Atentado contra la inteligencia

Las acusaciones de Feijóo al Gobierno de querer asaltar la justicia, de querer ocupar el poder judicial, son una ignominia y un atentado contra la inteligencia, porque con ellas pretende ocultar el hecho palmario de que es él, y su partido, el PP, el que desde hace cinco años ocupa la justicia como responsable del bloqueo del CGPJ, contribuyendo, con la colaboración inestimable de un grupo ultramontano de jueces y fiscales, al deterioro degradante de la justicia. Acusación mentirosa que supone tomar a los ciudadanos por tontos, como a niños pequeños que no saben, ni ven ni entienden, lo que el PP busca con ese bloqueo: controlar, ellos sí y vulnerando el mandato constitucional, los nombramientos de quienes ocuparan los más altos cargos en Tribunales Superiores, Audiencias y Juzgados, con un claro sesgo político conservador.

El objetivo: garantizar un buen trato a los muchos dirigentes populares que han sido o están siendo juzgados en los tribunales. Basta recordar, por ejemplo, al juez Pablo Ruiz que no proceso a Rajoy por cobrar un sobresueldo mensual en negro de los que pagaba el extesorero Bárcenas, a pesar de que en su contabilidad B figuraba el apunte M. Rajoy con la anotación de la cantidad que le entregaba cada mes. Hay muchos casos más, como la extraña suerte que tiene Esperanza Aguirre, que nunca ha sido procesada, a pesar de que sus dos vicepresidentes, Ignacio González y Francisco Granados, y los consejeros Borja Sarasola y Alfredo Prada han sido procesados por malversación o corrupción económica. Ella adujo en todos los casos que no se enteró de nada: que falló in vigilando.

Tras cinco años de encastillamiento de los vocales del CGPJ, en línea con la estrategia del PP de boicotear las muchas negociaciones habidas con el Gobierno para su renovación con todo tipo de escusas: qué esperaba Feijóo, ¿que la situación se podría prologar eternamente, hasta que él sea Presidente del Gobierno? ¿No sabe que todo tiene un final, como a todo cerdo le llega su San Martin? Final que ha llegado con el ultimátum para que se avenga a un acuerdo de renovación durante el mes de junio, o de lo contrario el Ejecutivo aprobará una reforma de CGPJ, parlamentaria y democrática, para acabar con un bloqueo que degrada a la Justicia.

Hecho el anuncio, el grupo de jueces y magistrados ultramontanos que juegan de parte, encabezados en esta ocasión por el Presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, han puesto el grito en el cielo sin saber aún cuál es la propuesta del Gobierno, que ha calificado de aterradora. Demostración de que los jueces y fiscales del Partido Judicial se sienten investidos de un poder por encima del Legislativo, al punto de no admitir crítica alguna, ni siquiera cuando son ellos los que incumplen y se saltan la ley con un interés espurio: los intocables de Eliot Ness. Se han echado al monte, es el comentario que circula entre los periodistas especializados en Tribunales.

Este poder omnímodo del que se sienten investidos, incluso para actuar políticamente, también afecta a casos de menor entidad como el que instruye la jueza del Juzgado 19 de Madrid, que ha citado a declarar a más de veinte periodistas y miembros de los cuerpos sanitarios y de seguridad, para averiguar quién ha filtrado la identidad de Borja Villacis, hermano de la ex vice Alcaldesa de la capital, asesinado en lo que parece un ajuste de cuentas, para dar un sesgo político al caso. Olvida así la jueza que el derecho a la información ampara a los periodistas para no revelar sus fuentes. Por no mentar la cansina intención política del juez Peinado, de estirar el caso Begoña Gómez, aun sabiendo él, la UCO y todo ciudadano informado, que no tiene ningún recorrido jurídico. Y suma y sigue…

Los jueces no son ni deben ser unos privilegiados al margen de la Ley, haciendo de su capa un sayo en los juzgados interviniendo e interfiriendo en la brega política a través de los procesos que instruyen. Y, encima, rechazar toda crítica con virulencia verbal. Quizá sea necesario que la reforma del CGPJ que prepara el Gobierno, vaya más allá y les ponga en su sitio limitando el poder absoluto del que gozan.