a los gobiernos, incluido el de Rajoy? Pensiones privadas y especulaciónUn informe de 25 economistas y juristas españoles de hace un par de años afirmaba que “las campañas para sembrar dudas sobre la viabilidad de las pensiones públicas buscan potenciar los fondos privados de pensiones. Por eso en todas las reformas de las pensiones siempre se propone completar las públicas con pensiones privadas”.Dándoles la razón, la banca y las empresas aseguradoras han intensificado sus ofertas de planes privados de pensiones en los últimos años. Planes privados que no son otra cosa que aportar cantidades ahorradas, fijas o no, a fondos de inversión que rinden beneficios. O no. Como cualquier otra inversión financiera con ahorros. Pero los planes de pensiones no parecen solución. Según datos de Inverco, patronal del sector, la rentabilidad media anual de las pensiones privadas individuales ha sido en España desde 2007 solo 1,36%. Flojo rendimiento al que hay que restar las comisiones de gestión de las entidades financieras, que sí son ingresos jugosos para la banca. De ahí su interés en que aumenten los planes de pensiones privadas.
La solución no son planes privados sino una reforma fiscal justa, progresiva y suficiente, además de acabar con el fraude fiscal o reducirlo mucho. Eso permitiría al Estado hacer frente con holgura a sus gastos, pensiones públicas incluidas. Pero no es nada fácil, porque el actual gobierno no parece tener la voluntad de afianzar y fortalecer las pensiones públicas y por ahora ya ha vetado la propuesta de la oposición (que cuenta con más votos que el gobierno en el Congreso) de aumentar las pensiones un 2,1% desde 1 de enero de 2017.Ante las pensiones, la protección social, el derecho a la salud y a la educación no se puede manejar conceptos económicos ni actuaciones economicistas. Es lisa y llanamente cuestión de derechos. Y los derechos son irrenunciables e irrevocables.Planes privados que no son otra cosa que aportar cantidades ahorradas a fondos de inversión